El 25 de marzo de 2026 la Asamblea General de la ONU aprobó una resolución que nombra la trata transatlántica de africanos esclavizados como el crimen de lesa humanidad más grave jamás cometido. Fue una victoria de 123 naciones. Y una confesión de tres.
Argentina, Estados Unidos e Israel votaron en contra. No es casualidad. Son tres Estados con historias propias de genocidio, apartheid y borramiento étnico que no están dispuestos a firmar el reconocimiento del crimen más grande de la modernidad, porque hacerlo los obliga a mirarse a sí mismos.
La resolución, impulsada por 60 países africanos, caribeños y latinoamericanos, establece que este sistema de esclavitud racializada fue el primero en la historia en codificar a seres humanos y a sus descendientes como propiedad hereditaria, perpetua y enajenable. Que convirtió la reproducción humana en acumulación de capital. Que institucionalizó la jerarquía racial como principio rector del orden económico mundial. Y que sus consecuencias no han terminado. Siguen organizando la pobreza, la violencia y la exclusión de los pueblos negros y afrodescendientes hoy.
La resolución también es clara en un punto que los Estados prefieren ignorar ya que estos crímenes no prescriben. Los Estados que se enriquecieron con la esclavitud tienen la obligación de reparar. No como gesto. Como deuda histórica exigible.
Los pueblos negros y afrodescendientes no necesitábamos este voto para conocer nuestra propia historia. La resistencia afrodescendiente lleva más de seis siglos antes de que cualquier asamblea internacional la nombrara. Los palenques, los quilombos, las revoluciones, las mujeres negras organizadas, las comunidades que sostuvieron su identidad y su territorio contra todo. Esa es la verdadera autoría de esta victoria.
Lo que cambia hoy es que el mundo ya no puede decir que no lo sabía. La deuda existe. Y tiene nombre.
