En una decisión que resquebraja el consenso histórico en torno al proceso de paz, el Consejo de Seguridad de la ONU renovó la Misión de Verificación en Colombia hasta 2026, pero por presión de Estados Unidos, le recortó funciones vitales: la verificación de las sanciones de la JEP y el seguimiento al capítulo étnico. Pese a estos recortes, se destacan logros que se mantendrán, como el legado del Plan de Acción Nacional sobre Mujeres, Paz y Seguridad.

El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobó este viernes la extensión del mandato de la Misión de Verificación en Colombia hasta octubre de 2026. Sin embargo, lo que durante casi nueve años fue un ejemplo raro de consenso diplomático en un organismo marcado por las divisiones, dio un giro significativo. La resolución fue adoptada con 13 votos a favor y dos abstenciones, pero a un costo alto: la eliminación de dos funciones centrales de la Misión por presión directa de los Estados Unidos.

Por insistencia de la delegación estadounidense, el Consejo eliminó las tareas de verificación de las sanciones propias impuestas por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y de seguimiento al capítulo étnico del Acuerdo de Paz. Este cambio no solo reduce el alcance operativo de la Misión, sino que, según analistas, debilita la supervisión internacional sobre el corazón del sistema de justicia transicional y podría reabrir la puerta a que la Corte Penal Internacional (CPI) vuelva a poner sus ojos sobre Colombia.

Consecuencias: Legitimidad y la sombra de la CPI

Para la JEP, las consecuencias son directas. “Se reciben dos perjuicios: la pérdida del apoyo institucional, técnico y financiero de la ONU, y una importante pérdida de legitimidad internacional”, explicó el jurista Fabián Cárdenas.

Expertos en justicia transicional consultados para este reporte advierten que el retiro de esta verificación desmantela un pilar del sistema y podría llevar a la CPI a reconsiderar su decisión de 2021 de apartarse del caso colombiano. Si la Corte considera que no existe un control efectivo sobre el cumplimiento de las sanciones, podría reabrir su examen preliminar.

Un legado que trasciende la verificación: El impacto en las mujeres y la seguridad

Más allá de la polémica por los recortes, es crucial recordar el impacto multidimensional de la Misión. Durante casi una década, su trabajo ha sido decisivo en el desarme de las FARC, la liberación de más de 500 secuestrados –incluido el padre del futbolista Luis Díaz– y la construcción de políticas de seguridad.

Uno de sus aportes más significativos, y que sienta un precedente duradero, fue su trabajo en la inclusión de las mujeres excombatientes y de la sociedad civil en la elaboración del Plan de Acción Nacional sobre Mujeres, Paz y Seguridad, adoptado en noviembre de 2024 tras múltiples encuentros organizados y financiados por la Misión. Este plan es una herramienta fundamental para garantizar que la perspectiva de género sea central en la construcción de una paz estable y duradera.

Su legado humanitario y de construcción de confianza en territorios vulnerables permanece, aunque su mandato futuro se desarrolle con capacidades reducidas en áreas críticas de la justicia transicional.