La reciente actualización de la Jurisdicción Especial para la Paz que eleva a 7.837 el número de víctimas de ejecuciones extrajudiciales en Colombia, es un golpe a la impunidad y un recordatorio de la barbarie estatal.
No son 6.402 como se documentó inicialmente. Son 7.837 vidas arrebatadas bajo una política sistemática de muerte que buscó presentar resultados operacionales a costa de la sangre de civiles inocentes. Este hallazgo reafirma que la búsqueda de la verdad es un camino doloroso pero ineludible.
Por su parte, la sociedad colombiana y las instituciones tienen el deber de esclarecer los hechos y no solo quiénes apretaron el gatillo sino desmantelar a quiénes diseñaron, ordenaron y encubrieron esta maquinaria criminal desde las más altas esferas del poder.
Por eso acuñamos, que las garantías de no repetición solo serán posibles cuando el Estado asuma su responsabilidad absoluta y se desmonte por completo cualquier doctrina que conciba a los ciudadanos como objetivos de guerra.
Más allá de las cifras, este es un momento para reivindicar la lucha incansable de las madres de familias y las organizaciones que durante décadas se enfrentaron al negacionismo y a la estigmatización.
Por consiguiente, hablar de reparación en medio de un daño tan profundo e irreversible, resulta complejo. Sin embargo, el reconocimiento público de la inocencia de sus seres queridos la dignificación de su memoria y la sanción a los perpetradores son pasos fundamentales para honrar la dignidad que el Estado intentó arrebatarles.
La justicia debe garantizar que este horror NUNCA más vuelva a ocurrir.
