Alertamos al Pueblo Negro, pueblos indígenas, comunidades campesinas y organizaciones sociales del Putumayo frente al anuncio de una prueba piloto de aspersión aérea de cultivos de uso ilícito, prevista entre el 12 y el 17 de septiembre.
Esta no es una actuación que pueda realizarse desconociendo los derechos de quienes habitan y sostienen estos territorios. El propio Decreto 380 de 2021 establece que cuando la aspersión aérea sea susceptible de afectar directamente a comunidades étnicas debe adelantarse consulta previa, conforme al Convenio 169 de la OIT, incorporado al ordenamiento colombiano mediante la Ley 21 de 1991. La protección de las comunidades del Pueblo Negro también encuentra sustento en la Ley 70 de 1993 y en el artículo 76 de la Ley 99 de 1993.
La Resolución 007 del 18 de agosto de 2026 del Consejo Nacional de Estupefacientes autoriza una fase experimental de aspersión aérea con glufosinato de amonio. Según el acto reportado, el piloto es temporal, limitado y evaluable, y busca precisamente producir evidencia sobre eficacia, deriva y riesgos para la salud y el ambiente. Por tanto, no existe fundamento para tratar los posibles impactos como un asunto ya resuelto.
Exigimos al Gobierno Nacional, al Consejo Nacional de Estupefacientes, al Ministerio de Justicia, al Ministerio del Interior y a las autoridades ambientales garantizar, antes de cualquier intervención, los derechos fundamentales y colectivos de las comunidades que puedan resultar directamente afectadas.
Putumayo no puede convertirse en un laboratorio de aspersión aérea a costa de los territorios, las fuentes de agua, los cultivos de pancoger, la biodiversidad y las formas de vida de sus comunidades.
La erradicación de cultivos de uso ilícito no está por encima de la Constitución ni de los derechos étnico-territoriales.
El territorio se respeta. Los derechos se garantizan.
