El panorama de la seguridad en Colombia enfrenta un severo cuestionamiento tras la reaparición de prácticas que evocan los capítulos más oscuros de las ejecuciones extrajudiciales en el país. La política de seguridad del gobierno de Abelardo De la Espriella atraviesa un duro revés debido al incremento de denuncias por presuntos casos de falsos positivos y uso desmedido de la fuerza letal por parte de la fuerza pública.
Los casos que encienden las alarmas
Entre los hechos más graves denunciados recientemente se encuentra el de Donovan Balanta, un joven asesinado durante un operativo policial en el sur de Bogotá. Frente a este caso, la Defensoría del Pueblo solicitó celeridad en las investigaciones e hizo un llamado explícito sobre la presencia de perfilamiento racial en el procedimiento.
A este caso se suma el de Luis Alfredo Echeverry en el departamento del Cauca, víctima de un presunto abuso policial que terminó con su vida en circunstancias que la comunidad exige esclarecer. Asimismo, la madre de un joven asesinado durante un operativo contra alias Cholo confrontó públicamente al gobierno para denunciar que su hijo fue presentado de manera falsa como un criminal cuando era completamente inocente. A esto se añaden las denuncias sobre jóvenes campesinos ejecutados con tiro de gracia e integrados de forma irregular a reportes de bajas en combate.
Perfilamiento racial y brutalidad policial contra el pueblo negro
Estos acontecimientos no pueden analizarse de manera aislada al racismo estructural que atraviesa a los cuerpos de seguridad. La brutalidad policial impacta de forma desproporcionada al pueblo negro y a sus jóvenes, cuyos cuerpos resultan criminalizados de antemano bajo lógicas de sospecha permanente.
El perfilamiento racial convierte la identidad y la pertenencia étnica en un factor de riesgo frente al accionar estatal. Cuando la efectividad operacional se mide en bajas o capturas sin garantías de debido proceso, los cuerpos negros en sectores populares terminan siendo los más vulnerables a la violencia institucional, reduciendo vidas humanas a cifras de seguridad.
Exigencia de justicia y garantias de no repeticion
La gravedad de estos hechos exige que las investigaciones de la Fiscalía General de la Nación y de los organismos de control avancen sin dilaciones. Superar la impunidad requiere desmontar las doctrinas de seguridad que legitiman el uso irracional de la fuerza y garantizar que el Estado proteja la vida de toda la ciudadanía sin distinción de raza o territorio.
