El uso del glifosato en Colombia ha dado un giro histórico en la justicia transicional. La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha determinado que, entre 2002 y 2013, la aspersión aérea con este herbicida en municipios como Tumaco, Ricaurte y Barbacoas no fue una simple táctica antinarcóticos, sino un instrumento de violencia sistemática.
El territorio como víctima
Para los pueblos indígenas Awá, Eperara Siapidara y el pueblo negro de Nariño, el glifosato no solo secó la hoja de coca; destruyó su seguridad alimentaria, contaminó sus fuentes de agua y profanó sitios sagrados. La JEP destaca que estas acciones ignoraron sistemáticamente el derecho a la consulta previa, tratando a los territorios étnicos como «objetivos de guerra».
- Hallazgos clave de la investigación:
Indiscriminación: Se rociaron cultivos de pancoger (alimento básico) de la misma forma que los cultivos ilícitos. - Impacto en la salud: Afectaciones cutáneas, respiratorias y la muerte de animales de cría.
- Estigmatización: La aspersión fue acompañada de una narrativa que vinculaba a las comunidades con grupos armados, justificando un control militar agresivo.
- Falta de reparación: De miles de denuncias por daños, menos del 2% recibieron respuesta del Estado.
Este fallo es un paso crucial para reconocer que el daño ambiental en territorios étnicos es, en esencia, un daño a la existencia misma de estas culturas.
