La noche del 11 de agosto de 2026, las comunidades rurales de El Tarra, San Calixto y Tibú revivieron el terror de la guerra con intensos bombardeos aéreos ejecutados alrededor de las 11:00 de la noche. La acción militar, confirmada como el primer bombardeo del gobierno de Abelardo de la Espriella contra el ELN, dejó un saldo preliminar de dos combatientes muertos, pero golpeó de manera directa a las comunidades campesinas. Habitantes de la zona rural de El Tarra reportaron viviendas destruidas y varias personas civiles lesionadas, en medio del despliegue del Comando de Operaciones Especiales (CECOES) enviado desde Bogotá.
Resulta indignante que, mientras el país atraviesa una emergencia humanitaria sin precedentes tras el devastador terremoto en el Chocó y el colapso de infraestructuras en el Pacífico, las prioridades del Ejecutivo se enfoquen en la escalada bélica. Mientras faltan helicópteros para llevar agua, medicinas y rescatistas a municipios incomunicados, sobra combustible y capacidad operativa para lanzar bombas sobre los territorios rurales del Catatumbo. La respuesta institucional ante el dolor y la crisis vuelve a ser el uso desmedido de la fuerza sobre las periferias.
Injerencia geopolítica y la doctrina del enemigo interno
Estos ataques no ocurren en el vacío. Responden a la alineación del actual gobierno con doctrinas militares impulsadas por los Estados Unidos e Israel, centradas en la contrainsurgencia agresiva, el uso desproporcionado del fuego aéreo y la militarización del territorio. La injerencia de estos actores en materia de inteligencia, equipamiento e ideología de seguridad hemisférica impone una lógica donde los derechos de las poblaciones rurales y el Derecho Internacional Humanitario son relegados en nombre de la efectividad militar.
Alerta sobre los procesos de paz y la transformación del campo
Desde las organizaciones comunitarias y sociales hacemos un rechazo tajante a la reanudación de los bombardeos aéreos. Esta estrategia bélica pone en grave riesgo los avances construidos por las propias comunidades en los programas de sustitución de cultivos de uso ilícito, el acceso a la tierra, la restitución y los procesos de desmovilización y reincorporación.
Los bombardeos no solo destruyen casas y hieren civiles, sino que rompen la confianza comunitaria, generan desplazamiento forzado y dinamitan las apuestas de desarrollo propio que buscan transformar la economía rural. No se puede hablar de paz ni de desarrollo mientras los aviones de guerra sobrevuelan y bombardean las parcelas de las familias campesinas.
Exigimos el cese inmediato de las acciones militares que pongan en peligro a la población civil, el respeto estricto al DIH y la garantía de que el Estado priorice la inversión social y la paz concertada por encima de la guerra.
Referencias y fuentes:
https://conferenciaclacso.org/programa/resumen_ponencia.php?&ponencia=Conf-1-4175-2553&eje=6
