Alba Mery Chilito, lideresa de Trujillo (Valle), asesinada hace dos días. / Rodrigo Grajales
 

Los relatos de los sobrevivientes y testigos de la masacre de Trujillo (Valle), una matanza que se prolongó por cuatro años y dejó más de 300 víctimas, estremecieron al país cuando, en 2008, la Comisión de Memoria Histórica reconstruyó los hechos. Hoy, tristemente, tenemos que decir que el título que se le asignó a esa publicación fue acertado: “Trujillo, la tragedia que no cesa”, ya que el pasado 7 de febrero, Alba Mery Chilito, una de las lideresas de este municipio aporreado por la violencia, fue asesinada a pocas cuadras del parque construido en honor a las víctimas de la violencia paramilitar y narcotraficante, que hasta de agentes del Estado se sirvió.
 

A Alba Mery Chilito Peñafiel, a quien los violentos le habían quitado su hija y su yerno durante los años más oscuros de la matanza, la asesinaron por la espalda. Acababa de dejar a su nieto, el amor de su vida, en la escuela. Dobló una esquina y le dispararon a quemarropa. Días antes había estado averiguando por su proceso de indemnización por el asesinato de su hija. Murió sin ser reparada, con una verdad a cuentagotas y viendo la impunidad pasearse por las calles de su terruño. “Los paramilitares, que aún manejan el pueblo y que insisten en que no se sepa lo que pasó en esos años, la habían amenazado innumerables veces por asistir al Parque de las Víctimas, por mover los procesos de reparación, por denunciar la complicidad del Ejército y la Policía, pero nada de eso la asustó. Era una mujer que siempre fue al frente”, relata un ser a quien por seguridad no se le dará crédito.
 

Alba Mery Chilito fue de esas mujeres valientes que rompieron el miedo, motivó a los sobrevivientes y nunca dejó de pedir justicia. Fue fuerte impulsora de la fundación de la Asociación de Familiares y Víctimas de Trujillo (Afavit) en la década de los 90, cuando la violencia subía de tono y los asesinatos no paraban.
 

Como la masacre de Trujillo se conoce a una secuencia de brutales asesinatos que se prolongaron desde 1987 hasta 1994. Incluso, hay quienes afirman que aún no termina —este hecho parece demostrarlo—. De las manera más descarnada fueron asesinadas 300 personas y torturadas cientos más. La impunidad en el caso hizo que fuera llevado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que en 1995 condenó al Estado colombiano y obligó al presidente Ernesto Samper a pedir perdón a los familiares de las víctimas. A instancia de esto se conformó una comisión interinstitucional que arrojó 12 conclusiones y 9 recomendaciones, muchas de las cuales no se han cumplido, como la de proteger la vida de los testigos y familiares de las víctimas de esta masacre; tal y como lo demuestra el asesinato de Alba Mery Chilito, que en paz descanse.