El panorama político peruano se enfrenta a un momento difícil con el regreso al poder de la dinastía Fujimori. Para el pueblo negro en el Perú, este escenario no es nuevo, pero sí muy peligroso. Significa la reactivación de un racismo de Estado que el fujimorismo histórico profundizó en los años noventa mediante leyes hechas a la medida de los grandes empresarios, el control de los cuerpos y un plan oculto para borrar su identidad y su peso político.
El regreso de la corriente fujimorista al centro del poder obliga a revisar el daño que la dictadura de Alberto Fujimori le causó al pueblo negro. Detrás de un discurso de modernización, el régimen consolidó trampas que golpearon directamente a las comunidades:
- Esterilizaciones forzadas y control de la población: El programa de ligadura de trompas, camuflado como ayuda médica, engañó y violentó principalmente a mujeres indígenas y del pueblo negro en zonas rurales y valles de la costa como Chincha o Cañete, buscando frenar el crecimiento de las poblaciones más empobrecidas.
- Leyes laborales que quitaron derechos: La Constitución de 1993 y las reformas laborales de Fujimori destruyeron los derechos de los trabajadores del campo, la construcción y los servicios. Estos eran los sectores donde el pueblo negro trabajaba históricamente, dejándolos desprotegidos y atrapados en la informalidad.
- Ningún espacio real en el poder: Mientras el gobierno fujimorista compraba apoyo entregando comida y recursos con programas asistenciales, bloqueó cualquier ley que permitiera al pueblo negro o a los indígenas tener puestos asegurados en el Congreso o en el Estado, manteniendo el poder en manos de los de siempre.
Participación política frente al borramiento y la crisis actual
La falta de cifras oficiales bien hechas ha sido una trampa burocrática para no invertir en las comunidades. Los datos estatales registran de forma referencial a 669,143 personas en unos 150,000 hogares. Sin embargo, diversas investigaciones demuestran que el pueblo negro representa en realidad entre el 5% y el 10% de la población total del Perú.
Hoy, con el regreso de las lógicas fujimoristas, las organizaciones que exigen puestos reservados para el pueblo negro y los indígenas en el Parlamento corren peligro. La agenda de la dinastía Fujimori, unida a los sectores más conservadores y adinerados, prefiere el negocio y el reparto de favores antes que reconocer los derechos territoriales y la justicia para los pueblos marginados. Defender la memoria es la única forma que tiene el pueblo negro para evitar que se repita la historia de abusos y olvido.
Desde el Proceso de Comunidades Negras (PCN) en Colombia, manifestamos nuestro total respaldo y solidaridad con la hermandad del pueblo negro en el Perú. La lucha contra el capitalismo racial, el despojo y el borramiento político no tiene fronteras.
Frente al avance del autoritarismo y las políticas que intentan silenciar nuestra historia, nuestra mayor fuerza sigue siendo la articulación ancestral, la defensa de los territorios y la resistencia colectiva. ¡La lucha continúa!
