A raíz de la grave crisis humanitaria desencadenada por el violento desalojo ejecutado el pasado 22 de julio de 2026 en el barrio Brisas de las Torres, situación de la cual publicamos los primeros reportes hace unas semanas, compartimos a continuación el comunicado oficial a la opinión pública nacional e internacional emitido por las comunidades afectadas y la Fundación Social Paz en la Tormenta. Exigimos la intervención inmediata de las autoridades y los organismos de derechos humanos frente a esta nueva revictimización contra las familias afrocolombianas desplazadas.
COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA NACIONAL E INTERNACIONAL
Denunciamos las graves violaciones a los derechos humanos de las familias afrocolombianas víctimas del conflicto armado que habitaban el barrio Brisas de las Torres y solicitamos la intervención urgente de los organismos nacionales e internacionales de protección
Las familias afrocolombianas que durante varios años han habitado el barrio Brisas de las Torres, ubicado en el oriente de Santiago de Cali, nos dirigimos a la opinión pública nacional e internacional, a los organismos de protección de derechos humanos, a la comunidad internacional y a la sociedad colombiana para denunciar hechos que constituyen una grave vulneración de sus derechos fundamentales y una nueva forma de revictimización contra personas protegidas por la Constitución Política de Colombia y por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos.
Son en su inmensa mayoría, familias víctimas del conflicto armado interno, desplazadas de sus territorios ancestrales por la violencia, el despojo y el racismo estructural que históricamente ha afectado a las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras. Después de haber perdido sus territorios, sus casas y sus medios de subsistencia, encontraron en Brisas de las Torres un espacio donde reconstruyeron sus vidas mediante el trabajo comunitario y el esfuerzo colectivo, sin recibir del Estado soluciones reales y efectivas para garantizar su derecho a una vivienda digna.
LOS HECHOS
El día 22 de julio de 2026, la Alcaldía Distrital de Santiago de Cali ejecutó un operativo de desalojo y demolición mediante el cual fueron destruidas más de 800 viviendas, dejando en condición de absoluta vulnerabilidad a cientos de familias, entre ellas niñas, niños, adolescentes, mujeres gestantes, personas mayores y personas sujetas de especial protección constitucional.
De acuerdo con lo ocurrido y con los testimonios de la comunidad, el procedimiento fue ejecutado sin que las familias conocieran previamente una orden judicial y sin que existieran garantías suficientes de información, participación efectiva y debido proceso. La comunidad tampoco contó con un tiempo razonable para proteger sus bienes, rescatar sus documentos personales, medicamentos, herramientas de trabajo, animales domésticos y demás pertenencias indispensables para su subsistencia.
El operativo estuvo acompañado por un despliegue masivo de fuerza pública y otros funcionarios estatales que, por su dimensión y características, resultó desproporcionado frente a una comunidad integrada por población civil, víctimas del conflicto armado y personas en situación de extrema vulnerabilidad.
Hoy, muchas familias permanecen viviendo entre los escombros de sus antiguas viviendas; otras sobreviven gracias a la solidaridad de vecinos, iglesias y organizaciones sociales, sin que el Estado haya garantizado una respuesta humanitaria suficiente que permita restablecer unas condiciones mínimas de dignidad.
UNA NUEVA REVICTIMIZACIÓN
Para quienes ya fueron víctimas del desplazamiento forzado, estos hechos representan una nueva expulsión y una nueva ruptura de sus proyectos de vida.
El Estado colombiano tiene la obligación constitucional e internacional de brindar protección reinforced a las víctimas del conflicto armado y a las comunidades negras. Sin embargo, las actuaciones adelantadas por las autoridades distritales han profundizado nuestra situación de vulnerabilidad y reproducen patrones históricos de exclusión, discriminación racial y abandono institucional.
Denunciamos con profundo dolor que dos mujeres embarazadas perdieron sus gestaciones después del impacto emocional sufrido durante el procedimiento. Estos hechos deben ser investigados por las autoridades competentes para establecer las responsabilidades correspondientes y garantizar verdad, justicia y reparación para las familias afectadas.
Igualmente, advertimos una grave crisis de salud mental en nuestra comunidad. Niñas, niños, adolescentes, personas mayores y adultos presentan síntomas de ansiedad, depresión, estrés postraumático, miedo e incertidumbre como consecuencia de la pérdida violenta de sus hogares.
FUNDAMENTOS JURÍDICOS
Consideramos que los hechos denunciados comprometen la responsabilidad del Estado colombiano por la posible vulneración de derechos reconocidos en:
- Los artículos 1, 2, 5, 13, 22, 29, 51, 58 y 93 de la Constitución Política de Colombia, relativos a la dignidad humana, igualdad material, debido proceso, derecho a la paz, vivienda digna y prevalencia de los tratados internacionales sobre derechos humanos.
- La Ley 70 de 1993, que reconoce los derechos de las comunidades negras y ordena al Estado adoptar medidas especiales para garantizar su protección.
- La Ley 1448 de 2011, que reconoce el derecho de las víctimas del conflicto armado a la reparación integral y prohíbe su revictimización.
- El Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que impone obligaciones especiales de protección respecto de pueblos tribales y comunidades étnicamente diferenciadas.
- La Convención Americana sobre Derechos Humanos y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que obligan al Estado a garantizar el derecho a la propiedad, la integridad personal, la protección judicial y el acceso efectivo a recursos judiciales.
- El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, particularmente el derecho a una vivienda adecuada y la prohibición de desalojos arbitrarios.
- La Observación General No. 7 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, que establece que ningún desalojo puede ejecutarse sin garantías procesales, consulta efectiva, proporcionalidad y provisión de alternativas habitacionales.
EXIGIMOS
- La adopción inmediata de medidas humanitarias para todas las familias afectadas.
- La instalación de una mesa de diálogo con participación efectiva de la comunidad y acompañamiento de organismos nacionales e internacionales de derechos humanos.
- La investigación independiente de las actuaciones administrativas, policiales y disciplinarias relacionadas con el operativo del 22 de julio de 2026.
- La reparación integral de todas las víctimas, incluyendo restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición, conforme a los estándares nacionales e internacionales.
- Atención integral en salud física y mental para todas las personas afectadas.
- Medidas especiales de protección para mujeres, niñas, niños, personas mayores y personas con discapacidad.
- Que cesen todas las actuaciones que profundicen la revictimización de una población protegida por el derecho nacional e internacional.
LLAMADO URGENTE
Solicitamos el acompañamiento y la intervención de la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación, la Personería Distrital de Cali, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, las Relatorías Especiales de Naciones Unidas sobre vivienda adecuada, desplazamiento interno, racismo y derechos de los pueblos afrodescendientes, así como de todas las organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos.
Pedimos igualmente a la comunidad internacional mantener vigilancia sobre esta situación para evitar que cientos de familias afrocolombianas víctimas del conflicto armado continúen siendo sometidas a nuevas formas de desplazamiento, exclusión y desprotección.
Nuestra lucha no busca privilegios.
Exigimos el cumplimiento de la Constitución, el respeto por la dignidad humana y la garantía efectiva de nuestros derechos fundamentales.
Porque ninguna sociedad puede construirse sobre las ruinas de los derechos humanos.
La dignidad de un pueblo no puede ser demolida.
¡Verdad, justicia, reparación integral y garantías de no repetición!
Brisas de las Torres resiste.
Fundación Social Paz en la tormenta
funpazenlatormen@gmail.com
Teléfonos: 301 208 03 22 – 322 879 37 99
Cali, Colombia
