Desde las cinco de la mañana del jueves 5 de noviembre, el corregimiento de Timba, en la zona rural de Buenos Aires, al norte del Cauca y en límites con el Valle, vive horas de angustia por los enfrentamientos entre tropas de la Tercera División del Ejército Nacional y la estructura Jaime Martínez de las disidencias de las Farc, que según los primeros reportes recibió a disparos a los militares cuando ingresaron al corregimiento en vehículos blindados.
Los combates, en los que participaron más de 250 uniformados con apoyo de helicópteros, se desarrollaron en medio de la población civil, de manera que las familias de Timba han tenido que encerrarse en sus casas mientras se escuchaban las ráfagas de fusil, sin poder salir a trabajar, abastecerse de alimentos, llevar a sus hijos a la escuela o buscar atención médica. Eso tiene un nombre, confinamiento, y es una de las formas más silenciosas y desgastantes en que la guerra golpea a las comunidades rurales.
Los reportes preliminares hablan de un soldado muerto y de un presunto cabecilla de la estructura armada abatido, además de la posible retención de dos vehículos blindados cerca del puente de Timba, datos que todavía esperan confirmación oficial. Lo que sí es evidente es que la comunidad quedó una vez más atrapada en el fuego cruzado.
Timba no es un caso aislado, porque el corregimiento ya ha sido blanco de ataques en años anteriores y la Defensoría del Pueblo advirtió recientemente que cerca de 47.000 personas en el Cauca resultaron afectadas por desplazamientos masivos y confinamientos entre enero de 2024 y junio de 2026.
Un llamado al Ejército Nacional
Reconocemos la responsabilidad del Ejército de enfrentar a los grupos armados ilegales, pero hacemos un llamado respetuoso y firme para que en cada operación en Timba se ponga por delante la vida y la dignidad de sus habitantes, lo que implica respetar los principios de distinción, precaución y proporcionalidad del Derecho Internacional Humanitario, evitar que los combates se desarrollen junto a viviendas, escuelas y centros de salud, y abstenerse de ocupar o usar bienes civiles.
Pedimos también que, en coordinación con la Defensoría del Pueblo, la Personería y la Alcaldía de Buenos Aires, se garanticen corredores humanitarios, el acceso a alimentos, agua y atención en salud, y un censo de las afectaciones, y que la comunidad reciba información clara y oportuna sobre lo que ocurre en su territorio.
Recordamos igualmente que la estructura Jaime Martínez y cualquier grupo armado tienen la obligación de no involucrar a la población en la confrontación, porque disparar en medio de un caserío expone a familias enteras que nada tienen que ver con esta guerra.
La seguridad no puede construirse a costa de quienes habitan el territorio, y proteger a Timba es, ante todo, proteger el derecho de su gente a vivir sin miedo.
