BALANCE POLÍTICO Y TERRITORIAL SOBRE EL PROYECTO DEL EMBARCADERO TURÍSTICO DE BUENAVENTURA
Hoy, 7 de mayo de 2026, el Movimiento Social del Paro Cívico de Buenaventura presentó en rueda de prensa el balance oficial de la Mesa de Territorio, Vivienda e Infraestructura, escenario en el que se socializaron los resultados de la mesa técnica de alto nivel desarrollada el pasado martes 5 de mayo en la ciudad de Cali alrededor del proyecto de remodelación del Embarcadero Turístico.
Desde el Proceso de Comunidades Negras – PCN, reconocemos la importancia de este balance como un ejercicio de defensa territorial, gobernanza comunitaria y exigibilidad de los acuerdos construidos históricamente por el pueblo negro de Buenaventura en el marco del Paro Cívico.
Durante la jornada quedó establecido un principio político y jurídico fundamental: los acuerdos del Paro Cívico poseen carácter vinculante y están refrendados por la Ley 1832, constituyéndose en la sombrilla jurídica obligatoria para la implementación de lo dispuesto en la Ley de Distrito Especial de Buenaventura de 2013. En ese sentido, toda acción institucional o intervención mixta —sea distrital, departamental o nacional— debe ejecutarse estrictamente bajo el marco de los acuerdos alcanzados por el Paro Cívico.
Esta precisión responde a las declaraciones previas de la Gobernación del Valle del Cauca, entidad que había manifestado que sus actuaciones sobre el embarcadero obedecían exclusivamente al cumplimiento de metas contempladas en su plan de desarrollo y no a compromisos derivados del Paro Cívico.
Frente a ello, las vocerías del movimiento social fueron contundentes: si el proyecto fuese completamente ajeno a los acuerdos del Paro Cívico, la Gobernación carecería de competencia política y legitimidad para intervenir la infraestructura actual del embarcadero. En consecuencia, al haberse realizado modificaciones sustanciales sobre una infraestructura existente y estratégica para la ciudad y sus comunidades, la intervención queda automáticamente sujeta al alcance jurídico y político de los acuerdos del Paro Cívico.
Como resultado de este espacio, el Movimiento Social del Paro Cívico dejó claro que no se permitirá ninguna actuación unilateral por parte de la Alcaldía Distrital, la Gobernación del Valle del Cauca, el Instituto Nacional de Vías (INVIAS) ni el Ministerio de Transporte.
Cualquier decisión o ejecución relacionada con el Embarcadero Turístico deberá desarrollarse bajo un ejercicio real de gobernanza compartida, participación efectiva y concertación con las comunidades y los procesos organizativos del territorio, garantizando que las decisiones sobre Buenaventura no continúen tomándose de espaldas al pueblo negro y a las dinámicas comunitarias que históricamente han sostenido el distrito.
Desde el PCN reiteramos que la defensa del territorio no puede reducirse a una discusión sobre infraestructura o desarrollo urbano. Lo que está en juego es el derecho de las comunidades negras a participar de manera efectiva en las decisiones que afectan sus territorios, sus formas de vida y su permanencia histórica en Buenaventura.
El cumplimiento integral de los acuerdos del Paro Cívico continúa siendo una obligación política y legal del Estado colombiano.
