Carta Abierta al Presidente Uribe

Buenaventura, 21 de Febrero de 2009

Doctor
Álvaro Uribe Vélez
Presidente de la República
Ref: Consejo Comunitario en el municipio de Buenaventura
 
En atención a su alta dignidad.
 
Con ocasión de su visita al Puerto de Buenaventura me permito formularle públicamente los siguientes interrogantes con fundamento en la política pública agenciada por el Gobierno Nacional para este municipio que contiene el principal  puerto del país y cuya concesión fuera ampliada por su administración veinte años más. Proceso agotado sin haberse logrado ninguna concertación exitosa en materia social y laboral e institucional, salvo la negociación lograda por el Ministerio del Transporte y los particulares,  a los cuales se les ha entregado el derecho de usufructo del puerto de Buenaventura, en  un negocio que podría superar la cifra de los cuatro mil millones de dólares, a favor de los concesionarios privados, los cuales ofrecen una inversión en materia portuaria a cambio, que ascendería  a la décima parte del valor total del negocio portuario.
 
•    ¿Sr. Presidente cuáles son los beneficios reales para el puerto de Buenaventura y su población de semejante negociación que entrega el patrimonio estratégico de la Nación, representado en el puerto a la explotación privada?
•    ¿Cuáles son los planes de inversión social que redundarían en beneficio de la población, como resultado de esta concesión y cuál es la relación costo beneficio entre esta privatización del Puerto y la inversión en Buenaventura, como se compara esta con el monto total del negocio entregado a los particulares, que podría superar la cifra de los 4 mil millones de dólares?
 
•    El Gobierno Nacional se comprometió, a través del Ministerio del Transporte,  que la concesión portuaria no se firmaría a menos que se revisara el delicado problema laboral en el puerto. Compromiso adquirido tanto conmigo en el Senado de la República como con las propias organizaciones de los trabajadores en Buenaventura. Hecho que a la postre no sucedió y el contrato de concesión fue prorrogado por parte del Gobierno Nacional sin ninguna medida en materia laboral, lo cual equivale a mantener intacto en el tiempo, el régimen de superexplotación laboral actual con gravísimas consecuencias para los trabajadores portuarios, sus familias y las comunidades en general. ¿Cuáles fueron los acuerdos reales logrados con los trabajadores del terminal marítimo en materia de la reivindicación de sus derechos como trabajadores y porque a la fecha no se ha cumplido con las ofertas de alza de tarifas a los operarios, con los cuales se comprometieron operadores y el Ministerio de la (des) Protección Social a finales del año pasado?
 
•    Buenaventura gira al Estado cerca de tres billones de pesos,  pero sobre el pantano viven más de 70.000 personas en 25 barrios irregulares en las zonas de bajamar.  Las cuales igualmente serán objeto de un desalojo masivo con ocasión del convenio firmado (sin haberse efectuado las consultas de rigor planteadas en la ley 70 para estos casos), en particular la isla de Cascajal, de la cual tendrán que salir más de 20.000 personas, que en la actualidad habitan el territorio que requiere la zona de expansión portuaria a manos de los particulares; ¿Qué garantías tienes estos pobladores de la Isla de Cascajal y de las zonas de Bajamar, que sus derechos legales y constitucionales a su integridad y al territorio no serán vulnerados por la privatización del puerto?
 
•    ¿Se realizó la consulta previa con las comunidades negras asentadas en estos territorios tal cual lo plantea la Ley 70 para el caso de mega proyectos como la concesión privada de estas áreas de Buenaventura, a cuantos pobladores se piensa afectar con estas medidas?
 
Según las cifras de la Dirección de Planeación Municipal de Buenaventura y el DANE a Junio del 2007,  la población bonaerense es de 340.000 personas censadas, de las cuales  hay 43.000 personas en situación de desplazamiento forzado en su casco urbano, el analfabetismo en la población mayor de 15 años es de un 17% en la zona urbana y un 22% en la rural (cuando el promedio nacional es de 9%.) La deserción escolar está en el 25% y el 48% de los niños y jóvenes en edad escolar están por fuera del sistema educativo. El 60% de las viviendas son de estratos 1 y 2, levantadas en su mayoría en zonas de alto riesgo y con altos niveles de hacinamiento pues habitan en promedio entre 8 y 13 personas por vivienda. La cobertura de agua potable llega al 55% de los hogares mientras en alcantarillado el 65% no tiene saneamiento básico. El déficit de vivienda es de 40.000 unidades. A raíz de la privatización de Colpuertos a partir del año 1994, el desempleo ha aumentado en grandes cantidades, pues las cifras más conservadoras calculan la existencia de un 28,8% de desempleo y un 38,36% de subempleo, llegando entonces a una cifra de desempleo real de un 67,16. Mientras la expectativa de vida tiene un promedio nacional de 62.3 años, en Buenaventura es de 51. La cobertura médica alcanza a un 45.5% de la población urbana, siendo altamente deficiente la zona rural. Hay 2 médicos por cada 10.000 habitantes.
 
•    ¿Luego de seis años de gobierno, que resultados concretos puede mostrar la administración central en la mitigación de estos desastrosos indicadores sociales, que grafican una explosiva situación social que no ha sido resuelta y que ya compromete gravemente la responsabilidad del Estado, en materia de sus fines y obligaciones sociales para con esta población?
 
La riqueza que produce el Puerto de Buenaventura y la implementación de los mega proyectos, contrasta con la pobreza y la amenaza al territorio que se combina con la grave penetración del narcotráfico en sus diversas etapas de cultivo, producción de narcóticos y comercialización. Panorama social y humanitario desolador que a su vez, se expresa en el modelo de desarrollo económico e institucional del Puerto de Buenaventura y que solo puede entenderse como la consecuencia directa del modelo  de la implementación de la privatización de los activos estratégicos de Buenaventura durante estos años de su gobierno.
 
¿Sr Presidente, que salida le cabe a la población en este estado de cosas, a los trabajadores, a las comunidades en situación de vulnerabilidad extrema, a las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos, por parte de todos los actores armados del conflicto, a aquellos que defienden sus derechos a la integridad, al territorio y a sus derechos como ciudadanos y como pueblo del litoral Pacífico colombiano?
 
En  atención a su alta responsabilidad.
 
 
 
 
 
Alexander López Maya
Senador de la República

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