Nariño exige paz y transformaciones reales frente a los riesgos de la guerra
Los pueblos del Pacífico y del departamento de Nariño han padecido históricamente los impactos del conflicto armado. El desplazamiento forzado, el confinamiento, las amenazas y otras graves afectaciones a los derechos humanos han golpeado de manera particular a pueblos afrodescendientes e indígenas y a las comunidades que habitan los territorios rurales y ribereños del departamento.
En este contexto, la postura del gobernador Luis Alfonso Escobar de defender los avances alcanzados en materia de paz territorial y de insistir en que las decisiones sobre seguridad deben considerar las realidades y resultados de los territorios representa una voz necesaria en la defensa de la vida. La paz no puede reducirse únicamente al tratamiento armado de los conflictos: requiere transformaciones sociales, presencia integral del Estado, garantías para las comunidades y acciones que respondan a las causas estructurales de la violencia.
Abandonar los esfuerzos de diálogo o desconocer los avances construidos en los territorios puede profundizar los riesgos de nuevas violencias y vulneraciones a los derechos humanos. La historia de Nariño demuestra que las comunidades han pagado un alto costo por la confrontación armada, expresado en desplazamientos, confinamientos, rupturas del tejido social y afectaciones a la permanencia de los pueblos en sus territorios.
Desde el Proceso de Comunidades Negras – PCN, respaldamos la exigencia de sostener soluciones de fondo que pongan en el centro la dignidad humana, la defensa de la vida y la permanencia de los pueblos en sus territorios. Colombia no puede renunciar a la construcción de la paz ni desconocer que la seguridad duradera exige justicia social, presencia estatal integral y transformaciones reales para las regiones históricamente excluidas.
Defender la vida en Nariño es defender la posibilidad de construir un país más justo y en paz.
