La guerra arancelaria y su impacto en Nariño
Lo que comenzó en enero de 2026 como una medida unilateral de Ecuador derivó en una de las crisis comerciales más agudas que han vivido los dos países vecinos. El presidente Daniel Noboa anunció un arancel del 30% a las importaciones colombianas, argumentando que Colombia no había tomado medidas suficientes para contener el narcotráfico y el crimen organizado en la zona fronteriza. La medida entró en vigor el 1 de febrero, y para el 1 de marzo ya había escalado al 50%, según resolución oficial del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador. Colombia respondió con el Decreto 0170 de 2026, imponiendo aranceles equivalentes y restringiendo el ingreso terrestre de arroz, pescado y camarones por los pasos de Ipiales-Nariño y Puerto Asís-Putumayo.
El efecto más inmediato de esta disputa se sintió en Nariño, departamento cuya economía fronteriza está históricamente entrelazada con la de sus vecinos ecuatorianos. Los gremios del departamento advirtieron en febrero de 2026 que el alza arancelaria ya estaba encareciendo alimentos, insumos agrícolas y mercancías importadas, reduciendo el flujo comercial en los pasos fronterizos y amenazando con la pérdida de empleos en sectores vinculados al comercio exterior. Para los pueblos negros del litoral Pacífico, que dependen de economías de subsistencia articuladas alrededor de la pesca, los esteros y el comercio de pequeña escala, este encarecimiento no es una estadística sino una presión directa sobre su seguridad alimentaria.
Analistas económicos señalaron además una consecuencia involuntaria pero previsible: al encarecer el canal formal de importación, la medida arancelaria incentiva el contrabando y fortalece las redes criminales que ya controlan los pasos informales de la frontera. En una región donde esas redes son las mismas que desplazan, confinan y reclutan al pueblo negro, la lógica termina siendo profundamente contradictoria con el objetivo de seguridad que Ecuador invocó para justificar los aranceles.
El conflicto armado en 2026: sin tregua en el Pacífico nariñense
A comienzos de 2026, el panorama de seguridad en la frontera colombo-ecuatoriana continuaba siendo crítico. Los Comandos de Frontera, las disidencias de las FARC bajo el mando de Iván Mordisco y la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano operaban en Nariño y Putumayo, conectándose en territorio ecuatoriano con estructuras como Los Choneros, configurando un ecosistema criminal transnacional que ninguna medida arancelaria por sí sola podía desarticular.
En Tumaco, el municipio con mayor concentración de población negra del departamento, el Plan de Desarrollo municipal vigente hasta 2027 describía a comienzos de 2026 una situación en la que las amenazas, los hurtos, la extorsión y las masacres seguían encabezando los registros de seguridad, mientras explosiones de laboratorios de procesamiento de coca se producían en al menos tres corregimientos. El Gobierno Nacional fijó como meta para 2026 la sustitución de 1.500 hectáreas de coca en el municipio, luego de haber recuperado 2.835 en el corregimiento de Llorente, a escasos 20 kilómetros de la frontera ecuatoriana.
El informe del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, presentado en febrero de 2026, confirmó que en 2025 el conflicto afectó agudamente a Nariño, con desplazamientos forzados, confinamientos, homicidios selectivos, violencia sexual y reclutamiento de menores como los hechos más frecuentes, afectando de manera desproporcionada a poblaciones indígenas y negras. El organismo advirtió sobre el riesgo de un retroceso hacia los peores años del conflicto si no se adoptaban medidas estructurales.
El pueblo negro: entre la crisis comercial y la violencia
En 2026, los consejos comunitarios del pueblo del Pacífico nariñense, como los del Alto Mira y Frontera y el Bajo Mira, enfrentan simultáneamente el empobrecimiento derivado de la guerra arancelaria y la presión constante de los grupos armados sobre sus territorios colectivos. El confinamiento forzado, que impide el libre tránsito por ríos y costas, limita el acceso a mercados justo en el momento en que los precios se disparan por la crisis comercial. La doble restricción, la del miedo y la del precio, cierra las posibilidades de subsistencia por partida doble.
A esto se suma que, desde 2022, más de 165.000 personas negras fueron incluidas en el Registro Único de Víctimas, con Tumaco y Olaya Herrera entre los municipios con mayor número de desplazamientos masivos a nivel nacional. El asesinato de líderes sociales, que entre 2016 y 2024 sumó 130 casos en Nariño con 66 solo en Tumaco, sigue siendo un mecanismo de control territorial que en 2026 no ha sido contenido.
Una respuesta que no llega al pueblo negro nariñense.
Frente a la crisis, los dos gobiernos acordaron en febrero de 2026 una prueba piloto para instalar un centro de fusión de inteligencia en la frontera, y Colombia desplegó más de 20.000 uniformados en Nariño y Putumayo. Sin embargo, la militarización sostenida sin una presencia civil paralela tiende a agravar la situación humanitaria del pueblo negro, pues las restricciones de movilidad asociadas a las operaciones militares afectan la pesca, el acceso a servicios de salud y el comercio local.
La disputa arancelaria fue llevada ante la Comunidad Andina de Naciones por ambos países, pero mientras las instituciones deliberan, son las familias negras del Pacífico nariñense quienes absorben en su cotidianidad el costo de una crisis que combina guerra comercial, conflicto armado y abandono estatal estructural, sin que en 2026 exista una política pública que reconozca explícitamente el impacto diferencial que todo ello tiene sobre el pueblo negro.
