La muerte de Donovan Balanta Paz, conocido como Piri, después de un procedimiento policial en el sector de Caracolí, en los límites entre Ciudad Bolívar y Soacha, exige verdad, justicia y garantías de no repetición. Su familia denuncia que fue reducido, esposado, golpeado y sometido al uso de un taser por agentes de Policía, antes de ser trasladado a una estación y posteriormente a un centro asistencial, donde murió.
Este caso no puede presentarse como un episodio aislado ni reducirse a fórmulas que diluyen la responsabilidad institucional. Decir que una persona “murió tras un procedimiento” o sufrió una “afectación repentina de salud” elimina del relato el uso de la fuerza, la custodia estatal y las decisiones de los agentes que intervinieron. El lenguaje importa porque puede convertir una posible violación de derechos humanos en un hecho sin responsables.
En Colombia, las denuncias de abuso policial contra el pueblo negro revelan una realidad persistente de perfilamiento racial, hostigamiento, requisas injustificadas, violencia verbal, detenciones arbitrarias y uso desproporcionado de la fuerza. Una investigación de Ilex Acción Jurídica en Bogotá documentó que las personas negras de piel más oscura enfrentaban una mayor probabilidad de ser abordadas, requisadas, multadas o conducidas por la Policía, evidenciando que la actividad policial no impacta a todas las personas de la misma manera.
El control sobre los cuerpos negros se expresa con mayor fuerza en barrios populares, periferias urbanas, estaciones de transporte, zonas turísticas y espacios donde la pobreza es tratada como sospecha. En Cartagena, organizaciones y comunidades han denunciado que estrategias de seguridad han profundizado requisas, amenazas, persecución contra jóvenes negros, vendedores informales y personas que trabajan en el espacio público. La seguridad no puede construirse a costa de la dignidad, la libertad, la integridad y la vida de las comunidades.
El problema no se resuelve con capacitaciones superficiales ni con declaraciones institucionales. Colombia necesita investigaciones independientes, protocolos efectivos contra el perfilamiento racial, datos públicos con enfoque étnico racial, mecanismos reales de denuncia y sanción, y una transformación profunda de la Policía.
La familia de Donovan tiene derecho a conocer la verdad completa. El pueblo negro tiene derecho a vivir sin que su cuerpo sea tratado como una amenaza. La vida de Piri importaba.
