Rechazamos de manera categórica el uso de armas explosivas en zonas civiles densamente pobladas, el asesinato de niños, niñas y jóvenes, y cualquier forma de ejecución extrajudicial que atente contra la vida y la dignidad del pueblo haitiano. La impunidad con respaldo internacional no es seguridad. Es crimen de Estado.
Human Rights Watch documentó entre marzo de 2025 y enero de 2026 al menos 1.243 personas asesinadas en 141 operaciones con drones armados en zonas urbanas de Haití, incluyendo 17 niños y 43 adultos sin ningún vínculo con grupos criminales. Otros 738 resultaron heridos. La organización calificó varios de estos ataques como posibles ejecuciones extrajudiciales que violan el derecho internacional.
Los ataques los ejecuta una Fuerza de Tareas Especializada creada por el primer ministro Alix Didier Fils-Aimé con el apoyo de Vectus Global, empresa militar privada dirigida por Erik Prince, que contrató operadores salvadoreños para el uso de los drones. El Departamento de Estado de Estados Unidos otorgó la licencia para que esa empresa exportara servicios de defensa a Haití.
El 20 de septiembre de 2025, en el barrio Simon Pelé de Puerto Príncipe, un dron detonó cerca de un complejo recreativo donde niños esperaban una distribución de regalos. Murieron 9 niños de entre 3 y 12 años. Las lesiones incluyeron amputaciones traumáticas y heridas por fragmentación. Ninguna familia afectada ha recibido justicia ni reparación del Estado haitiano.
