Colombia atraviesa un momento político definitorio. Mientras en el escenario regional se consolida una remontada de la extrema derecha que capitaliza el descontento social mediante discursos de mano dura y un retorno al conservadurismo radical, el país enfrenta el reto de blindar los avances logrados en materia de derechos étnicos. La polarización electoral, exacerbada por los resultados de la reciente segunda vuelta, pone en evidencia una tensión profunda entre el proyecto de cambio social y las fuerzas que buscan restaurar el orden tradicional.
Es imperativo reconocer que los avances en derechos, leyes y reparaciones para el pueblo negro no son concesiones, sino conquistas históricas. Desde la implementación de normativas como el Decreto 1396 de 2023, que desarrolla la Ley 70 de 1993, hasta los procesos de verdad y justicia liderados por la JEP, el país ha comenzado a saldar una deuda estructural con los pueblos étnicos. Estos mecanismos han permitido no solo el reconocimiento de la propiedad colectiva sobre la tierra, sino también la protección de las economías tradicionales y el cese de una narrativa de invisibilidad que dominó décadas de conflicto.
No obstante, el giro hacia la derecha en América Latina, analizado en diversos informes de riesgo político como una respuesta al hartazgo institucional, plantea una amenaza latente para estas conquistas. La extrema derecha regional suele instrumentalizar las crisis económicas y de seguridad para cuestionar la legitimidad de las políticas de reparación, presentándolas como obstáculos a la «estabilidad» o privilegios sectoriales. Esta lógica, que ya resuena en los debates legislativos colombianos, busca desmantelar las garantías territoriales y el enfoque diferencial en las políticas de paz.
La verdadera prueba para la democracia colombiana será la capacidad de sostener la agenda de justicia restaurativa ante la presión de una oposición que prioriza el retorno al statu quo. La verdad, como pilar central de la JEP, y la defensa de la autonomía territorial deben mantenerse al margen del vaivén electoral. Si permitimos que el péndulo político arrase con el reconocimiento de los derechos de los pueblos negros, no solo perderemos avances legales, sino que condenaremos al país a repetir los ciclos de exclusión que han alimentado la violencia durante nuestra historia.
