Opinion On Line Comenzar a develar los complejos vínculos entre empresarios y grupos armados es una tarea que debe emprender el país de manera rigurosa y ecuánime.
El pasado abril varios diarios del país registraron la noticia: Contra la compañía Dole Food Co. con sede en Weslake Village (California) cursa una demanda por el pago a grupos paramilitares en sus zonas de operación en Colombia. La demanda, hecha por parientes de 51 asesinados por los paramilitares de las AUC y representados por el abogado Terry Collingsworth, aún está en curso y su desenlace está por verse. Sin embargo, el caso de Dole tiene importantes similitudes con el tan sonado caso de Chiquita Brands, empresa a la que en 2007 y tras admitir el pago a grupos paramilitares un tribunal de Washington le impuso una multa de 25 millones de dólares.
Ahora bien, la condena de Chiquita –aunque mejor que su absolución– no puede sobrevalorarse: la compañía fue condenada por el pago a grupos armados considerados como terroristas por el gobierno de Estados Unidos y no por su participación en violaciones a derechos humanos en Colombia. Falta ver si el resultado en el caso de Dole sigue esta misma línea.
Mientras los tribunales deciden sobre el caso Dole y otros similares, Colombia debe percatarse de la oportunidad que tiene frente a sus ojos: comenzar a escribir un nuevo capitulo de la historia del conflicto que en las últimas décadas ha atravesado la vida de tantos colombianos. El país está en mora de reconstruir la memoria de tantos años de conflicto, reconociendo la multiplicidad de actores que han intervenido en él, la complejidad de sus dinámicas y de tal participación.
Al igual que con el aún inconcluso capítulo de la para-política, el país está frente a la oportunidad de escribir un capítulo igualmente complejo e importante: la para-economía (como algunos ya han comenzado a llamar esta dimensión del conflicto armado en nuestro país) ¿Qué tan dispuestos estamos los colombianos a escribir este nuevo capítulo? ¿Qué tan preparados estamos para hacerlo? Este, sería un capitulo tan complejo como revelador, en el que la reconstrucción de lo ocurrido no puede hacerse de manera maniquea ni apresurada. La rigurosidad, la multiplicidad de fuentes y la cordura son indispensables para hacer bien esta tarea. En otras palabras, escribir este nuevo capitulo implica reconocer que algunas empresas en efecto participaron activamente en el conflicto, pero también que esto no quiere decir que todas las empresas que tienen negocios en Colombia lo hayan hecho.
¿Por qué abrir este capítulo? ¿Por qué Colombia debe darse a la tarea de escribirlo? ¿A quién puede interesar que un capítulo como éste se escriba? En realidad a todos los colombianos, no sólo a las víctimas y sus defensores, también y de manera especial a los empresarios que hoy, a través de sus acciones, vienen contribuyendo a la superación del conflicto y la construcción de paz. El caso de Chiquita y el de Dole, junto con otros, como lo anotó la FIP hace un par de años (Siguiendo el Conflicto No. 49 Abril, 2007), ponen sobre la mesa el tema complejo de los vínculos entre empresarios y grupos armados ilegales en un conflicto armado como el colombiano. En Colombia, develar estos vínculos, así como evitarlos implica una mayor claridad en las reglas de juego para las empresas que operan en el país. Estas reglas, deben mediar entre la complejidad del conflicto colombiano y las tendencias nacionales e internacionales respecto estándares de buena conducta empresarial.
Comenzar a develar los complejos vínculos entre empresarios y grupos armados es una tarea que debe emprender el país de manera rigurosa y ecuánime. Es un primer paso para evitar que la historia se repita y un paso fundamental para afianzar estándares de operación y pautas de conducta empresarial en nuestro país. Esto último es particularmente importante para aquellas empresas (nacionales e internacionales) que hoy operan en Colombia y lo hacen de manera atenta a los Derechos Humanos y la construcción de paz, pues les permite exigir de otras empresas que hagan lo mismo. En otras palabras, comenzar a escribir este capitulo de nuestra historia, es también un primer paso para vincular más ampliamente al sector empresarial en la superación del conflicto y la construcción de una paz sostenible en nuestro país.
Ángela Rivas Gamboa