Un análisis riguroso del historiador Rubén Darío Hernández Cassiani examina treinta años de participación electoral de las comunidades negras, raizales y palenqueras en Colombia y expone los factores que siguen bloqueando su acceso real al poder.
Colombia se proclama pluriétnica y multicultural desde 1991. La Constitución lo dice, la Ley 70 de 1993 lo desarrolla y el Estado lo repite en cada discurso oficial. Pero para la población afrocolombiana, negra, raizal y palenquera, esa promesa sigue chocando con una realidad muy distinta cuando llega el momento de disputar el poder político.
Un nuevo artículo académico del Instituto Manuel Zapata Olivella, escrito por el historiador y doctor en Ciencias Sociales Rubén Darío Hernández Cassiani, analiza en profundidad los obstáculos que enfrentan estas comunidades para ejercer una participación política que responda genuinamente a su identidad cultural, su peso demográfico y sus proyectos de vida colectivos.
El texto parte de un dato que lo dice todo: en las elecciones legislativas de 2010, se inscribieron 67 movimientos políticos diferentes para competir por las dos únicas curules de la circunscripción especial para comunidades negras en la Cámara de Representantes. En 1994, cuando la circunscripción comenzó a operar, eran apenas 12.
Ese crecimiento no refleja fortaleza organizativa. Refleja fragmentación, infiltración de los partidos tradicionales en los espacios conquistados por el movimiento social afrocolombiano y la ausencia de un proyecto político unificado con raíces comunitarias reales.
El estudio también identifica una fractura central que atraviesa toda la participación política afro en Colombia: la distancia entre identidad cultural e identidad política. Las comunidades se reconocen como afrodescendientes para acceder a becas, proyectos, representación institucional. Pero a la hora de votar, la mayoría sigue respaldando a los partidos de siempre.
Un racismo que opera sobre las estadísticas.
El movimiento social estima que la población afrocolombiana representa el 26 por ciento de la población nacional. El censo del año 2018 apenas le reconoce el 4 por ciento. Esa brecha no es un error técnico: es el racismo estructural operando sobre los números del Estado. Y tiene consecuencias concretas: dos curules en la Cámara de Representantes y ninguna en el Senado para una comunidad que ha construido parte fundamental de la nación colombiana.
Hernández Cassiani también examina el papel del clientelismo, la ausencia de financiación equitativa para las organizaciones afro, la falta de espacios en medios de comunicación y la colonización de la mentalidad política de las comunidades por décadas de exclusión y dependencia de los partidos tradicionales.
Una democracia que aún le debe a la diáspora africana
El artículo no se queda en el diagnóstico. Recoge las voces de líderes y lideresas del Proceso de Comunidades Negras, analiza el impacto del movimiento Soy porque somos de Francia Márquez Mina en las elecciones de 2022 y propone una hoja de ruta para construir una participación política con identidad autonómica real, desde lo local hasta lo nacional.
En el marco del Decenio Internacional de los Afrodescendientes declarado por las Naciones Unidas, el texto argumenta que los Estados deben pasar de la retórica multicultural a medidas concretas y efectivas. La democracia diferenciada no es un privilegio étnico. Es una deuda histórica de toda la nación.
