LA ETNOEDUCACIÓN EN EL DPTO DE CORDOBA: BALANCE INICIAL Y PERSPECTIVAS.

Por, Carlos Manuel Zapata Carrascal [1]

Pese a contar con altos índices de poblaciones indígenas y afrodescendientes, una aproximación evaluativa inicial a la etnoeducación en el Dpto de Córdoba, nos muestra resultados poco alentadores.

Considerando los invaluables aportes de los Zenues y Emberas, así como los de los ancestros africanos y los afrodescendientes a la configuración de la cultura e identidad nacional, en el sistema educativo departamental de Córdoba, no son notables las valoraciones adecuadas hacia nuestras principales etnias.

Solo hasta el 2.005, oficialmente se convocó a Concurso para etnoeducadores Afrocolombianos, no obstante que desde el 18 de mayo de 1.995, mediante el decreto 0804, el país conoció la reglamentación de la atención para grupos étnicos, lo cual tampoco representó para los indígenas, un vuelco sustancial en lo educativo, ni para las etnias en general, un trato digno en los currículos oficiales.

De igual manera, pese a que a instancias del reconocimiento plurietnico y multicultural efectuado por la Carta Magna de 1,991 en su artículo septimo, no solo se legisló en el título III de la Ley 115 de 1.994 a favor de la “EDUCACIÓN PARA GRUPOS ETNICOS”, sino que al amparo de la nueva Constitución Política el artículo 39 de la Ley 70 de 1.993 estableció la obligatoriedad de incluir en los diferentes niveles educativos, la Cátedra de Estudios Afrocolombianos, cuestión que se realizó con la expedición del decreto 1122 de junio 18 de 1.998, no es claro ni el acatamiento gubernamental a lo establecido, como tampoco a lo contemplado en el artículo 14 de la Ley General de Educación sobre el fomento de las diversas culturas ligadas a las etnias fundantes de nuestra identidad nacional y regional.

A diferencia de otras entidades territoriales, en Córdoba, se carece en la estructura administrativa de la Gobernación, de una instancia que además de autonomía, también armonice la atención educativa para grupos étnicos y contribuya a la adopción de currículos contextualizados, en sintonía con las realidades poblacionales, historia y cultura del departamento.

Una ojeada más reciente al comportamiento estatal regional frente a las etnias y en especial hacía los afrodescendientes, tampoco nos proporciona datos totalmente halagadores. En efecto, si bien se han publicitado estrategias nacionales para beneficiar a la población afrocolombiana con el fin de responder los condicionantes económicos y políticos extranjeros en materia de mejora en los derechos humanos y situaciones laborales, en Córdoba, acorde con la asesoría del Instituto Republicano Internacional –IRI – y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional – USAID-, se creó la ordenanza 09 de 2.009, mediante la cual se establecen “la política pública departamental para población afrocolombiana”.

En dicha norma, definida por la Asamblea el 26 de mayo de 2.009, se aprecian en teoría aspectos positivos que no han sido concretados, tales como la OFICINA DEPARTAMENTAL DE NEGRITUDES, LA UNIDAD DE ETNOEDUCACIÓN AFROCOLOMBIANA adscrita a la Secretaría de Educación Departamental, el PROGRAMA PERMENENTE DE FORTALECIMIENTO CULTURAL, así como entre otras tantas buenas intenciones, se dice que el Departamento de Córdoba Implementará o incorporará como obligatoria la cátedra de estudios Afrocolombianos de acuerdo a las normas vigentes en los establecimientos educativos de cualquier orden, preescolar hasta universitario, sopena de suspensión o pérdida de la licencia para trabajar, del establecimiento educativo”[2]

Esa falta de independencia para legislar contextualizadamente y a favor de políticas que reconozcan las tradiciones étnicas colombianas y en particular, propicien la etnoeducación plena acorde con las autonomías y respeto de las propias culturas indígena y Afrodescendiente, no es algo nuevo en el país. Ciertamente, a lo largo de la historia de la educación colombiana, se aprecia como el Estado ha dependido más de intereses ajenos a muestras realidades, que de genuinos tratamientos para incorporar como debe ser, a la etnoeducación en el conjunto del sistema educativo colombiano y valorar los diversos acerbos étnicos-culturales de la nación.

Si recordamos un poco, en la práctica, la etnoeducación surge en el país hacia la época de la colonia, cuando los invasores españoles, a través de las ESCUELAS DOCTRINALES y con el fin de cristianizar y enseñar la lengua foránea, utilizan la educación como instrumento de conquista. Con el trascurrir del tiempo, con pocas variaciones, esta concepción se ha mantenido, no obstante lo dicho por la Constitución Política de 1,991, reproduciendo lo que Juan de Dios Mosquera Mosquera identifica como “la idea de una sola raza, una sola lengua, una sola historia, una sola cultura, una sola política”[3].

En el fondo, lo dicho por el mencionado líder Afrocolombiano, sirve para explicar por qué se sigue confundiendo etnoeducación afrocolombiana con cátedra de estudios afrocolombiana, por qué se continua considerando que al incorporar a los currículos mínimos aspectos de la historia y cultura de las etnias, se está generalizando la valoración de tales poblaciones, vicisitudes y aportes, desconociendo que por la diversidad étnica y cultural, tal como lo orienta la Constitución Política y normas inicialmente enunciadas, se deben adoptar educaciones especiales al lado de los programas y lineamientos nacionales.

De hecho, la teoría y la normatividad, no ha servido total y suficientemente para erradicar de los imaginarios colectivos y formas de pensar particulares, tanto de los ciudadanos comunes, como de los gobernantes, una concepción homogenizante e hegemónica, que independiente de la denominación republicana que ostentamos, reedita una visión colonial que seguimos autoaplicandonos y que tiene en expresiones regulares y cotidianas sus principales apoyos de sostenimiento.

Así las cosas, ello serviría para explicar por qué pese a su obligatoriedad, los funcionarios públicos competentes siguen exponiéndose a sanciones disciplinarias al no hacer cumplir debidamente la cátedra de estudios Afrocolombianos, no disponer de capacitaciones e inversiones para las Instituciones Etnoeducativas Afrocolombianas focalizadas según acta de concertación de 2.004, ignorar lo dispuesto en la ordenanza 09 de 2.009, pero en lo fundamental y sin estar dependiendo de cualquier precepto legal, comprender que el sistema educativo de Córdoba, no puede seguir tratándose como hasta ahora ocurre, en donde por un lado, la etnoeducación indígena parece hacer parte de una especia de “rueda suelta” soportada por la justificación de una autonomía mal entendida, mientras que por otro lado, la etnoeducación afrocolombiana,
además de confundirse con la obligatoriedad general de brindar la cátedra de estudios Afrocolombianos en todos los planteles y a todos los niveles, no se le asignan los lineamientos para que conjuntamente con la otra modalidad de educación poblacional, puedan armonizarse en una sola estructura administrativa compartida.

Es más, también debe entenderse, que por fuera de los cumplimientos institucionales a las restrictivas políticas neoliberales que han apartado a los altos funcionarios educativos de las dinámicas escolares y sus problemáticas, asumiéndose un control y seguimiento afincado en las TICS y las pruebas externas, es necesario y urgente replantear los acompañamientos In Situ, así como la regla de la percapitación, con el propósito de darle cumplimiento a lo establecido universalmente, en el sentido que todo currículo debe diseñarse e implementarse de acuerdo con las características de los entornos socio-culturales y ambientales.

Si se estuviera actuando de cara a las realidades donde están inmersas las Instituciones y Centros escolares, no se estuvieran generalizando enjuiciamiento en contra de las escogencias Etnoeducativas por las cuales han optado algunos planteles, en armonía con las características poblacionales, culturales e históricas de los municipios o localidades de los mismos desde los cuales se ofrece el servicio público de la educación. Luego entonces, por causa de las limitaciones impuestas por la contrarreforma educativa crecientemente establecida en Colombia en los últimos 10 años, los administradores del Estado en Córdoba, vienen afectando las autonomías de las comunidades para construir e implementar PEI contextualizados.

Pero también, es imperativo decirlo, las propias comunidades educativas, en especial sus estamentos docentes, por causa tal vez del alud de medidas contra reformistas, se han saturado y desmotivado tanto, que en algunos lugares, se han dejado llevar hacia tradicionalismos y divorcios con sus entornos, urgiendo con ello, replanteamientos en los cuales la dirigencia magisterial debe actuar rápida y eficazmente para fortalecer la propuesta de defensa de la educación pública con calidad pertinente.

En este sentido, es clave retomar la propuesta del PROYECTO EDUCATIVO PEDAGÓGICO ALTERNATIVO-PEPA-, el cual como continuación actualizada del movimiento pedagógico debe articularse con modificaciones en las proyecciones del CEID y las subdirectivas de Ademacor, tales como la descentralización con recursos del primero y la apertura de coordinaciones etnoambientales en las segundas. El ambientalismo, está al orden del día, puesto que hoy por hoy, “educación que no es ambiental, no es educación”, más en este Planeta enfrentado a problemas que parecen irresolubles y en un departamento asediado por las consecuencias de los mega proyectos energéticos, la deforestación, la desecación de humedales y el ensanchamiento de los limites de las grandes haciendas, entre otros factores que están disminuyendo las condiciones de existencia para la sobrevivencia de las grandes mayorías empobrecidas.

SANTA CRUZ DE LORICA. ABRÍL, 29 de abril de 2011