La solicitud del Ministerio de Educación de Colombia para derogar la Política Nacional Intersectorial de Sexualidad, Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos enciende las alarmas sobre la garantía de los derechos fundamentales en el país. Esta ruta, formalizada mediante la Resolución Conjunta 1350 del 10 de julio de 2026 por los ministerios de Educación, Salud, Trabajo y Cultura, trazaba un marco de acción de diez años, proyectado entre 2026 y 2035. Su desmonte voluntario por parte de la propia autoridad educativa deja en vulnerabilidad a infancias, adolescencias y juventudes.
Para fundamentar la petición dirigida a la Presidencia, la ministra Ilva Myriam Hoyos argumentó cuestionamientos jurídicos sobre la vulneración de la autonomía escolar y el derecho de las familias a elegir la educación de sus hijos. A esto se sumaron reparos sobre la viabilidad presupuestal a largo plazo y la capacidad de fijar obligaciones curriculares extensas a través de un acto administrativo. Sin embargo, estas objeciones administrativas abren la puerta al debilitamiento de contenidos transversales indispensables en las aulas.
Este movimiento se alinea con giro en la postura internacional de Colombia. En semanas recientes, el país se desmarcó conceptualmente de las nociones multilaterales sobre derechos sexuales y reproductivos en foros de la ONU, mientras retiraba su participación de la Coalición por la Igualdad de Derechos (ERC). Adicionalmente, el Gobierno nacional acotó su interpretación del término género a los marcos restrictivos del Estatuto de Roma, reduciendo la lectura amplia de diversidad a fórmulas orientadas únicamente a la no discriminación.
Garantizar la educación sexual integral y el libre desarrollo de la personalidad no es un asunto coyuntural ni un debate de oportunidad ideológica. Se trata de una herramienta de salud pública y prevención social fundamental para erradicar violencias, abusos y embarazos no planeados. El desmantelamiento de consensos institucionales en favor de posturas restrictivas sienta un precedente delicado para la democracia, pues la protección ciudadana no puede quedar subordinada a los vaivenes de cada administración.
