En repudio por el asesinato de la lideresa afrocolombiana Ana Fabricia Córdoba y de denuncia por la negligencia estatal para proteger su vida y su trabajo.
Las organizaciones nacionales reunidas en la Mesa de Organizaciones Afrocolombianas, manifestamos a la opinión pública nuestro más profundo sentimiento de tristeza e indignación por el asesinato de Ana Fabricia Córdoba, reconocida lideresa afrocolombiana de la población desplazada.
Este crimen se suma a la lamentable serie de ataques y amenazas que, de manera sistemática, afectan a hombres y mujeres líderes y comunidades nuestros, tanto en los territorios como en las ciudades a las que llegan masivamente por causa del conflicto armado y donde, de todas formas, no encuentran sosiego ni protección alguna.
La de Ana Fabricia es una historia de persecución y muerte que se repite frente a la mirada indolente de nuestra sociedad. Antes de ser asesinada, fue víctima del desplazamiento, del homicidio de dos de sus hijos, uno de ellos presuntamente a manos de la policía nacional, de amenazas reiteradas y, sobre todo, de la desprotección del Estado y de la indiferencia de una sociedad a la que ya nada compadece.
Queremos a través de este comunicado, responsabilizar al gobierno nacional que se ha mostrado incapaz de proteger a personas que, como Ana Fabricia, emprenden la ardua labor de defender los derechos de los más vulnerables. Rechazamos las declaraciones del Ministro del Interior y de Justicia Germán Vargas Lleras, quien elude su responsabilidad en el hecho de que Ana Fabricia rechazó las incipientes medidas de seguridad y los engorrosos procedimientos que exige ese ministerio para aplicarlas.
Llamamos la atención porque el decreto 3770 que reglamentó el Programa de Protección a víctimas del Ministerio del Interior no fue consultado y manifiesta lo los obstáculos para la tramitación de una solicitud de medidas protectoras; además, la comunidad negra, afrocolombiana, palenquera y raizal se debe a su visión de lo colectivo y como tal, siente que este programa no reconoce la diversidad étnica y cultural, porque no admite medidas de protección más que las individuales, sin mencionar la grave tendencia estatal a reforzar enfoques militarizados de la seguridad, antes que a investigar las causas y sus responsables.
Rechazamos igualmente las declaraciones del Ministro de Defensa, Rodrigo Rivera, quien hizo un absurdo llamado a los lideres y lideresas de procesos sociales, a tomar en serio las amenazas que reciben, cuando quienes no las han tomado en serio son precisamente las autoridades y, sobre todo su cartera, que no ha hecho nada por develar y enfrentar las relaciones que hay entre unidades de la fuerza pública y miembros de grupos armados ilegales.
Exigimos a la Fiscalía General de la Nación adelantar con celeridad las investigaciones que conduzcan a ubicar a los responsables de este crimen que clama por justicia. Igualmente le exigimos que muestre resultados sobre las denuncias de amenazas que muchos de nosotros y nosotras hemos interpuesto ante esa institución.
Por último, reclamamos del gobierno nacional un compromiso efectivo en la protección de las y los líderes, comunidades y territorios afrocolombianos, de cara a los procesos de discusión y consulta sobre reparación y restitución que pretendemos iniciar de acuerdo con los procesos sobre consulta para la Ley de Víctimas con comunidades negras, afrocolombianas, palenqueras y raizales.
Paz en la tumba de Ana Fabricia. Movilización, lucha y resistencia en las ciudades y en los territorios por los derechos que defendió.
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