Buenaventura – Valle del Cauca, octubre 02 del 2025.

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Destinatarios

Doctor:
GUSTAVO PETRO URREGO
Presidente de la Republica

Doctor:
ARMANDO BENEDETTTI
Ministro del Interior

Doctor:
OTTY PATIÑO
Consejero Comisionado para la Paz

Doctor:
EDUARDO MONTEALEGRE
Ministro de Justicia

Doctora:
LOURDES CASTRO
Consejera Presidencial para los DDHH y el DIH

Doctora:
IRIS MARÍN ORTIZ
Defensoría del Pueblo

Doctor:
GREGORIO ELJACH PACHECO
Procurador General de la Nación.

Doctora:
DILIAN FRANCISCA TORO
Gobernadora del Valle del Cauca

Doctora:
LIGIA DEL CARMEN CÓRDOBA
Alcaldesa distrital de Buenaventura

Doctora:
NATALIA ÁNGEL CABO
Presidenta de la Sala Especial de
Seguimiento a la Sentencia T-
025 Corte Constitucional

Doctora:
LUZ ADRIANA CAMARGO GARZÓN
Fiscal General de la Nación

Señores – señoras
CONGRESO DE LA REPÚBLICA

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Asunto: Denuncia pública, se agudiza situación humanitaria de las comunidades del Consejo Comunitario de la Cuenca Baja del Río Calima.

Las comunidades que integran el Consejo Comunitario de la Cuenca Baja del Río Calima han padecido, durante muchos años, los impactos del conflicto armado colombiano y el abandono por parte de las entidades estatales. Esta situación ha generado desplazamientos forzados, confinamientos recurrentes, reclutamiento, uso y utilización de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, desapariciones forzadas, amenazas, homicidios, afectaciones por minas antipersona y municiones sin explotar (MAP/MUSE), entre otras graves violaciones a los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario.

Uno de los últimos desplazamientos colectivos tuvo lugar entre finales de 2021 y comienzos de 2022, dejando profundas afectaciones físicas, psicológicas y espirituales. Aun así, con la esperanza de regresar a al territorio para vivir con dignidad y paz, el 14 de junio de 2024, la comunidad emprendió el retorno, respaldados por la promesa de las entidades estatales de garantizar el derecho a la seguridad, al gobierno propio, a la identidad cultural y al territorio. Sin embargo, durante los dos últimos meses la población de Calima viene sufriendo violaciones a los derechos humanos e infracciones al DIH, obligándonos a alertar nuevamente a las entidades estatales y a la comunidad internacional sobre esta situación.

Entre los hechos más recientes destacamos:

• Según los pobladores los días 29 y 30 de septiembre de 2025, hacia las 11:00 a.m., se presentaron diversas explosiones en el casco urbano de la comunidad de La Colonia (Bajo Calima), resultando afectadas las señoras María Janeth Arboleda, Sandra Milena Torres y Jacqueline Murillo.
• El viernes 26 de septiembre de 2025, en horas de la mañana, en la comunidad de La Colonia, algunas viviendas de líderes de pobladores étnico-territoriales t espacios comunitarios aparecieron marcadas con grafitis con escritos alusivos a la estructura Jaime Martínez y la columna Wilson González de las disidencias de las FARC, imponiendo temor y zozobra en el territorio colectivo.
• El lunes 22 de septiembre de 2025, a las 8:43 a.m., hombres armados perpetraron un ataque con explosivos al parecer lanzados mediante drones en la comunidad de La Colonia, acompañado de ametrallamientos en el casco urbano, lo que afectó viviendas y cultivos de pan coger.
• El domingo 21 de septiembre de 2025, integrantes de un grupo armado ilegal retuvieron dos embarcaciones rápidas que cubrían la ruta entre La Colonia (Bajo Calima) y los municipios de Litoral del San Juan e Istmina (Chocó).
• El lunes 15 de septiembre de 2025, a las 6:45 a.m., en la comunidad de La Colonia, fueron retenidos en contra de su voluntad por más de 50 horas los señores Rubén Darío Ospina Torres y Jamintón García Rivas, por parte de un grupo armado ilegal.
• El viernes 12 de septiembre de 2025, en la comunidad de La Colonia, se registraron hostigamientos con ametrallamientos y explosivos dentro del casco urbano. Estos ataques no se dirigieron únicamente contra la fuerza pública (Armada Nacional), sino también contra la población civil.
• El miércoles 9 de septiembre de 2025, un miembro de la comunidad conocido como “Mincho” fue secuestrado durante 48 horas por un grupo armado ilegal y posteriormente obligado a desplazarse del territorio bajo amenaza de muerte.
• El miércoles 3 de septiembre de 2025, un grupo armado ilegal emitió amenazas contra líderes y lideresas del Consejo Comunitario de la Cuenca Baja del Río Calima, acusándolos de ser colaboradores de la fuerza pública y dando un ultimátum para que se retirara la presencia militar, bajo amenaza de realizar ataques indiscriminados contra las comunidades, especialmente en La Colonia.
• Los días 11, 12 y 18 de agosto de 2025, miembros de un grupo armado ilegal abordaron y amenazaron a habitantes de La Colonia, obligando a varios de ellos a desplazarse.
• El viernes 8 de agosto de 2025, hacia las 11:00 a.m., en La Colonia, se presentó un enfrentamiento armado entre la fuerza pública e integrantes de un grupo ilegal, resultando gravemente herida la estudiante Luz Elena Segura Mosquera, de 15 años.
• Los días 6 y 7 de julio de 2025, en horas de la mañana, integrantes de un grupo armado ilegal hurtaron la lancha del señor Claudio Cartagena. La embarcación fue interceptada por la Infantería de Marina, lo que generó un enfrentamiento. En la huida, los hombres armados abandonaron la embarcación, en cuyo interior se hallaron fusiles, pistolas, granadas, municiones de diferentes calibres y un motor fuera de borda Yamaha de 40 HP. La embarcación fue trasladada a la Brigada de Buenaventura.
• Durante el 2025, más de cinco personas han sido víctimas de MAP/MUSE en inmediaciones de La Colonia.
• El 17 de abril de 2025, más de 45 familias de la comunidad La Esperanza se desplazaron hacia La Colonia, debido al accionar de grupos armados ilegales y la instalación de MAP/MUSE en el territorio.
• A lo largo del año 2025, gran parte de las comunidades del Consejo Comunitario se han visto obligadas a permanecer confinadas por las acciones de grupos armados ilegales.

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RECORDANDO QUE:

El Consejo Comunitario de la Cuenca Baja del Río Calima ha sido reconocido como caso emblemático en el Auto 005 de 2009 y el Auto 091 de 2017 de la Corte Constitucional, en el marco del seguimiento al Estado de Cosas Inconstitucional por desplazamiento forzado. Además, en 2018, el Juzgado Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Santiago de Cali expidió medidas cautelares (Auto Interlocutorio 393) para la protección del territorio y las comunidades.

RESPONSABILIZAMOS

Al Estado colombiano, en cabeza del poder ejecutivo, señor Gustavo Petro Urrego, a la Gobernadora del Valle del Cauca, señora Dilian Francisca Toro, y a la Alcaldía Distrital de Buenaventura, en cabeza de la señora Ligia del Carmen Córdoba, así como al poder Legislativo y Judicial, por las omisiones en el deber de proteger, promover y garantizar los derechos humanos y el DIH a los pobladores del Bajo Calima.

EXIGIMOS

Garantías del Estado en su integralidad para el goce efectivo de los derechos a la vida, la libertad, la seguridad personal, la libre movilidad, la integridad física y psicológica, así como el respeto a los derechos étnico-territoriales de los integrantes del Consejo Comunitario de la Cuenca Baja del Río Calima.

AL GOBIERNO NACIONAL, EN CABEZA DEL SEÑOR GUSTAVO PETRO URREGO:

• Garantizar el cumplimiento de las medidas establecidas en el Acuerdo Humanitario Ya, como instrumento para salvaguardar la pervivencia física y cultural de las comunidades en los territorios, respetando los principios de distinción de la población civil y de humanidad, en el marco del Derecho Internacional Humanitario.
• Asegurar la celeridad y eficacia en el cumplimiento de los compromisos establecidos en la Maqueta Paz y en el Plan de Retorno que se viene formulando para el Consejo Comunitario del Bajo Calima.
• A través del Consejero Comisionado para la Paz, garantizar en el marco de las mesas sociopolíticas y los diálogos socio jurídicos como los que se adelantan en Buenaventura, un compromiso de los grupos armados ilegales a respetar la vida, integridad y libertad de los habitantes del Consejo Comunitario del Bajo Calima y, en general, del distrito de Buenaventura.
• Cumplir de manera integral la Alerta Temprana 039 de 2023 emitida por la Defensoría del Pueblo, que contempla medidas de prevención y protección centrales para la pervivencia en el territorio de las comunidades del Consejo Comunitario de la Cuenca Baja del Río Calima y del distrito de Buenaventura en su conjunto.
• Garantizar la instalación de una Mesa Nacional y/o Regional de Garantías de Seguridad en el territorio del Consejo Comunitario de la Cuenca Baja del Río Calima, con acciones concretas para la protección de la vida y los derechos étnico-territoriales.
• Reforzar las medidas de prevención frente al reclutamiento, uso y utilización de niños, niñas, adolescentes y jóvenes en el Consejo Comunitario del Bajo Calima, con especial atención en la comunidad de La Colonia.
• Asegurar el desminado humanitario en el territorio.

A LA GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA, EN CABEZA DE LA SEÑORA DILIAN FRANCISCA TORO:

• Garantizar la instalación de una Mesa Regional de Garantías de Seguridad en el territorio del Consejo Comunitario de la Cuenca Baja del Río Calima, con acciones concretas para la protección de la vida y los derechos étnico-territoriales.
• Adelantar, de manera urgente y sostenida, junto con la Alcaldía Distrital de Buenaventura y las entidades del Gobierno Nacional, un plan especial de intervención de las comunidades del Bajo Calima que asegure la protección por presencia institucional, la entrega de asistencia humanitaria y reforzar el acceso a derechos como salud, educación, recreación, cultura y deporte, entre otros.

A LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN:

• Avanzar con celeridad y eficacia en las investigaciones que garanticen el derecho a la verdad, la justicia y la no repetición de la impunidad frente a las violaciones de Derechos humanos e infracciones al DIH.

A LOS ORGANOS DE CONTROL PROCURADURÍA Y CONTRALORÍA:

• Aperturar los procesos administrativos y disciplinarios a los que haya lugar por las acciones y omisiones de las entidades y funcionarios públicos ante la no implementación de los acuerdos firmados con el territorio del Bajo Calima.

AL SENADO DE LA REPUBLICA:

• Garantizar con celeridad el marco jurídico necesario para garantizar los diálogos simultáneos con los diversos actores en armas y asumir el control político respecto a los diversos acuerdos del gobierno nacional con el territorio del Bajo Calima

A LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO, EN CABEZA DE LA SEÑORA IRIS MARÍN ORTIZ:

• Realizar seguimiento y velar por el cumplimiento de los compromisos adquiridos por la Defensoría del Pueblo y la Corte Constitucional durante la misión desarrollada en mayo de 2025 en el territorio colectivo de la Cuenca Baja del Río Calima.
• Desarrollar las acciones legales necesarias para determinar las responsabilidades colectivas e individuales frente a los hechos denunciados en este documento.
• Gestionar la instalación de la Mesa de Garantías Nacional y/o Regional en el territorio colectivo del Bajo Calima, para abordar la grave situación humanitaria actual.

A LA SALA ESPECIAL DE SEGUIMIENTO A LA SENTENCIA T-025 DE LA CORTE CONSTITUCIONAL:

• Expedir las órdenes necesarias a las entidades estatales en el marco del seguimiento a los Autos 005 de 2009 y 091 de 2017, sobre afectaciones diferenciales a los pueblos afrodescendientes en el contexto del desplazamiento forzado, siendo el Bajo Calima uno de los casos emblemáticos.

SOLICITAMOS

A LA COORDINADORA RESIDENTE DE LA ONU EN COLOMBIA, SEÑORA MIREIA VILLAR FORNER:

• Continuar acompañando, junto con las diferentes agencias del Sistema de Naciones Unidas, las acciones humanitarias y de protección dirigidas a las comunidades del Consejo Comunitario de la Cuenca Baja del Río Calima, reforzando la presencia internacional en el territorio como medida de respaldo y acompañamiento.

Al JEFE DE LA OFICINA DEL ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS REFUGIADOS (ACNUR) EN COLOMBIA, SEÑOR MATTHEW BROOK:

• Mantener el acompañamiento en el territorio a las comunidades del Consejo Comunitario de la Cuenca Baja del Río Calima, impulsando la incidencia ante el Estado colombiano para garantizar la protección de nuestras comunidades.

A LA OFICINA DEL ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS DERECHOS HUMANOS, SEÑOR SCOTT CAMPBELL:

• En el marco del cumplimiento de su mandato, realizar las gestiones necesarias para que las actuaciones del Estado colombiano se ajusten a los estándares internacionales en materia de derechos humanos. Asimismo, reforzar el acompañamiento en el territorio a las comunidades del Consejo Comunitario de la Cuenca Baja del Río Calima.

A LA MISIÓN DE VERIFICACIÓN DE LA ONU, SEÑOR MIROSLAV JENČA:

• Mantener el acompañamiento en el territorio a las comunidades del Consejo Comunitario de la Cuenca Baja del Río Calima, promoviendo la incidencia ante el Estado colombiano para garantizar la protección de nuestras comunidades. Además, incluir en los informes periódicos sobre la implementación del Acuerdo de Paz, que se presentan ante el Consejo de Seguridad de la ONU, las afectaciones que continúan sufriendo las comunidades étnico-territoriales a causa del conflicto armado en el Pacífico colombiano.

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Atentamente,

PROCESO DE COMUNIDADES NEGRAS – PCN –
CONSEJO COMUNITARIO DE LA CUENCA BAJA DEL RÍO CALIMA

APOYAN ESTA COMUNICACIÓN: LA ASOCIACIÓN NOMADES, LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE LOS PUEBLOS, ASOCIACION CONPAZCOL

NOTA: Favor remitir al correo electrónico consejobajocalima@gmail.com los oficios, gestiones e informes relacionados con las acciones que se adelanten con base en esta información.

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Copia

Señores
Piotr Hofmański,
Presidente
karim Ahmad Khan
Fiscal
Corte Penal Internacional (CPI)

Señora:
Jueza, Presidenta
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)

Señor:
Iwasawa Yuji
Juez, Presidente.
Corte Internacional de Justicia (CIJ)