El 12 y 13 de agosto de 2009 se llevó a cabo, en el marco de la 75ª sesión del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CEDR) de la ONU, la evaluación al Estado Colombiano sobre su cumplimiento a las obligaciones derivadas de la Convención Internacional para la Eliminación de la Discriminación Racial. Se trata de la primera evaluación en 10 años, dado el incumplimiento del Estado colombiano, desde 1998, de su deber de enviar informes al Comité cada dos años.
Antes del examen, el Comité escuchó a una coalición de organizaciones de la sociedad civil colombiana que presentaron informes e hicieron peticiones relacionadas con la situación de los pueblos indígenas y la población afrocolombiana. Participaron la ONIC, el Proceso de Comunidades Negras, Afrodes, el Programa de Justicia Global y Derechos Humanos de la Universidad de los Andes, la Comisión Colombiana de Juristas, Dejusticia, Centro Internacional para el Monitoreo del Desplazamiento y Global Rights. En los informes y en la sesión, las organizaciones expresaron preocupaciones sobre la ausencia de legislación y acciones judiciales contra la discriminación, la falta de estadísticas oficiales detalladas sobre los grupos étnicos, la violencia y el desplazamiento forzado de las que son víctimas las comunidades negras y los pueblos indígenas, la violación del derecho a la consulta previa y de los territorios étnicos, y las desventajas de los grupos étnicos en todos los indicadores de bienestar y derechos sociales.
En la sesión de evaluación del Estado colombiano, que duró seis horas, el Gobierno colombiano respondió a las preguntas del Relator encargado de Colombia (Ion Diaconou, de Rumania) y los demás miembros del Comité. Las preguntas abarcaron una gama amplia de temas, incluyendo las repercusiones del conflicto armado en la población perteneciente a los grupos étnicos, el desplazamiento interno, la marginación económica y social de los miembros de grupos étnicos, y la producción de cifras con inclusión de la variable étnico-racial.
En sus respuestas, la delegación del Estado colombiano –encabezada por Angelino Garzón, Embajador ante la ONU— se refirió principalmente a la violencia ligada a la guerrilla, grupos emergentes y narcotráfico. Anunció además la presentación de dos proyectos de ley, uno sobre igualdad de oportunidades para la población afrocolobiana y otro sobre consulta previa a grupos étnicos. Mencionó la forma de participación política de los grupos étnicos, algunos aspectos de la protección del derecho a la educación, y describió las características de la aplicación de la seguridad democrática en general, entre otros. Brillaron por su ausencia respuestas sobre los derechos al territorio, el derecho a la salud, la dimensión étnica del desplazamiento forzado, y la incidencia de los megaproyectos económicos en las comunidades afrocolombianas y pueblos indígenas.
Al término de la sesión, el Relator Diaconou agradeció la respuesta del Estado y expresó su preocupación por los problemas que persisten en relación con los siguientes temas:
El impacto desproporcionado del conflicto armado sobre indígenas y afrocolombianos.
El desplazamiento, violación de los territorios, reparación, retorno y reposición de tierras despojadas
Las medidas concretas y de corto plazo para enfrentar la discriminación racial.
Las medidas para mitigar la brecha de bienestar y derechos sociales de los pueblos indígenas y comunidades negras en relación con el resto de la población.
Las medidas para enfrentar los problemas de educación con diversidad cultural, incluyendo educación bilingüe para pueblos indígenas.
A finales de este mes, el Comité emitirá sus conclusiones y recomendaciones finales, que deberán ser implementadas por el Estado colombiano. El Comité urgió al Estado a que sostenga un diálogo permanente con la sociedad, las organizaciones étnicas y las ONG de derechos humanos para superar los patrones de discriminación racial que persisten en el país.
Organización Indígena de Colombia
Proceso de Comunidades Negras
Afrodes
Programa de Justicia Global y Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes
Comisión Colombiana de Juristas
Dejusticia
Global Rights