Habitantes del río San Juan en el departamento del Chocó denuncian represión violenta por parte de las fuerzas armadas colombianas. Según testimonios directos de la población, uniformados pertenecientes a la Brigada 23 del Ejército Nacional y a la Armada ingresaron de forma violenta a los territorios ancestrales, sometiendo a las comunidades del pueblo negro y a poblaciones indígenas a agresiones físicas, verbales y a un sistemático perfilamiento.
Durante los operativos, dos jóvenes resultaron golpeados y agredidos físicamente por miembros de la Fuerza Pública. Además, los pobladores alertan que los militares destruyeron lanchas y embarcaciones civiles, herramientas esenciales para la movilidad, el abastecimiento y la supervivencia comunitaria. A esta violencia física y material se suma la estigmatización constante de la Fuerza Pública, que responsabiliza a las comunidades de las acciones armadas ejecutadas por los grupos al margen de la ley que operan en la subregión. A pesar de que los propios habitantes grabaron los hechos, los uniformados negaron la veracidad de las denuncias.
Crítica a la cobertura mediática y falta de precisión
Resulta alarmante la cobertura dada por diversos medios de comunicación nacionales frente a las operaciones aéreas y operaciones en la zona. Reportes recientes difunden cifras preliminares de bajas y bombardeos atribuidos a la ofensiva estatal sin ofrecer coordenadas exactas ni precisar si las acciones ocurrieron en inmediaciones de asentamientos civiles o territorios colectivos. La prensa tradicional difunde las versiones oficiales sin contrastar el impacto real sobre la población, invisibilizando la estigmatización y los daños colaterales contra las comunidades originarias.
Frente a la gravedad de los testimonios recopilados y a la angustiosa advertencia de los habitantes sobre el límite de su resistencia, se hace un llamado urgente a los organismos multilaterales, la Defensoría del Pueblo y la personería local para ingresar al territorio. Es prioritario adelantar una verificación independiente de los hechos denunciados y exigir al Estado colombiano garantías plenas para la protección de la vida, la integridad y la dignidad del pueblo negro y de las comunidades indígenas del San Juan, frenando cualquier acción militar que vulnere los derechos humanos.
