El 9 de abril conmemoramos el Día Nacional de la Memoria y la Solidaridad con las Víctimas del Conflicto Armado. Esta fecha nos exige ir más allá de la simple remembranza institucional. Nos convoca a asumir una postura radical e inquebrantable frente a la no repetición. Recordar es un acto político fundamental para desmantelar las estructuras de violencia que históricamente han marginado y despojado a las comunidades en nuestros territorios.
En el contexto geopolítico de este 2026, la memoria cobra una urgencia vital. Presenciamos a nivel global la ejecución de políticas de exterminio y genocidio que operan bajo lógicas de dominación profundas. La lectura crítica de la realidad nos enseña que estas violencias no son eventos aislados, sino una continuidad de agresiones estructurales que exigen nuestra denuncia constante y articulada.
Frente a este panorama de devastación, el tejido social se erige como la trinchera principal para la defensa de la vida. Las resistencias de los movimientos sociales, las organizaciones de base y las comunidades locales son el motor que sostiene la dignidad. La solidaridad con las víctimas del pasado y del presente es el principio rector para construir un futuro distinto. Nuestro compromiso organizativo y digital debe estar volcado a amplificar estas voces para asegurar que la aniquilación no tenga lugar.
