Mesa 21. Foro sobre Victimas

CONTRA VIENTO Y OLVIDO

DOCUMENTO RAPIDO

A todas nuestras víctimas.

A la dignidad y la esperanza que nos heredaron.

A la libertad que es para nosotros el hondo contenido de la paz

 

Nosotros y Nosotras nos afirmamos como descendientes de las víctimas de crímenes históricos, que como la trata de esclavos y la esclavitud, que según la reciente declaración especial de la  CELAC, constituyen crímenes de lesa humanidad y son, como fue señalado por la III Conferencia Mundial Contra el Racismo (Durban), junto con el colonialismo, “ una de las principales fuentes y manifestaciones de racismo, discriminación racial, xenofobia y formas conexas de intolerancia, y que las y los africanas (os) y afrodescendientes (…)  fueron víctimas de esos actos y continúan siéndolo de sus consecuencias”.

 

Nosotras y Nosotros recordamos que este país, en boca de algunos de sus líderes más connotados ha reconocido, en los últimos años, casi siempre en los discursos del 21 de Mayo, que tiene una deuda histórica con nosotros y nosotras,  y afirmamos que esta se ha acrecentado por las consecuencias del conflicto armado interno sobre nuestros pueblos, comunidades y familias. En toda América es aceptada la relación entre raza y pobreza y esta última, generada por el racismo y acrecentada por el modelo, se ha amplificado en los campos y ciudades como consecuencia del conflicto en Colombia. Hoy nos han empobrecido más que antes y los programas asistencialistas, para combatir la pobreza y los efectos del desplazamiento forzado interno, cómo nos lo ha recordado ayer una valerosa líder del Caribe, están diseñados para quitarnos autonomía, restarnos dignidad individual y colectiva.

 

Nosotras y Nosotros nos afirmamos como sujetos colectivos e históricos de especial protección, portadores de  cultura, una identidad propia y un proyecto de vida que históricamente ha sido denegado por las elites, quienes han negado en muchos casos la relación del racismo y la discriminación racial y la  relación entre conflicto armado, racismo y discriminación racial. Los hijos de los ricos -blancos no han sido reclutados, nos recordó ayer por la tarde una madre y maestra afrocolombiana. A diferencia de las afrocolombianas y los afrocolombianos, reclutados en todos los bando, legales e ilegal, ellos (los blancos ricos) no pelean las guerras, en el caso que vayan, en la mayoría de las circunstancias, las dirigen. Este país, en el caso de los afrodescendientes se debe realizar una profunda reflexión sobre racismo y guerra, una de las causas subyacentes de las afectaciones sufridas por los afrodescendientes en Colombia en medio del conflicto armado interno.

 

Nosotras y nosotros entendemos que reconciliarnos pasa por el reconocimiento de todas las víctimas del conflicto armado, independientemente de que sean víctimas directas o indirectas, este reconocimiento parte de que son víctimas de hechos cometidos por todos los actores tanto del conflicto armado, en el conflicto armado o por fuera de este. En los territorios se conocen  de crímenes o hechos victimizantes que no han sido cometidos por actores armados directamente, pero donde en los que existe alguna responsabilidad de los mismos. La reconciliación implica un ejercicio profundo de reconstrucción de la  memoria histórica del Pueblo afrodescendiente y sus víctimas que deben ser incluidas como memoria viva en la cátedra afrodescendientes, divulgada y recordada en los medios de comunicación masivos. No hay reconciliación con invisibilidad y esta impide la verdad, la justicia  y la reparación efectiva la cual es afectada por el subregistro de los hechos victimizantes ocurridos al pueblo afrodescendiente- constituyéndose esto en parte del problema de fondo y no de forma en todo el tema de victimización, ya que no permite establecer criterios racionales para el tema de verdad y reparación.

 

El conflicto armado interno y sus lógicas, han contribuido al deterioro de los derechos a la vida, territorio, autonomía, identidad y desarrollo de los afrodescendientes en Colombia. La guerra ha obligado e impuesto un reordenamiento del territorio, la economía, la institucionalidad y el ejercicio del poder que rompe la integridad y la autonomía territorial de nuestro pueblo. La guerra también ha estado acompañada por agresiones legales que han llevado a la inaplicabilidad y al desmonte de algunos de los derechos que nos han sido reconocidos. Para nosotros y nosotras es claro que tras 20 años de la expedición de la Ley 70/93, la no reglamentación de los capítulos relativos a los recursos naturales, entre ellos los mineros, la identidad y el desarrollo, ha sometido a mayores condiciones de vulnerabilidad los derechos de nuestro pueblo en campos y ciudades. Una mayor nos compartió, la dolorosa historia de niños castigados por los paramilitares por robarse un paquete de galletas, y que se negaron ha abandonar el campamento paramilitar, cuando lo fueron a buscar sus padres, porque allí tenían comida.

 

Las violaciones a los derechos de los afrodescendientes en Colombia en el marco del conflicto armado interno han sido sistemáticas, deliberadas, generalizadas y con una continuidad en el tiempo y han ocurrido porque el Pueblo afrodescendiente, como consecuencia de la esclavización y del racismo y la discriminación racial, no tiene poder que los lleve a autogobernarse. La trata transatlántica, la esclavización, la existencia de un modelo de desarrollo y de sociedad en el que el racismo estructural se perpetúa, el conflicto armado interno y sus impactos en nuestro pueblo, son las tramas de una sola historia. El conflicto armado interno ha acrecentado el desbalance entre nuestras comunidades y el resto de la sociedad colombiana. Igualmente ha acrecentado la deuda entre la sociedad élite colombiana y los descendientes de africanos. No hay lugar al debate y distinciones innecesarias. Las afectaciones históricas y las ocasionadas por el conflicto armado interno tienen el mismo origen y deben ser enfrentadas de manera simultánea hoy, si queremos sentar bases firmes y reales de no repetición.

 

Para nosotras y nosotros,  la verdad y la justicia son componentes del derecho a la reparación colectiva. Como parte de la reparación colectiva e individual, los afrodescendientes como Pueblo en Colombia, también tenemos el derecho a conocer la verdad del conjunto de las violaciones a que hemos sido víctimas en el marco del conflicto armado interno, que por más de medio siglo se vive en el país. En especial la verdad sobre los actores intelectuales de esas violaciones y sobre quienes se beneficiaron política y económicamente con esas violaciones. En el marco del derecho a la reparación, y como criterio de no repetición, los afrodescendientes cómo Pueblos,  tenemos derecho a que se castigue a los autores intelectuales y materiales de las violaciones y a las autoridades que omitieron su deber de proteger el conjunto de nuestros los derechos.

Nosotras y nosotros, entendemos que los derechos de las victimas afrodescendientes y sus familiares no pueden confundirse con los que tienen como ciudadanos o incluso con los que hemos ganado como parte de nuestro reconocimiento como pueblo portador de culturas diferenciadas del conjunto de la sociedad colombiana.  Así como en este tema no  nos pueden meter “gato por conejo”, tampoco nos pueden confundir con que no se puede acceder, por los mismo hechos a reparaciones colectivas e individuales. A lo largo y ancho del país, cientos de sabedores y sabedoras, depositarios de conocimientos vitales para nuestras comunidades, han sido asesinados.

En esté, como en otros casos, relacionados con delitos contra la cultura cometidos por todos los actores armados, la concurrencia de reparaciones colectivas e individuales, es parte de la comprensión integral de las violaciones a los derechos sufridos por nuestro pueblo. A las reparaciones familiares y colectivas, el debate por las reparaciones colectivas lo asumimos como parte de nuestros esfuerzo de contribuir a la democratización de la sociedad y la superación real de las causas del racismo y la discriminación racial que han sufrido los afrocolombianos y otros pueblos en el país.

Nosotras y nosotros como pueblo  hemos sufrido el impacto desproporcionado del conflicto armado interno expresado, entre otros, en el desplazamiento forzado interno, el confinamiento, la limpieza étnica en muchos territorios,  en los que además nuestras comunidades perdieron el control social – y en muchos casos la propiedad-, cultural y ambiental de los territorios, como ocurrió con la expansión de los cultivos de coca para fines ilícitos, la palma aceitera y la caña de azúcar, la proliferación de la minería legal e ilegal, los proyectos de expansión portuaria y turísticos, o la dramática situación de los raizales, arrinconados en un territorio que el Estado colombiano les desconoce, e invitó a colonizar y por tanto es incapaz de proteger. Nosotros nos sumamos a las poderosas voces que afirman  que el territorio y el conjunto de derechos que del mismo se desprenden, ha sido convertido en víctima.  

En el marco del conflicto armado interno se han violado los derechos a la participación, y activos tan importantes como las organizaciones, los liderazgos colectivos y otras formas de ejercer la cultura y la autonomía sobre los territorios y el conjunto de nuestras vidas han sido afectados. Amén de sabedores y sabedoras asesinados, son incontables las historias de muertos que no pudieron ser velados y sepultados, y andan por allí, extraviados, penando y sin encontrar el camino a los ancestros- Sin encontrar el camino de volver. De  nuestras formas de organización y liderazgo colectivo y de ejercer autonomía en los territorios han sido afectadas, a la identidad cultural, al desarrollo en el marco de sus propias aspiraciones culturales, además de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales.

 

Para nosotros y nosotras, las afectaciones del conflicto sobre los derechos de las mujeres afrodescendientes, sus  cuerpos y sobre las  personas afrodescendientes que tienen una  orientación sexual diversa, sobre jóvenes y niñas y niños ha carecido de la atención e interés suficiente, ejemplo las estrategias de vaciamiento del territorio comprende los feminicidios, la prostitución forzada, el confinamiento doméstico, la violencia sexual contra las mujeres, y la población LGBTI. Se requiere de los oídos y del compromiso para denunciar y condenar todos los nombres de los grupos perpetradores y para que todas las personas que han sido victimizadas por violencias basada en el género o basadas en la orientación sexual sean reparadas. La explotación sexual, la trata de personas, el reclutamiento de niñas y jovencitas negras, el abuso doméstico, psicológico, en medio del conflicto o propiciado por el conflicto, han sido invisibilizados. Esta reparación  debe constituirse en un  derecho político.

Todas estas violaciones han acrecentado el desbalance en materia de poder entre nuestras comunidades y el resto de la sociedad colombiana heredado al final de la esclavización. Por ello las reparaciones deben responder los siguientes principios básicos:

Proporcionalidad. Las reparaciones deben ser proporcionales al impacto sufrido por nuestro pueblo en el marco del conflicto armado interno.

Integralidad. Desde la visión del pueblo negro debe incorporar y atender el conjunto de los derechos civiles y políticos, económicos, sociales y culturales y colectivos que le fueron afectados al pueblo negro.

Oportunidad.

Responsabilidad del Estado. El estado debe reconocer que por su acción u omisión se violaron los derechos del Pueblo Negro, que esas violaciones afectan en lo colectivo a varias generaciones de renacientes, y que en consecuencia la reparación colectiva al pueblo negro implica una política de Estado que vincule el pasado y el presente sin olvidar el futuro, que enfrente el desbalance de poder del Pueblo Negro frente al conjunto de la sociedad colombiana. El derecho a la reparación debe, como criterio de no repetición, crear condiciones democráticas para asumir la dirección de nuestro propio destino con gobiernos propios.

Satisfacción. Para nosotros satisfacción significa consentimiento Previo, Libre e Informado y la afirmación que como pueblo no delegamos en nadie mas que en nosotros mismos nuestra capacidad de decidir

Cinco medidas inmediatas.

 

1. Protección de los derechos colectivos de los afrodescendientes como pueblo al territorio, la identidad, la participación y el desarrollo. En el marco de estas medidas se deben reglamentar en cumplimiento de los acuerdos establecidos en el pasado Primer Congreso Nacional Autónomo del Pueblo Negro, Afrocolombiano, Palenquero y Raizal, los capítulos IV, V, VI y VII de la Ley 70 de 1993, establecer protocolos de consulta previa libre e informada y de participación de las victimas; la ampliación inmediata de la titulación colectiva a otras zonas del país, devolución de los territorios usurpados, el saneamiento de los territorios y la dotación de tierras, la adopción de medidas para la protección del territorio Raizal y el reconocimiento de los derechos derivados de la ocupación y la propiedad en zonas urbanas. Fortalecer la territorialidad y frenar el despojo de que estamos siendo víctimas y el deterioro de nuestros territorios ocasionado por la minería legal e ilegal, la agroindustria y otros proyectos, no son temas del Postconflicto.

2. Respeto por parte del Estado y la Insurgencia a las formas de administrar y ejercer gobernabilidad en los territorios. Las organizaciones y formas de representación que autónomamente hemos adoptado y el establecimiento de mecanismos diferenciados para que nuestro pueblo y sus víctimas puedan participar real y efectivamente de las decisiones que les afecta. En el marco de esto se debe establecer un plan de fortalecimiento del tejido organizativo, social y comunitario, un  plan para destacar las administraciones publicas de las entidades territoriales en las que tienen mayor presencia los afrodescendientes que han sido secuestradas por la ilegalidad y legalidad. Nuestro Pueblo reclama la constitución de un espacio nacional mediante  el cual, y sin renunciar a los demás espacios en los que interactuamos con otros sectores de la vida nacional, podamos construir y presentarle al país nuestros aportes para el sostenimiento de la paz que viene; al tiempo de lo que requerimos como pueblo para que la paz sea.

 

3. Se debe implementar de manera coordinada e inmediata, órdenes contenidas en los distintos autos de la corte constitucional, expedidos en el marco del estado de cosas inconstitucionales, ejemplo 005/2009, 092/2008, acelerar el proceso de restitución de tierras garantizando las medidas necesarias para su reclamo y disfrute dignas condiciones, en especial la protección diferenciada a nuestros líderes y lideresas.

4. Tregua bilateral entre los actores armados para que mientras se negocia el fin de la confrontación armada no se sigan afectando los derechos de los afrodescendientes en Colombia como Pueblo ni de ningún otro colombiano. Los territorios urbanos y rurales – sean colectivos, ancestrales o nuevas territorialidades-, la población y sus derechos deben ser sustraídos del conflicto armado y de sus impactos y se deben adoptar e implementar acuerdos humanitarios específicos con tal fin. Estos deben incluir el desminado, el uso de recursos naturales, el respeto a las formas de organización y gobernabilidad propia, el no reclutamiento de menores, los derechos a la movilidad, etc.

 

5. Debe habilitarse la mesa afrocolombiana de víctimas. Los afrodescendientes cómo pueblo requerimos habilitar dos escenarios diferenciados, uno donde dialoguemos con el estado el largo trayecto de sus acuerdos incumplidos y desde ahí la situación de especial vulnerabilidad a lo que actualmente nos tiene sometidos,  las rutas para remediarlo. y dos un diálogo directo con la insurgencia por todas las violaciones de los derechos humanos y colectivos, que sobre las personas afrodescendientes y sobre el pueblo afrodescendiente ha venido y hasta hoy continúa cometiendo.

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