En la madrugada del 4 de marzo, en la Estación de Policía de Quibdó, una mujer afrocolombiana fue reducida por la fuerza, esposada y detenida dentro de su propio lugar de trabajo. Su nombre es Winy Saray Córdoba Murillo. Su “falta» fue no aceptar en silencio que un superior la señalara por su peinado y su forma de vestir.
El hecho comenzó durante una revista interna realizada entre las 4:00 y 5:00 de la mañana, cuando el mayor de la Policía Nacional Jeison Alexander Dulce Muñoz llamó la atención de la patrullera por su presentación personal. Los comentarios del oficial apuntaron directamente a su cabello y a elementos de su apariencia que, según él, no cumplían con los estándares de la institución. Frente a eso, Winy Saray respondió: «No me venga a callar, me hace el favor y me respeta.» Lo que siguió fue la intervención de varios uniformados que la redujeron físicamente, la esposaron y procedieron a capturarla.
Un video de aproximadamente 16 segundos que circuló en redes sociales muestra el momento en que varios policías forcejean con la patrullera para inmovilizarla. Las imágenes generaron reacciones divididas, aunque desde las comunidades afrocolombianas y organizaciones de derechos humanos la lectura es que la fuerza fue desproporcionada y el origen del conflicto constituye un acto de racismo.
El cabello afro no es una falta disciplinaria
Los comentarios del mayor Dulce Muñoz no apuntaron a ninguna norma técnica ni operativa. Apuntaron a la apariencia de mujeres negras. A su cabello. A su forma de vestir. A los rasgos visibles de su identidad cultural afrocolombiana.
El cabello afro no es un descuido ni una irregularidad. Es cultura, es historia, es una expresión legítima de identidad que el Estado colombiano tiene la obligación de respetar. Cuando un oficial de policía lo convierte en motivo de llamado de atención, no está aplicando un reglamento. Está reproduciendo racismo desde una posición de poder institucional.
Ese es el hecho que originó todo lo demás. Y es el hecho que varios medios de comunicación han decidido no colocar en el centro de su cobertura. Medios digitales mencionan que, según versiones difundidas, varias mujeres afrodescendientes habrían sido objeto de comentarios y señalamientos por su peinado y forma de vestir.
Lo que los medios no están contando
La cobertura mediática dominante de este caso ha elegido el ángulo de la «insubordinación». Titulares que describen lo ocurrido como un enfrentamiento entre una patrullera y su superior ocultan que ese enfrentamiento nació de un acto de discriminación racial. No es un detalle menor. Es la causa de todo.
Este tipo de encuadre tiene consecuencias reales entre las que se cuenta proteger al funcionario que discriminó, criminaliza a la mujer que se negó a aceptarlo y normaliza la idea de que las instituciones del Estado pueden tratar la identidad cultural afrocolombiana como un problema de presentación personal.
Es racismo mediático. Y merece ser nombrado como tal.
El pronunciamiento de la Vicepresidenta
La vicepresidenta Francia Márquez se pronunció sobre el caso a través de su cuenta en X, rechazando lo ocurrido y exigiendo respeto hacia la identidad y los derechos de las mujeres afrodescendientes dentro de las instituciones del Estado. Su voz se suma a la de ciudadanos, líderes sociales y organizaciones étnicas que han pedido al director de la Policía Nacional, el general William Zambrano, que investigue la conducta del mayor Jeison Alexander Dulce Muñoz y determine responsabilidades.
Desde el Proceso de Comunidades Negras (PCN) nos pronunciamos sin ambigüedad y estamosdel lado de la patrullera Winy Saray Córdoba Murillo y de todas las mujeres afrocolombianas que fueron señaladas esa madrugada en Quibdó.
El caso está en manos de la Justicia Penal Militar. Exigimos que esa investigación no comience por la reacción de la patrullera, sino por el acto que la provocó y los comentarios discriminatorios del mayor Dulce Muñoz contra la identidad cultural de mujeres afrocolombianas bajo su mando.
Las instituciones del Estado tienen la obligación constitucional de garantizar los derechos de las comunidades negras. Esa obligación no tiene horario ni rango.
