El Suroccidente colombiano vuelve a ser escenario de un abuso estructural disfrazado de legalidad corporativa. Ante el colapso financiero del Ingenio La Cabaña, los dueños y grandes accionistas han diseñado una maniobra económica que les permite blindar sus fortunas mientras hunden en la incertidumbre a 777 familias cultivadoras, en su gran mayoría pertenecientes al pueblo negro e indígenas del norte del Cauca.
La maniobra de la «infracapitalización nominal»
La investigación liderada por el investigador Carlos Duarte expone una jugada corporativa indignante. Los propietarios financiaron la empresa mediante deudas contraídas con sus propios bolsillos en lugar de inyectar capital propio. Al declararse en liquidación judicial ante la Superintendencia de Sociedades, estos mismos dueños aparecen ahora en la lista como acreedores preferenciales, buscando recuperar su dinero antes que nadie.
Mientras tanto, los pequeños productores y cañicultores locales, quienes sostuvieron la operación del ingenio con su trabajo y sus tierras ancestrales, quedan clasificados en el lenguaje jurídico como acreedores quirografarios de cuarta o quinta clase. Es decir, están al final de la fila y solo cobrarán si queda algo cuando los grandes bancos y los propios dueños se hayan servido.
Un nuevo ciclo de despojo territorial
Esta crisis no es solo un problema de papeles o balances contables. En una región donde el 42.9% del pueblo negro y el 58.5% de la comunidad indígena viven en condiciones de alta fragilidad social, el cierre y la liquidación de La Cabaña amenaza con convertirse en un mecanismo de concentración de tierras. Al arruinar económicamente a los pequeños proveedores locales, se pavimenta el camino para que los grandes pulpos azucareros del Valle del Cauca absorban sus parcelas a precio de miseria.
Exigimos que la Superintendencia de Sociedades actúe de oficio y aplique el artículo 69 de la Ley 1116 de 2006 para enviar los créditos de los dueños al último lugar de la fila, priorizando el pago inmediato de las familias trabajadoras y campesinas. No podemos permitir que las leyes de insolvencia sigan siendo el escudo para que los ricos conviertan sus quiebras en un buen negocio a costa de la exclusión étnica y territorial.
Es indispensable conocer a fondo el entramado de esta trampa económica para defender la soberanía de nuestras comunidades. Invitamos a leer el ensayo completo, revisar los datos de desigualdad agraria y profundizar en esta grave denuncia a través de la investigación publicada por Proclama del Pacífico en el siguiente enlace:
Análisis completo: 777 familias y el derrumbe del Ingenio La Cabaña
