Indicios de corrupción plantean quienes investigan el trámite de las millonarias compras de armamento para la defensa y seguridad del país. Juan Manuel Galán anuncia debate en el Senado de la República.
Siendo ministro de Defensa de Colombia, Juan Manuel Santos intervino en forma directa para impedir que se cancelara un contrato millonario del ejército con un empresario a quien él ha identificado públicamente como uno de sus mejores amigos, según documentos obtenidos por El Nuevo Herald.
Los documentos del Ministerio de Defensa indican que Santos, quien renunció la semana pasada a su cargo para aspirar a la presidencia de Colombia, dejó sin efectos un trámite mediante el cual altos oficiales de las Fuerzas Armadas querían modificar un contrato de suministro de equipos por $3 millones.
Basándose en estudios técnicos, los oficiales recomendaron otro sistema que consideraban superior al adquirido a la firma Alfonso Jaramillo y Cía., cuyo propietario, Felipe Jaramillo Samper, es el mejor amigo de Santos.
Mediante un convenio entre el gobierno de Estados Unidos y Colombia, la compra había sido adjudicada a la firma de Jaramillo por el ministro que antecedió a Santos. Su objetivo fue adquirir equipos de detección térmica con rayos infrarrojos para ser instalados en aeronaves.
Por decisión expresa de Santos, el negocio con la empresa de Jaramillo no se modificó.
Este y otros contratos son motivo de una investigación por presunto favoritismo que adelanta la Oficina Anticorrupción de la Presidencia de Colombia, según lo confirmó a El Nuevo Herald en abril el director de esa oficina, Oscar Ortiz.
«Los planteamientos de esos papeles [denuncias] son completamente delicados», dijo Ortiz. ‘‘Hay aspectos de operaciones muy importantes de seguridad. No es un asunto para engavetar (…) por lo delicado de la materia, estoy trabajando a todo vapor», agregó.
El Nuevo Herald se comunicó el viernes con la oficina de Ortiz para conocer el estado de la investigación, pero su asistente informó que no se encontraba en Bogotá.
El congresista liberal Juan Manuel Galán dijo a El Nuevo Herald que está preparándose para convocar a Santos a un debate, a fin de que responda por su actuación en los contratos adjudicados a la empresa de Jaramillo.
«Es una coincidencia muy extraña que en todas la grandes contrataciones de Defensa y Seguridad, en donde el país está haciendo su mayor esfuerzo fiscal, pistolas, fusiles, repotenciaciones de los helicópteros, sistemas de radar, los aviones Tucanos, en todas esas contrataciones el señor Felipe Jaramillo, amigo personal del ministro, ha figurado como representante», comentó Galán. «Así que me parece que es una coincidencia que vale la pena investigar».
En una respuesta a un cuestionario de El Nuevo Herald, Santos explicó en abril que su intervención en el caso de los equipos de visión nocturna no implica un conflicto de intereses por cuanto el contrato original fue adjudicado a la empresa de Jaramillo por el anterior ministro, Camilo Ospina, y siguiendo recomendaciones del ejército.
Dijo que se vio obligado a suspender el trámite de modificación del contrato porque el ejército solicitó el cambio al gobierno de Estados Unidos «sin seguir el conducto regular» y debido a que las objeciones no fueron justificadas oportunamente por esa fuerza.
«Hay gente que quiere manchar mi nombre por decisiones que he tomado para hacer más transparente la contratación en el ministerio», dijo en una conversación telefónica.
Santos fue uno de los arquitectos de la operación Jaque, que culminó el julio del año pasado con el exitoso e incruento rescate de la ex candidata presidencial Ingrid Betancourt, tres contratistas estadounidenses y 11 militares colombianos que estaban en poder de las FARC.
En una semblanza de Santos, publicada en uno de los portales de internet del Ministerio de Defensa, el entonces ministro afirmó que sus mejores amigos eran Jaramillo, Felipe López, director de la revista Semana, y el abogado Carlos Urrutia Valenzuela.
Santos reconoció que lo une una larga amistad con Jaramillo, pero negó que haya tenido negocios comunes con él.
«La amistad mía con Felipe Jaramillo precisamente me impide hablar con él sobre temas del Ministerio», respondió al cuestionario de El Nuevo Herald. «Considero que la amistad se basa en el respeto».
Santos explicó que informó sobre su amistad con Jaramillo al Consejo de Ministros y solicitó declararse inhabilitado en los procesos contractuales en los que éste pudiera tener alguna participación, «lo cual fue negado por el Consejo de Ministros».
Las actas del Consejo de Ministros son secretas por ley.
Las denuncias fueron presentadas a la Presidencia de la República por contratistas descontentos que alegan que el Ministerio ha favorecido a Jaramillo, pese a que sus propuestas no siempre son las mejores o las más convenientes para las necesidades de las fuerzas armadas.
También argumentan que el Ministerio abusó del sistema de contratación de gobierno a gobierno para eludir las regulaciones más estrictas que rigen las licitaciones públicas.
La Oficina de la Presidencia recibió además quejas por la adquisición a la firma de Jaramillo de pistolas SIG Sauer en los años 2006 y 2007, a pesar de que en dos oportunidades diferentes (años 2005 y 2006) un comité técnico evaluador consideró que estas armas no cumplían con las especificaciones señaladas y se declararon desiertas ambas licitaciones.
En la segunda licitación varios proponentes se abstuvieron de participar porque consideraban que no había garantías de transparencia.
En una queja enviada al Fondo Rotatorio de la Policía por Margarita Bolívar Ruiz, en nombre de una de las firmas que aspiraba al contrato, la profesional se quejó de que la licitación fue diseñada señalando «características especialísimas» que «sólo sería posible de cumplir por parte de un solo oferente (…) los distribuidores de las armas SIG Sauer».
Entre el 2005 y el 2009 el Ministerio de Defensa ha adquirido un total de $35.2 millones en armas SIG Sauer.
En respuesta a El Nuevo Herald, Santos admitió que dos procesos de licitación fueron declarados desiertos porque las firmas no cumplían con las condiciones técnicas, pero decidieron comprar las armas de todas maneras a través del sistema de gobierno a gobierno por una serie de ventajas. Entre ellas, «desempeño, rendimiento, precisión y versatilidad».
Los contratistas sostienen que las marcas propuestas por ellos cumplían con todas las cualidades que señaló Santos en su carta de respuesta a El Nuevo Herald.
«Teníamos todas las ventajas, menos la de ser amigo de Santos», dijo uno de los contratistas, que pidió no ser identificado para evitar represalias en futuras negociaciones.
La controversia por los equipos infrarrojos se remonta al 7 de julio del 2006, cuando el ejército pidió al jefe del programa de cooperación de seguridad de Estados Unidos, mayor Steven Kaighen, la suspensión de una carta de acuerdo entre los dos gobiernos (LOA, por su sigla en inglés) para la adquisición del sistema Flir Star Safiro. El ejército informó al oficial estadounidense que la LOA sería sometida a una revisión técnica.
Para esta fecha, Ospina, el anterior ministro, ya había firmado el acuerdo para la adquisición del sistema Flir Star Safiro con la empresa de Jaramillo.
En un oficio dirigido en septiembre del 2006 al funcionario estadounidense, el coronel Hernán Santamaría Grimaldo, director de Aviación del Ejército, expresó su deseo de cambiar los equipos de rastreo óptico infrarrojo por el sistema Flir Wescam MX-15.
Para sustentar su petición, Santamaría aportó varios informes internos que favorecían el equipo Wescam, incluyendo un reporte elaborado desde diciembre del 2004 en el que se evaluaban ambas propuestas. El Wescam obtenía mejores calificaciones.
Este reporte, firmado por el brig
adier general Julio Alberto González Ruíz, señaló que el equipo Wescam superaba al Flir Star Safiro de Jaramillo en definición de la imagen, tenía un rayo láser iluminador más potente y la resolución del monitor y el diseño eran mejores, entre otros aspectos.
La decisión de los altos oficiales del ejército de solicitar la modificación de la LOA disgustó a Santos. Según explicó en su respuesta a El Nuevo Herald, las LOA y sus enmiendas son de competencia del ministro y se tramitan a través de la dirección de finanzas del Ministerio. Una vez revisadas se someten a la firma del ministro para luego remitirlas al Grupo Militar USA.
Santos afirmó que cuando existen solicitudes de cambios técnicos en las contrataciones, es procedimiento usual solicitar las justificaciones del caso a la fuerza respectiva, pero pasaron 14 días y no se produjeron, lo que llevó al ministro a solicitar que se cancelara la solicitud de modificaciones.
«Por instrucciones del señor ministro de Defensa le solicito no dar trámite a la modificación de la LOA», escribió el secretario general del Ministerio, Luis Manuel Neira Núñez, al director de finanzas de ese organismo.
Sin embargo, al decimoquinto día, el ejército explicó la razón de su solicitud en un oficio en el que ratificaba la superioridad técnica del equipo Wescam.
Este oficio contó con el respaldo del comandante de la Armada Nacional, el director de inteligencia interna de la Armada Nacional, el comandante de la Aviación Naval, el batallón de Inteligencia de Alta Movilidad y el comandante del Comando Aéreo de Combate No.1 de la Fuerza Aérea Colombiana.
Aún así, el contrato no sufrió ningún cambio.
POR GERARDO REYES
GREYES@HERALD.COM