Los lamentables hechos ocurridos el 22 y 23 de mayo en la finca San Rafael, corregimientos de Mazamorrero en Buenos Aires y Santander de Quilichao –Cauca, Colombia, ha generando toda clase de versiones sobre cómo afrodescendientes e indígenas resolvemos nuestros conflictos. A lo cual debemos afirmar enfáticamente que tanto ambos pueblos siempre hemos recurrido al diálogo y la concertación para resolver nuestros problemas.
Confiamos en que la justicia colombiana aclare los hechos, desde la agresión inicial que sufrimos los afros, pasando por los momentos de caos y confusión, hasta el fatal desenlace que cobró la vida de un joven indígena, varios heridos de lado y lado y pérdidas materiales.
Los habitantes de Mazamorrero ancestralmente hemos hecho aprovechamiento de la finca San Rafael en desarrollo de nuestras actividades de producción agrícola y pecuaria como una actividad socio-económica y cultural para nuestra supervivencia étnico-cultural y la permanencia en el territorio. En este sentido el pastoreo, la agricultura y corte de leña en ese territorio no se ha visto interrumpida desde los tiempos en que teníamos posesión legal de la finca, ya que siempre se ha respetado esta tradición. Las comunidades negras de los corregimientos de Mazamorrero hicieron solicitud de adjudicación o compra de la finca San Rafael al INCODER en el 2006 y en otras ocasiones.
En el año 2007 la gobernación del Cauca a través de un decreto reconoció que el territorio en el que se encuentra la finca san Rafael es territorio ancestral afrodescendiente.
En el año 2006 el gobierno nacional identificó 10 pilotos para procesos de reparación por afectaciones del conflicto armado interno en Colombia. Para el tema de reparación integral colectiva en grupos étnicos, mediante un proceso de concertación se definió el municipio de Buenos Aires como uno de los 10 pilotos. Aquí las comunidades negras de Buenos Aires entre otros terrenos identificamos y priorizamos la finca San Rafael para que fuera asignada o adjudicada como una parte de la reparación a los daños ocurridos desde el 2001 que tuvo como episodio lamentable la masacre del Naya, asesinatos selectivos y otras formas de violación de nuestros derechos humanos individuales y colectivos y de infracciones al DIH.
Para nuestra sorpresa, los habitantes de los corregimientos de Mazamorrero en Buenos Aires y Santander, el 28 de diciembre de 2007 este Ministerio compra la finca San Rafael para ser asignada a las comunidades indígenas por los daños ocasionados en 1991 en la masacre del Nilo.
Cuando el gobierno nacional compra la finca con la expectativa de entregársela a los indígenas, llegan los compañeros del lejano municipio de Toribio a la finca San Rafael, generando una discusión con las comunidades negras que se encontraban pernoctando en la casa construida en la finca. Discusión porque las comunidades indígenas de Toribio inicialmente solicitaron que nosotros recogiéramos nuestros animales y no continuáramos con nuestras actividades productivas en la finca porque supuestamente era de ellos, nosotros no lo hicimos porque consideramos que la finca es de nosotros, y ya habíamos hecho solicitudes al gobierno nacional para que nos la adjudicara.
Finalmente y apelando a los procesos históricos de convivencia entre los dos pueblos, acordamos entre las dos comunidades hacer uso de la finca de manera conjunta, donde nosotros, los afrocolombianos continuamos con nuestras actividades productivas y hemos venido desarrollando acciones en el sostenimiento de la finca con jornadas de trabajo, y haciendo inversiones en la compra de alambre y trabajo para la construcción de cercos.
Tanto el gobierno nacional como las comunidades indígenas han reconocido públicamente que se cometió un error al comprar tierra para comunidades indígenas en territorio ancestral de comunidades afrocolombianas, tanto así que hasta la fecha de los lamentables incidentes del 22 y 23 de mayo, las tres partes habían acordado la entrega de la finca de San Rafael a la comunidad afrodescendiente de Mazamorrero y llevado a cabo gestiones para hacerlo realidad pero el gobierno colombiano no actuó con celeridad y en consecuencia de reparar el error cometido, dilatando esa solución ya concertada antes de que sucedieran los lamentables hechos.
Exigimos al gobierno nacional que cumpla la sentencia de la CIDH y que compre una amplia porción de tierra a las comunidades indígenas en reparación y por la protección de sus derechos. Pero la protección de esos derechos no da vía libre para violar los derechos ancestrales reconocidos a las comunidades afrodescendientes de Colombia.
Nuestro pleno derecho constitucional y ciudadano de allanar caminos de manera no violenta para el reconocimiento de nuestros derechos no implica que estemos en contra del reconocimiento de los derechos de las comunidades indígenas. Porque ya el gobierno asumió el compromiso de entregarles a los indígenas otra finca en iguales o mejores condiciones. Y atendiendo a los tratados internacionales, sabemos que la CIDH no va a forzar al gobierno colombiano para que en cumplimiento de una de sus sentencias se atropelle los derechos merecidos, conquistados y reconocidos del grupo étnico afrodescendiente en Colombia.
Respetamos que los compañeros indígenas se trasladen de un municipio a otro sin mayores problemas para la ampliación de sus resguardos; pero para nosotros, por el arraigo cultural a este territorio, el que se nos quiera compensar con una finca en otro territorio se constituye en un desplazamiento forzoso por parte del gobierno nacional. Ya que la finca San Rafael es patrimonio ancestral de las comunidades negras de Mazamorrero. Queremos que el gobierno nacional entienda que nuestro interés en la finca San Rafael es un asunto de Integridad Cultural de las comunidades afros de Mazamorrero y de justicia para con nuestras comunidades marginadas y excluidas. Es desde esta realidad de profundo arraigo con estos territorios, que nuestras comunidades hemos priorizando la finca de San Rafael para que el gobierno nacional nos haga su adjudicación.
En el entendido que respetamos la ancestralidad y sentido de pertenencia al territorio y los derechos ancestrales de unos y otros, jamás solicitaríamos tierras para los afrodescendientes en territorio ancestral indígena, a menos que sea fruto de un proceso de concertación con los compañeros indígenas y se surta un proceso de consulta previa y consentimiento previo, libre e informado.
El día 25 de mayo nos informamos, a través del director general de Asuntos de comunidades Indígenas, que la finca San Rafael estaba reservada para los indígenas, en ese caso no tenía la condición de inembargable, imprescriptible e inalienable. Información ratificada el día 31 de mayo por el representante del INCODER en la mesa de concertación cuando manifiesta que la finca se encuentra hoy en propiedad del Ministerio del Interior y que el trámite para ser adjudicada como resguardo a los indígenas se encuentra suspendido producto de los hechos narrados anteriormente del conflicto interétnico y que se encuentran en competencia dos derechos de igual valor, reconocimiento y merecimiento y que de igual manera la Constitución y las leyes nacionales e internacionales amparan tanto a afrodescendientes como a indígenas.
Reconocemos los acuerdos para la convivencia pacífica como un mecanismo transitorio, mientras se hace el reconocimiento de los derechos de las comunidades negras y comunidades indígenas sin implicar que el derecho de unos esté por encima del derecho del otro.
En todo caso, en cumplimiento de la ley 21 del 1991 (Convenio 169 de la OIT), el Ministerio del Interior y de Justicia para comprar un predio en territorio ancestral de comunidades negras con la expectativa de entrega a un tercero y en este caso la finca San Rafael a los indígenas, tiene que desarrollar un proceso de consulta previa y consentimiento previo, libre e informado, derecho fundamental que también fue violado a la comunidad afro de Mazamorrero. En una reunión la anterior viceministra María Isabel Nieto puso de manifiesto que a los indígenas se les informó de este asunto y los indígenas dijeron que se encargarían de ese proceso, proceso que nunca se realizó.
En tal sentido estamos reclamando del gobierno nacional lo siguiente:
1. Para garantizar la integridad étnica y cultural de las comunidades negras, revocar para modificar el acto administrativo que generó la compara de la finca San Rafael para posteriormente ser entregado a los indígenas y se le adjudique a las comunidades negras de Mazamorrero.
2. Que el ministerio del Interior y de Justicia identifique otro bien de igual o mejor condición y se lo asigne a las comunidades indígenas en cumplimiento de la sentencia de la CIDH y se compense a los indígenas por lo invertido en la finca San Rafael. En ese sentido ya el gobierno ha puesto a consideración de las comunidades indígenas predios que se encuentran en propiedad del DNE y compra a través del INCODER.
3. Que los indígenas desocupen la finca San Rafael en la mayor brevedad de tiempo y sea asignada en propiedad a las comunidades negras de Mazamorrero.
4. Se implemente inmediatamente las medidas previstas en el auto 005, de manera urgente -que por cierto está pasado de tiempo en su cumplimiento-, las órdenes de caracterización de los territorios ancestrales y los planes específicos de protección, con la participación activa y directa de los consejos comunitarios y organizaciones étnico-territoriales de la región étnico-cultural del Norte del Cauca.
5. Por último y no menos importante solicitamos que el gobierno nacional diseñe e implemente una política integral de tierras para comunidades afros en Colombia con la participación directa de los consejos comunitarios y las organizaciones étnico-territoriales.
Como afros no acudimos a métodos violentos para que se nos reconozca nuestros derechos, ni ponemos nuestros derechos por encima de los derechos de los demás. Por eso hemos allanado todos los caminos para llegar a los acuerdos de convivencia. Confiados en que el gobierno nacional rectifique el error cometido, nosotros seguimos en la mejor disposición y actitud de escucha y respeto para que ningún derecho ni de indígenas ni de afros sea vulnerado.
Atentamente;
Comunidades afrodescendientes de Mazamorrero Buenos Aires y Santander de Quilichao, Cauca, Colombia
Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca-ACON
UOAFROC
Mesa de Tierras Departamental
Proceso de Comunidades Negras en Colombia PCN.
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