El despojo en la serranía de San Lucas no es un hecho fortuito sino el resultado de una estrategia sistemática de borramiento y negación de la existencia del pueblo negro. En el sur de Bolívar la riqueza aurífera ha sido el motor de lo que se denomina políticas de la muerte donde la vida de las comunidades es invalidada para dar paso a la gran minería.
Personajes como Abelardo de la Espriella aparecen vinculados a este entramado mediante maniobras jurídicas que permitieron transformar una organización comunitaria en una empresa privada controlada por intereses ajenos al territorio. El caso de la mina Walter evidencia cómo la invalidación jurídica precede al desplazamiento físico. Mientras las autoridades y los representantes legales de la empresa Minecar Gold SA sostienen ante el Estado que no existe presencia del pueblo negro en la zona los documentos oficiales demuestran que el Consejo Comunitario de Afrodescendientes del Alto Caribona tiene personería jurídica desde hace más de una década. Esta negación deliberada permite que el Estado entregue títulos mineros sobre tierras ancestrales ignorando el derecho fundamental a la consulta previa.
La opresión se profundiza con la presencia de grupos paramilitares como el Clan del Golfo que actúan como brazo armado para limpiar el territorio de cualquier resistencia social. El asesinato de líderes y el hostigamiento constante son las herramientas de una política que prioriza la extracción de oro sobre la permanencia de la población. La invalidación del pueblo negro no es solo un trámite administrativo sino un mecanismo de violencia que facilita el saqueo de los recursos naturales mientras se condena a la invisibilidad y a la miseria a quienes han habitado y protegido la serranía durante generaciones.
Para profundizar en esta denuncia técnica y humana resulta indispensable ver el reportaje de Señal Investigativa titulado El oro sucio que salpica a Abelardo de la Espriella y su exsocio. Este trabajo realizado por Señal Colombia y la revista Raya presenta pruebas contundentes sobre el desplazamiento forzado y la corrupción minera en el sur de Bolívar.
