Frente al recrudecimiento de las ejecuciones extrajudiciales y el sesgo racial de la violencia policial
Colombia, 6 de octubre de 2026
El Proceso de Comunidades Negras en Colombia – PCN, red de más de 140 organizaciones afrodescendientes que desde 1993 defiende los derechos ancestrales, territoriales y colectivos del pueblo negro, se dirige a la opinión pública nacional e internacional, a las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, a las organizaciones de derechos humanos y a las instituciones del Estado, para expresar su más enérgico rechazo frente a la cadena de muertes ocurridas en septiembre de 2026 a manos de la fuerza pública, y para exigir verdad, justicia y garantías de no repetición.
En menos de diez días, cuatro familias colombianas pasaron del duelo a la denuncia. Dos de las víctimas eran hombres negros; dos eran jóvenes campesinos. Ninguno de estos hechos puede leerse como un error aislado: responden a una manera de entender la seguridad que mide su éxito en cuerpos, que convierte la sospecha en método y que, una vez más, recae con mayor fuerza sobre los pueblos y territorios históricamente empobrecidos y racializados.
- Los hechos que denunciamos
Donovan Balanta Paz, “Piri” (34 años). Hombre afrodescendiente, padre de dos hijos, murió el domingo 20 de septiembre tras un procedimiento policial en el barrio Caracolí, en el límite entre Ciudad Bolívar (Bogotá) y Soacha. Su familia denuncia que fue golpeado y sometido a descargas eléctricas cuando ya estaba reducido, y que habría llegado sin signos vitales al hospital. La Policía apartó de sus funciones a siete uniformados. La Defensoría del Pueblo pidió a la Fiscalía establecer si hubo discriminación racial, incluido un posible perfilamiento racial, y la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos exigió esclarecer su muerte bajo custodia.
Luis Alfredo Echeverry (28 años). Joven afrocolombiano, padre de dos niños, murió la noche del domingo 27 de septiembre tras recibir un impacto de bala durante un procedimiento de la Policía en el barrio San Fernando de Villa Rica, norte del Cauca. La institución sostiene que la patrulla fue atacada; su familia y su comunidad rechazan esa versión y denuncian que se trató de una ejecución. Exigimos que la verdad se establezca con pruebas, no con comunicados.
Ricardo Andrés Rodríguez Martínez (18 años). Joven jornalero campesino, murió el 21 de septiembre durante el operativo de la Policía y la Fuerza Aérea contra las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN) en Guachaca, zona rural de Santa Marta, en el que fue abatido alias ‘Cholo’. Fue presentado como integrante de la estructura armada y como hijo de su máximo cabecilla; el propio Ministerio de Defensa desmintió ese parentesco. Su madre afirma que estaba vestido de civil y desarmado; su familia y testigos denuncian que se entregó y recibió un tiro de gracia. Su cuerpo fue exhibido, junto a otros seis, como trofeo de la política de “mano dura”.
Luis Carlos Mojica Guzmán. Campesino de la vereda Guaduales Nueva Esperanza, en La Macarena (Meta). La Junta de Acción Comunal denunció ante la Fiscalía, la Procuraduría y el Ministerio de Defensa que fue asesinado por el Ejército el 22 de septiembre, estando desarmado.
Reconocemos que las investigaciones están en curso. Precisamente por eso exigimos que avancen con independencia, rapidez y enfoque étnico-racial, y que el Gobierno se abstenga de presentar como “resultados” muertes cuyas circunstancias aún no han sido esclarecidas.
- Nuestra lectura política: no son hechos aislados
El retorno de una lógica que el país conoce. La Jurisdicción Especial para la Paz ha documentado al menos 6.402 víctimas de ejecuciones extrajudiciales presentadas como bajas en combate entre 2002 y 2008. Aquella tragedia no fue obra de “manzanas podridas”: nació de una doctrina que premiaba los muertos. Cuando hoy un gobierno vuelve a mostrar bolsas con cuerpos como prueba de eficacia, reactiva los incentivos que produjeron los falsos positivos. La vida humana no puede ser una cifra de seguridad.
El racismo estructural dentro de las instituciones armadas. En mayo de 2026, el Mecanismo Internacional de Expertos Independientes de la ONU para Promover la Justicia e Igualdad Racial en la Aplicación de la Ley (EMLER) visitó Bogotá, Cartagena, Cali y Quibdó, y constató condiciones de racismo estructural, sistémico e histórico, perfilamiento racial, uso excesivo de la fuerza contra jóvenes afrodescendientes y aplicación discriminatoria de comparendos y traslados. Lo que para el Estado es un hallazgo técnico, para nuestras comunidades es experiencia cotidiana: requisas injustificadas, hostigamiento, detenciones arbitrarias y violencia verbal y física que tratan el cuerpo negro como sospechoso por el solo hecho de existir.
Desde nuestros principios. El PCN lee estos hechos desde los principios que orientan nuestra lucha:
- Derecho a ser: el perfilamiento racial niega nuestra identidad al convertirla en un factor de riesgo frente al Estado. Ser negro no puede seguir siendo motivo de sospecha, detención o muerte.
- Espacio para ser: la militarización de los territorios del norte del Cauca a la periferia urbana de Bogotá y Soacha, habitada por familias negras desplazadas se ha traducido en más riesgo, no en más protección. La seguridad que necesitamos es la que garantiza la vida en el territorio.
- Ejercicio del ser: las comunidades organizadas, las Juntas de Acción Comunal, los consejos comunitarios y las familias que hoy denuncian ejercen su derecho a la participación y a la autonomía. Estigmatizarlas o señalarlas es una forma más de violencia.
- Reparación histórica: la violencia estatal contra el pueblo negro es continuidad de un orden colonial y esclavista que nunca fue plenamente reparado. Sin reparación y transformación institucional, la historia se repite.
- Parte de las luchas del pueblo negro en el mundo: la muerte de Donovan bajo custodia, pidiendo auxilio porque no podía respirar, nos hermana con las luchas globales contra la violencia policial racista. En el Segundo Decenio Internacional de los Afrodescendientes (2025-2034), Colombia está obligada a responder ante la comunidad internacional.
Una advertencia sobre la política de seguridad. Rechazamos cualquier discurso que justifique la muerte de civiles como costo aceptable de la guerra contra estructuras armadas. Condenamos también la violencia de los grupos armados ilegales contra la población y contra los propios uniformados. Pero el Estado no puede responder a la ilegalidad con ilegalidad: en Colombia no existe la pena de muerte, y la fuerza pública está obligada a actuar bajo los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y no discriminación.
- Nuestras exigencias
- A la Fiscalía General de la Nación: investigaciones prontas, independientes y exhaustivas en la justicia ordinaria no en la penal militar, con enfoque étnico-racial y la hipótesis de discriminación racial como línea explícita de investigación en los casos de Donovan Balanta y Luis Alfredo Echeverry.
- Al Gobierno nacional y al Ministerio de Defensa: abstenerse de exhibir cuerpos y de presentar como resultados operacionales muertes no esclarecidas; revisar y desmontar cualquier directiva, incentivo o indicador que mida la eficacia en bajas o capturas; y rectificar públicamente la estigmatización de Ricardo Andrés Rodríguez.
- A la Policía Nacional: mantener la separación de funciones de los uniformados implicados mientras avanzan las investigaciones, garantizar la preservación de cámaras corporales, videos y cadena de custodia, y adoptar protocolos que prohíban de manera explícita el perfilamiento racial.
- Al Congreso de la República: tipificar y prohibir el perfilamiento racial en la legislación, acogiendo las recomendaciones del EMLER, y ejercer control político sobre la política de seguridad.
- A la Procuraduría y a la Defensoría del Pueblo: acompañamiento permanente a las familias y comunidades, y vigilancia disciplinaria estricta sobre los procedimientos.
- Al Estado en su conjunto: producir y publicar datos desagregados por pertenencia étnico-racial sobre uso de la fuerza, requisas, traslados y muertes bajo custodia, y crear mecanismos reales y seguros de denuncia.
- Garantías para las familias y denunciantes: protección efectiva frente a cualquier forma de estigmatización, amenaza o revictimización.
- A la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos y a la comunidad internacional: seguimiento público a estos casos y al cumplimiento de las recomendaciones del EMLER por parte del Estado colombiano.
- Nuestro llamado
Convocamos a los palenques, consejos comunitarios, organizaciones de base, juventudes, mujeres y mayores del pueblo negro, así como a las organizaciones campesinas, indígenas, de derechos humanos, a la academia y a los medios de comunicación, a acompañar a las familias, documentar y denunciar todo abuso, y no permitir que estas vidas sean reducidas a cifras ni a titulares pasajeros.
Nuestra solidaridad más profunda con las familias de Donovan, Luis Alfredo, Ricardo Andrés y Luis Carlos, con la comunidad de Villa Rica, con las comunidades negras de Ciudad Bolívar y Soacha, con Guachaca y con La Macarena. Su dolor es nuestro, y su exigencia de verdad es también la nuestra.
El pueblo negro tiene derecho a vivir sin que su cuerpo sea tratado como una amenaza.
¡La vida de Piri importaba! ¡La vida de Luis Alfredo importaba!
