El Gobierno nacional aprobó la política de desarrollo integral más ambiciosa en la historia reciente del Pacífico colombiano. Francia Márquez lideró el proceso desde las comunidades. Ahora la pregunta es si el papel se convierte en realidad.
El 7 de marzo de 2026, el Gobierno nacional dio luz verde al CONPES de Política para el Desarrollo Integral del Pacífico, un documento que traza una hoja de ruta de diez años y compromete una inversión de $12,35 billones para transformar estructuralmente una región que el Estado colombiano ha ignorado durante décadas. La iniciativa fue liderada directamente por la Vicepresidencia de la República y el Departamento Nacional de Planeación.
Para las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras que habitan el Pacífico, esta política no es solo una cifra. Es la respuesta, aún incompleta pero inédita, a siglos de extracción, abandono y racismo institucional.
La vicepresidenta Francia Márquez Mina no firmó un documento desde Bogotá. Construyó la política desde adentro. En noviembre de 2025, lideró en Tumaco una jornada de apropiación territorial donde reunió a consejos comunitarios, resguardos indígenas, alcaldes, mujeres y jóvenes para socializar la estrategia antes de su aprobación definitiva.
En ese encuentro, Márquez Mina fue directa al señalar que gobernar ha implicado enfrentarse a una institucionalidad que no fue diseñada para transformar los territorios sino para mantener los privilegios de unos pocos, y que los cambios reales solo serán visibles en el mediano y largo plazo.
Lo que diferencia este CONPES de iniciativas anteriores es precisamente eso: según la vicepresidenta, es la primera política para el Pacífico que nace con liderazgo directo de la región, producto de un proceso deliberativo con comunidades negras, indígenas, campesinas y organizaciones sociales, y reconoce que las desigualdades del territorio son resultado de la distribución inequitativa de recursos, del racismo estructural y de la histórica ausencia de representación en los espacios de decisión.
Qué contiene el CONPES y qué está en juego
El documento contempla 166 acciones que serán ejecutadas por 18 ministerios y 27 entidades del Estado, con el objetivo de fortalecer el desarrollo del Pacífico desde distintos frentes: desarrollo social y acceso a derechos, crecimiento económico regional, protección ambiental y fortalecimiento institucional.
La inversión de $12,35 billones hace parte de un paquete más amplio. En la próxima década, el Pacífico podría recibir hasta $60,9 billones en total, incluyendo $43,5 billones a través de Pactos Territoriales en Nariño, Cauca y Chocó, y $12,23 billones destinados a 37 proyectos estratégicos en sectores como transporte, educación, salud, vivienda, ambiente y agua potable.
Desde que el presidente Gustavo Petro le delegó a la vicepresidenta la coordinación interinstitucional para el Pacífico, ya se han logrado articular $2,4 billones en inversiones intersectoriales para la región, con $820 mil millones dirigidos exclusivamente a Nariño, concretados en proyectos como la Universidad de Telembí, el acueducto de Barbacoas, la extensión de la pista del aeropuerto de Tumaco y hospitales en Iscuandé y Magüí Payán.
Una apuesta que trasciende un gobierno
El coordinador de la política, Harrinson Cuero Campaz, fue claro al advertir que este CONPES no puede ser un documento más, y que lo que el Pacífico necesita es una estrategia de intervención integral que articule esfuerzos del nivel nacional, regional y local, aprendiendo de las lecciones del pasado.
Ese es precisamente el riesgo. El Pacífico colombiano tiene una historia larga de políticas anunciadas que no llegaron, de recursos que se diluyeron en la intermediación y de comunidades que aprendieron a desconfiar del papel. La diferencia esta vez, según sus impulsores, radica en el mecanismo de gobernanza participativa que articula el CONPES con los Pactos Territoriales y los Proyectos de Importancia Estratégica, con seguimiento permanente desde la Convergencia Regional del Pacífico.
Para el pueblo negro del Pacífico, la aprobación del CONPES no es el final del camino. Es, en el mejor de los casos, el inicio de una disputa más larga: que la inversión llegue a quienes han sostenido esta región desde la resistencia, que las comunidades sean protagonistas de su implementación, y que por primera vez el Estado cumpla lo que prometió.
Como lo expresó la propia vicepresidenta al cierre de la jornada en Tumaco, el objetivo es seguir trabajando hasta que la dignidad se haga costumbre.
Referencias
