La reciente resolución de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) que imputa a cinco exjefes de las FARC por 243 crímenes contra comunidades indígenas y afrodescendientes en la región Caribe marca un hito fundamental en nuestra historia judicial. Esta decisión no solo es un acto administrativo; es un reconocimiento necesario de la violencia diferenciada que históricamente han padecido los pueblos étnicos en el marco del conflicto armado.
La importancia de la JEP radica, precisamente, en su capacidad para romper el silencio sobre crímenes que, durante décadas, fueron invisibilizados por la narrativa nacional. Para los pueblos indígenas y afrocolombianos, la justicia no puede entenderse sin el esclarecimiento de la verdad. La verdad es el primer paso indispensable hacia una reparación integral que vaya más allá de lo económico y toque las fibras de la dignidad, la memoria colectiva y la recuperación de la autonomía territorial.
Cuando la JEP documenta cómo el conflicto impactó de manera desproporcionada a estas comunidades, está validando años de denuncias locales que fueron ignoradas por el establecimiento. La justicia restaurativa, en este contexto, depende de que las víctimas sean el centro del proceso y de que los perpetradores asuman su responsabilidad frente a los daños causados a los tejidos sociales y culturales de estos pueblos.
Sin embargo, el proceso de reparación no termina en la imputación. Es un compromiso permanente del Estado y de la sociedad colombiana con la no repetición. La verdad, al ser narrada por quienes sobrevivieron al horror, se convierte en un instrumento de paz que legitima las luchas de resistencia de los pueblos étnicos. Si Colombia aspira a una paz real, debe garantizar que el camino iniciado por la JEP se mantenga firme, priorizando siempre la verdad como el único cimiento posible para sanar las heridas de los territorios más olvidados y violentados del país.
Referencias:
