¿Donde está el deber del Jefe de Estado Colombiano con la construcción de paz estable y duradera?
¿Tiene compromiso e interés el presidente Iván Duque en garantizar el Articulo 22 de la Constitución Política?
Entre enero y abril de 2020 se han asesinado en Colombia al menos 72 líderes, lideresas, defensoras y defensores de derechos humanos. Desde el 6 de marzo, cuando se confirmó el primer caso de Covid19, se han cometido, acoso y hostigamiento de grupos armados en los territorios afrodescendientes, estigmatización y hostigamiento contra la Guardia Cimarrona en el Cauca; se han asesinado al menos 14 líderes y lideresas, 7 de ellos en la Costa Pacífica; se han desplazado más de 4.000 personas el acoso y la confrontación armada y se han cometido masacres en Chocó, Cauca, Tumaco, y el día de ayer en el municipio del Tambo, con el asesinato de 2 líderes en medio de una asamblea comunitaria del Consejo Comunitario de Afro Renacer del Micay. Esto, sin contar con la zozobra y riesgos de la población civil, generados por la erradicación forzada y la aspersión con glifosato de cultivos de coca en Tumaco y Nóvita, Chocó, aprovechando la situación de confinamiento por el coronavirus, y a pesar de los acuerdos de erradicación manual, la sentencia T-236 de 2017.
Estos territorios, donde no hay presencia y control del Estado, la crisis de seguridad se exacerba con la situación de confinamiento obligado por el Covid19. Atender la crisis humanitaria y de seguridad en los territorios ha sido un llamado constante al gobierno del presidente Iván Duque por parte de las autoridades étnicas, las alcaldías y gobernaciones del Pacífico. Pero, el Presidente Duque tiene perdido el pulso de la región y ha demostrado total incapacidad o falta de voluntad política para atender, de manera efectiva, los serios problemas de seguridad que afrontan las comunidades afrodescendientes e indígenas, sometidas a un doble confinamiento generado el coronavirus, la violencia de grupos armados ilegales y el acoso generado por la fuerza pública y los operativos militares que dejan a la población civil en el medio.
El Acuerdo Final de Paz entre FARC-EP y el Estado Colombiano estableció la ruta y creo mecanismos para el desmantelamiento de los grupos armados:
“3.4. “Acuerdo sobre garantías de seguridad y lucha contra las organizaciones y conductas criminales responsables de homicidios y masacres, que atentan contra defensores/as de derechos humanos, movimientos sociales o movimientos políticos o que amenacen o atenten contra las personas que participen en la implementación de los acuerdos y la construcción de la paz, incluyendo las organizaciones criminales que hayan sido denominadas como sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo””
Para lograrlo se crearon; la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad (punto3.4.3) que preside Duque, la Unidad de Investigación y Desmantelamiento de organizaciones criminales y sucesoras del paramilitarismo (punto 3.4.4.), y una comisión de seguimiento y evaluación del desempeño del sistema integral de protección y de los avances en el desmantelamiento de organizaciones criminales (literal d, punto 2.1.2.1). Dada la sangrienta situación de defensores y comunidades en el Pacífico, queremos reiterar dos recomendaciones del Relator Especial para Defensoras y Defensores de DDHH, en su ultimo informe (punto 74.a):
i) El funcionamiento efectivo de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad y la adopción e implementación de una política pública y criminal para desmantelar organizaciones criminales o conductas que ataquen a defensores;
ii) El despliegue integral de instituciones civiles y servicios del Estado (seguridad, justicia, educación, salud, etc.), priorizando las zonas donde los defensores están más en riesgo, un enfoque de seguridad humana en asuntos de seguridad y haciendo hincapié en la formación de las fuerzas de seguridad en derechos humanos, cuestiones de género y la Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos.
Presidente Iván Duque, sumado al racismo estructural y la pandemia generada por el Covid-19, están los grupos armados diezmando al pueblo afrodescendiente en el Pacífico. La que usted considera “mina de oro en agroindustria y medio ambiente”, a menos que la quiera sin gente negra, tendrá una nota en rojo en su política y gobierno. Haga la tarea, el Pacífico le está quedando grande.
Le exigimos el cumplimiento de los Acuerdos de Paz integralmente, dar continuidad a los diálogos de paz con el ELN y avanzar en los territorios de comunidades negras Acuerdos Humanitarios YA!
Para el pueblo negro en Colombia, son más los interrogantes que las respuestas de parte del gobierno.
EQUIPO DE DERECHOS HUMANOS
PROCESO DE COMUNIDADES NEGRAS – PCN
