Las propuestas de gobierno de Iván Cepeda y Aida Quilcué trazan una ruta concreta para la transformación del país. El plan se estructura sobre pilares fundamentales que responden a las crisis históricas y coyunturales de Colombia detalladas en su reciente intervención.
Seguridad humana y paz integral. Se plantea abandonar la visión exclusivamente militarista para intervenir los territorios garantizando agua potable, energía y vías de comunicación. Respecto a la paz, la propuesta exige poner fin a los diálogos eternos sin resultados, priorizando el cumplimiento estricto del acuerdo firmado en 2016 y estableciendo reglas claras de negociación con los actores armados.
Revolución agraria. La meta es convertir la agricultura en el principal motor de la economía nacional. Para lograrlo, se agilizarán los engorrosos procedimientos estatales de compra de tierras a grandes propietarios para entregarlas a las comunidades, reduciendo la inmensa burocracia procesal que facilita el estancamiento y la corrupción.
Salud y equidad. Frente al colapso del modelo privatizador, el gobierno proyecta implementar un plan de emergencia durante sus primeros cien días. Este plan asegurará la entrega centralizada de medicamentos y descongestionará el sistema de citas y procedimientos quirúrgicos represados, articulando la capacidad instalada de los sectores público y privado para proteger la vida.
Lucha sistémica contra la corrupción. La consolidación del Sistema Nacional Anticorrupción permitirá investigar macroestructuras criminales en lugar de perseguir casos aislados. Además, se fomentará la veeduría ciudadana sobre la contratación pública y se creará un fondo especial destinado a reparar a las víctimas del desfalco estatal utilizando los recursos recuperados.
El Proceso de Comunidades Negras reafirma su apoyo irrestricto a este proyecto del cambio. La materialización de estas propuestas es la garantía necesaria para alcanzar la justicia material y territorial en las regiones excluidas. Para consolidar este camino es urgente movilizarse activamente contra el antiintelectualismo y la campaña de desinformación impulsada por la extrema derecha. Dicho sector busca reemplazar el debate público, la argumentación política y el pensamiento crítico con narrativas de terror y calumnias, intentando sabotear el avance del poder popular.
La respuesta ciudadana debe ser contundente en las urnas. La invitación es a defender la democracia y salir a votar masivamente este 31 de mayo para ganar en primera vuelta y asegurar la victoria de las transformaciones profundas que requiere nuestra sociedad.
