Tras 35 años de la promulgación de la Constitución de 1991, Colombia se encuentra en un momento histórico de revisión y ajuste. Diversas organizaciones sociales, sindicales y del Pueblo Negro han iniciado un proceso para convocar una Asamblea Nacional Constituyente que responda a las realidades actuales que no fueron previstas hace tres décadas o que, estando escritas, no se han materializado en los territorios.
Las Razones del Cambio: De la Teoría a la Realidad Territorial
El balance de estas tres décadas revela deudas estructurales. Si bien la Constitución del 91 consagró derechos económicos, sociales y culturales, en la práctica, la desigualdad persiste. Tres ejes fundamentan esta iniciativa de reforma:
- Cultura de Paz: Es necesario profundizar en un marco constitucional que permita una convivencia armónica real y duradera.
- Ordenamiento Territorial: Existe una preocupación profunda por el tratamiento diferencial que reciben regiones como el Pacífico. Buenaventura, a pesar de ser un distrito clave, no cuenta con el mismo respaldo institucional ni presupuestal que distritos como Bogotá, lo que menoscaba las aspiraciones de su gente.
- Derechos Efectivos: Pasar de los derechos en el papel a la garantía real de condiciones de vida dignas para la población.
El Rol del Pacífico y la Educación
Desde Buenaventura, la organización sindical SUTE, que agremia a más de 2.000 maestros, junto con el Proceso de Comunidades Negras (PCN), lidera este impulso. La educación es vista como el motor de la pedagogía constitucional para que estudiantes y padres de familia comprendan la importancia de este cambio.
La infraestructura educativa en Buenaventura se encuentra en estado de abandono, lo que evidencia la necesidad de transformar el modelo económico y la distribución de recursos. Una nueva constitución permitiría incluso plantear la consolidación del Pacífico como un departamento o una región administrativa autónoma con mayor poder de decisión.
