#AtenciónYurumanguí La comunidad del rio Yurumanguí se encuentra en riesgo. ¿El Gobierno del presidente Gustavo Petro tiene compromiso e interés en garantizar el Articulo 7 y 22 de la Constitución Política? Desde el viernes 25 de febrero de 2023, la comunidad del rio Yurumanguí se encuentra confinada tras la presencia y el control territorial de la columna móvil «Jaime Martínez», disidencia de las Farc y la Segunda Marquetalia, grupos armados ilegales que operan en la zona. Pese a los llamados al Gobierno nacional, aún no hay alivio social para la comunidad y aledaños; estos grupos ilegales restringen la movilidad en el territorio, los grupos armados no permiten el ingreso de víveres y medicamentos al territorio, atentando contra la soberanía alimentaria y la pervivencia. Asimismo, cabe mencionar que, en el territorio en lo largo y ancho de la cuenca del río, no hay presencia y control del Estado, la crisis de seguridad se exacerba con la situación de confinamiento. Atender la crisis humanitaria y de seguridad en los territorios ha sido un llamado constante al Gobierno del Presidente Gustavo Petro por parte de las autoridades étnicas de Buenaventura. Pero, en la medida de lo urgente se requiere atención inmediata, total y efectiva a la comunidad negra del Rio Yurumanguí con voluntad política para atender los problemas de seguridad que están afrontando como comunidad. ¿Por qué la fuerza pública no ha intervenido en la situación de seguridad urgente que se está presentando en el territorio de Yurumanguí? El decreto 2660 de 2022 por medio del cual el Gobierno del Presidente Gustavo Petro decretó el Cese al Fuego Bilateral y Temporal de carácter Nacional, en el marco de los acercamientos y conversaciones entre el Gobierno nacional y FARC E-P, Segunda Marquetalia, CDF-EB, Coordinadora Guerrillera del Pacífico, solamente está favoreciendo a los grupos armado legales e ilegales que operan en la zona, pues la comunidad está sufriendo los efectos del Decreto referenciado anteriormente, no cuentan con apoyo del Gobierno para mitigar el accionar de los grupos en contra de las comunidades, violentando el DIH y desconociendo la autoridad territorial del Consejo Comunitario de Yurumanguí, vulnerando los mandatos de la ley 70 de 1993, el articulo 1 y 16 de la Constitución política de Colombia.
Por lo anterior, llamamos a los actores armados para garantizar y respetar el Derecho Internacional Humanitario, aplicando el Principio de Distinción, no involucrando a la población civil y las comunidades en las acciones bélicas de control territorial dentro del conflicto armado. A la situación de seguridad que vive la comunidad de Yurumanguí, se le suma las especulaciones en el alza de los precios que se ha estado presentando en productos como el plátano, queso, huevos, carnes, lácteos, granos y otros víveres, sumado al acaparamiento de alimentos y medicamentos. De la misma manera, requerimos a la Fiscalía General de la Nación a que abra una investigación formal debido al aumento desproporcionado en el precio de alimentos, que está afectando a comunidades Negras de Buenaventura y el resto del país; así mismo se requiere, la aplicabilidad de articulo 297 y 298 del Código penal colombiano respecto de las personas, productores, fabricantes y/o distribuidores que estén realizando el acaparamiento e infiriendo de manera directa o indirecta en el aumento desmedido de los precios. Hoy hacemos un llamado al Gobierno Nacional en cabeza del señor Presidente Gustavo Petro, para que a través de la capacidad institucional nos garantice el derecho a la PAZ en nuestros territorios, ya que la guerra no solo continúa afectando la zona rural de Buenaventura, sino también a toda la región pacífica. Hoy nuestro territorio junto a sus comunidades requieren ser protegidos para superar el racismo estructural y de abandono que históricamente han padecido. Garantizar los derechos étnico-territoriales del pueblo negro, es proteger la biodiversidad y por ende la humanidad. ¡Con nuestra tradicional afirmación de vida y alegría, esperanza y libertad! 06 MARZO de 2023 EQUIPO DE DERECHOS HUMANOS PROCESO DE COMUNIDADES NEGRAS – PCN