CINCO AÑOS SIN VERDAD, JUSTICIA Y REPARACIÓN

“Se aprovecharon de sus sueños para acabar con sus vidas”

El pasado 19 de abril del 2010 se cumplieron cinco años de la planeada cruel masacre de doce jóvenes afrodescendientes de la comuna cinco de Buenaventura, ocho del barrio Punta del Este, 3 de Santa Cruz, y el último joven no fue identificado plenamente; uno de los tantos hechos dolorosos que han marcado al puerto de Buenaventura en los últimos diez años de agudeza del conflicto armado, violencia sociopolítica e intereses económicos nacionales y trasnacionales. Personas de la comuna cinco, amigos, familiares de las víctimas, organizaciones sociales y un número significativo de diferentes comunas de Buenaventura en este día pedían y exigían: verdad, justicia, reparación y la no repetición de hechos como esos.

El día 19 de abril del año 2005 doce jóvenes entre 17 y 23 años de edad fueron sacados de sus respectivos, bajo el engaño de jugar un partido de fútbol, donde cada uno se ganaría doscientos mil pesos ($200.000); para llegar hasta el lugar donde se realizaría el partido de fútbol, una persona conocida del barrio trasportó en moto a cada joven hasta el barrio vecino, Santa Cruz donde los reunió a todos y un micro-colectivo los esperaba para llevarlo hasta donde se jugaría supuestamente el partido de fútbol.

Las víctimas fueron obligadas a llegar directamente al lugar donde ocurrió la masacre, después de dos días fueron encontrados por sus familiares con evidentes señales de tortura, quemaduras con ácido e impactos de bala con tiros de gracia en sus cabezas. Un joven de los procesos comunitarios del barrio, amigo y familiar de las víctimas dice:

Ellos se dejaron llevar por la ilusión de la plata, pues los tiempos estaban duros y doscientos mil pesos caían bien, además que quien invitaba era una persona conocida, pero nadie imaginó lo que podría ocurrir. Lo que le hicieron a los muchachos, no se hace. Por ejemplo a mi primo le penetraron una varilla de construcción por su pene, a otro le sacaron los ojos y otro murió de infarto por la impresión. Algunos jóvenes se salvaron de morir así, pues al colectivo llegaron más de quince pero algunos por sospecha tomaron la decisión de bajarse del vehículo.

Tras cinco años de este cruel hecho, las autoridades judiciales no han responsabilizado a todos los autores materiales, mucho menos a los intelectuales, además de las cientos y miles muertes de  afrocolombianos y afrocolombianas en la impunidad. Las cifras oficiales de Medicina Legal, muestran que para el año 2006 hubo 592 homicidios en Buenaventura, en el 2007 se presentaron 527 asesinatos, en el 2008 el conflicto armado cobró 360 y en el año 2009 los muertos por homicidios ascendieron por los menos a 321, sin sumar once feminicidios, además las innumerables desapariciones forzadas como táctica nueva del paramilitarismo. Con las anteriores cantidades se calculan que anualmente se presentan entre 390 y 400 asesinatos, y en los últimos ocho años más de 1.520 muertos.

No es secreto que en los últimos diez años la guerra se ha recreado con una gran intensidad en   Buenaventura y el Pacífico, con fines de expropiación territorial que para desalojar y desarraigar a las comunidades negras y afrocolombianas asentadas con más de 470 años, valiéndose de estrategias como desaparición forzada, provocación de desplazamientos, masacres, abuso sexual entre otros métodos, lo que indica claramente que la violencia en Buenaventura es consecuencia de intereses económicos y que la seguridad democrática es un fracaso en territorios como estos, pues en los barrios se mantiene el control y presencia de los grupos armados al margen de la ley, como también pone en evidencia que el Plan Nacional del gobierno de consolidación no es real, y por el contrario es una política de des-poblamiento del territorio étnico ancestral.

Es importante señalar que la crisis humanitaria y de empobrecimiento económica que vive Buenaventura, desentona con el aporte de la ciudad como puerto a la Nación permitiéndole movilizar por su territorio más del 60% del tráfico marítimo y el 80% de la producción cafetera, es decir, con operación portuaria de 15 millones de toneladas por año, pero el Consejo Nacional de Política Económica y Social – Conpes 3410 nos está diciendo que el 80,6% de la población de Buenaventura vive en situación de pobreza y el 43,5% en indigencia por falta de oportunidades laborales y de políticas públicas que resuelva las necesidades básicas, además de tener el 29% de desempleo y subempleo 35%, y la cobertura del agua potable llega al 55% de los hogares, mientras el 65% no tiene alcantarillado ni saneamiento básico[1]. La única manera de entender la ausencia del Estado y negligencia es su interés en la zona para la inversión de sumas considerables de capital privado para la ejecución de grandes macroproyectos[2] de “interés nacional” e internacional vulnerando las condiciones de vida y ancestralidad de la población, por la anterior razón, en la coyuntura actual es eminente el desalojo de los barrios de bajamar[3].

Lo anterior es la realidad cruda que afecta a los afroporteños/as, especialmente a las y los jóvenes, exponiéndolos de presa fácil a las seducciones y acciones de los grupos armados ilegales y legales. Las y los jóvenes de Buenaventura constituyen un factor demográfico de gran importancia que genera demandas de empleo, ampliación de mercado laboral, servicios de educación, vivienda, salud y recreación, responsabilidad que es evadida por el Estado Colombiano; volviendo a tiempos malditos de esclavitud y etnocidio con las comunidades negras y afrocolombianas. Después de cinco años no es difícil decirle al país y la comunidad internacional, que Buenaventura fue de las primeras ciudades con habitantes víctima de los falsos positivos y de la seguridad democrática con la desaparición, secuestro y masacre de los doce jóvenes, además de repetirse con carro bomba en la ciudad para justificar la reelección de la “inseguridad” democrática, la corrupción y el maquiavélico triangulo bélico del narco-paralimilitarismo-político.

HOY LA COMUNIDAD DE BUENAVENTURA , LAS ORGANIZACIONES LOCALES Y AMIGAS NACIONALES E INTERNACIONALES EXIGEN A LAS AUTORIDADES JUDICIALES NACIONALES E INTERNACIONALES:

–          Conocer los responsables intelectuales y materiales de la masacre y establecer la responsabilidad de la Fuerza Pública y demás funcionarios estatales, según los indicios.

–          Que no se cometan  abusos de autoridad, detenciones arbitrarias, retenciones y se respete el derecho a la objeción de conciencia de los jóvenes que presente la declaratoria.

–          Que se respeten  los derechos humanos, los derechos colectivos de las comunidades negras y el derecho internacional humanitario.

SE SOLICITA A LAS ORGANIZACIONES INTERNACIONALES:

–          Ayudar a construir un monumento en el barrio Punta del Este en memoria de los jóvenes asesinados, que fortalezca el proceso organizativo actual de los jóvenes, permitiendo eliminar sentimientos de involucramiento en el conflicto.

Para información relacionada visite los siguientes link:

–          www.renacientes.org – exterminio de la población joven y adolescente de Buenaventura

–          http://www2.ohchr.org/english/issues/minorities/expert/index.htm – Declaración de la Experta Independiente de las Naciones Unidas sobre Cuestiones de las Minorías, Conclusiones Preliminares de su visita oficial a Colombia (1 al 12 de febrero de 2010)

–          www.justiciaypazcolombia.org – en memoria de los docehttp
://justiciaypazcolombia.com/Rechazamos-imputacion

[1] Consejo Nacional de Política Económica y Social – Conpes 3410. Febrero 20 de 2006.

[2] Puerto Industrial de Aguadulce, expansión del Puerto de la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura, Centro de productividad de la Pesca, Puerto Industrial Delta del Río Dagua, Centro de Productividad de la Madera, Complejo Industrial y portuario, Centro de Actividades Económicas- CAE, Zona de Expansión Industrial, Aeropuerto Internacional de Carga, Vía Perimetral, Terminal de Contenedores de Buenaventura – TCBUEN y Macroproyecto de vivienda de interés social y nacional.

[3] Bajamar es la zona cerca a los manglares y esteros. Más de 3.600 familias habitantes de estos barrios serán objeto de reubicación masiva; lo que constituye una violación a los derechos colectivos reconocidos y  consagrados en la constitución nacional de 1.991, como también a la consulta previa prevista en el convenio 169 con la OIT en los artículos 6 y 7.