La posibilidad de que el gobierno de Abelardo de la Espriella tramite el retiro de Colombia de la Corte Penal Internacional y denuncie el Estatuto de Roma representa un retroceso sin precedentes para el Estado social de derecho. Esta medida desmantela la última red de protección internacional que tienen las víctimas de crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y violaciones masivas a los derechos humanos cuando los tribunales nacionales son cooptados o resultan ineficaces.
Afectación a la soberanía real y el aislamiento internacional
Retirarse del sistema del Estatuto de Roma bajo la bandera de la soberanía es una falacia. La verdadera soberanía democrática no consiste en el aislamiento de las salvaguardas universales ni en la impunidad para quienes ejercen el poder. Por el contrario, la adhesión a tribunales internacionales fortalece la legitimidad de las instituciones nacionales y garantiza que ningún actor estatal o al margen de la ley esté por encima de la justicia. Desvincularse de la Corte Penal Internacional debilita la posición diplomática del país y lo deja expuesto a doctrinas de impunidad.
Riesgo sobre la justicia no repetitiva y la impunidad
La presencia de la Corte Penal Internacional ha operado como un contrapeso clave para garantizar el cumplimiento de las garantías de no repetición y el juzgamiento genuino de graves atrocidades. Abandonar el Estatuto de Roma debilita de manera directa la arquitectura de la justicia transicional y deja en la desprotección los procesos contra máximos responsables de crímenes de guerra. Sin una supervisión internacional subsidiaria, se abre la puerta a la impunidad estructural sobre el despojo de tierras y las ejecuciones sistemáticas.
Encrudecimiento del paramilitarismo y reconfiguración armada
El impacto más grave en los territorios rurales y étnicos es la reactivación y el fortalecimiento de las estructuras paramilitares y del crimen organizado. La pérdida de la supervisión complementaria de la Corte Penal Internacional envía un mensaje de permisividad hacia los grupos armados ilegales. Sin la amenaza de investigaciones internacionales por crímenes de lesa humanidad, el paramilitarismo encuentra un escenario propicio para expandir el despojo, el desplazamiento forzado y el silenciamiento de los liderazgos comunitarios.
