El suroccidente de Colombia atraviesa una agudización del conflicto armado que tiene a los menores de edad como principales víctimas. El reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes es una problemática que trasciende lo rural y ha penetrado profundamente en los centros urbanos. En la capital del Valle del Cauca, lugares como el distrito de Aguablanca y La Ladera se han convertido en los principales focos de captación por parte de estructuras armadas.
Desde hace varios años, comunidades y entidades públicas denuncian cómo los actores armados se aprovechan de la vulnerabilidad socioeconómica, el abandono estatal y la falta de oportunidades en el oriente de Cali. Las tácticas de captación operan bajo el engaño. Las infancias y juventudes son alejadas de sus familias mediante falsas ofertas laborales como jornaleros en fincas o supuestas convocatorias para ingresar a equipos de fútbol. Una vez integrados a las filas en zonas rurales del suroccidente, el retorno es casi imposible y muchos intentos de escape terminan de manera fatal.
La dinámica del reclutamiento en el oriente de Cali está directamente conectada con el control territorial en el resto de la región. Los menores captados en la ciudad suelen ser trasladados hacia zonas de conflicto en el Cauca y las áreas montañosas del Valle del Cauca. A pesar de este panorama, se han logrado algunos operativos de rescate. En febrero de este año, tropas del Batallón de Infantería Ligera número 8 de la Tercera Brigada rescataron en Jamundí a cuatro adolescentes que lograron escapar tras un año y medio de cautiverio. De igual forma, la Policía Nacional rescató recientemente en el departamento del Quindío a doce menores que habían sido reclutados en la región.
Esta realidad exige acciones inmediatas y contundentes. La Alcaldía de Cali dispone de un equipo de acción inmediata para reportar riesgos y casos concretos. Es vital utilizar las líneas de atención del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la Policía Nacional y la Fiscalía. Frenar este delito requiere exigir al Estado verdaderas garantías de protección integral que impidan la repetición sistemática de estas violencias sobre las comunidades.
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