Asistentes de diferentes organizaciones a la mesa nacional afrocolombiana. (Foto: ACNUR)
El pasado 12 de octubre de 2011 la mesa nacional de organizaciones afrocolombianas AFRODES-CNOA-PCN-CIMARRON convocó una rueda de prensa para la presentación de su propuesta autónoma de «decreto ley para los pueblos y comunidades negras, afrocolombianas, palenqueras y raizales, victimizados por el conflicto armado».
La propuesta de decreto ley ha sido construida desde las comunidades con el fin de salvaguardar la perspectiva étnica de los pueblos y comunidades afrocolombianas victimizadas por el conflicto armado en la reparación individual y colectiva del conjunto de derechos, en particular el derecho al territorio.
La mesa nacional de organizaciones afrocolombianas busca una amplia socialización de esta propuesta para que sea validada por toda la población afro de modo que recoja la realidad que está establecida en la Ley 70 de 1993, cuyo espíritu sugiere la reparación, protección y atención a los sujetos colectivos afectados por el conflicto y el desplazamiento forzado.
La historia de las comunidades afrocolombianas está marcada por retos crecientes, determinados por el conflicto armado generado por los grupos ilegales, el despojo de tierras, la agroindustria y los megaproyectos de desarrollo, que han obligado a miles de personas a huir de sus hogares y a abandonarlo todo para escapar de las amenazas, el temor y la inseguridad. No hay consenso sobre el número total de personas afrodescendientes en Colombia. De acuerdo con el Censo del año 2005 los y las afrocolombianos (as) representan el 10,62% de la población, la Defensoría del Pueblo, considera que son al menos el 25%, es decir, 10,5 millones de personas.
El Relator Especial de las Naciones Unidas sobre Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias o Arbitrarias documentó continuos asesinatos por parte de grupos armados ilegales y en el informe de su misión a Colombia de marzo de 2010 indicó que «las comunidades indígenas y afrocolombianas han sido victimizadas por todas las partes en conflicto en Colombia» y que «históricamente, los grupos armados ilegales se han apropiado de tierras de los indígenas y afrocolombianos, cometiendo masacres para intimidar a la población local».
En el evento se discutieron temas fundamentales como los obstáculos al momento de la implementación de los Autos 092 y 005 de la Corte Constitucional, los cuales velan por la protección física y jurídica de los territorios y comunidades afrocolombianas.
A este respecto AFRODES solicita el fortalecimiento de los mecanismos de protección para las comunidades afrocolombianas a propósito de a la reciente masacre en el municipio de Cumbitara, departamento de Nariño, donde AFRODES, junto con la Defensoría del Pueblo, logró la liberación de 9 de los 13 retenidos tras la incursión de por lo menos 30 integrantes del grupo armado ilegal denominado «Los Rastrojos» según el comunicado de prensa de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Estos hechos generaron el desplazamiento de más de 70 personas, luego del asesinato público de dos miembros de la comunidad por parte de este grupo armado.
Igualmente, AFRODES, expresó su preocupación frente a la falta de rigurosidad para implementar un enfoque diferencial en la atención a la población Afrocolombiana para lo que piden una inclusión de las mujeres dentro del desarrollo del plan de trabajo del Auto 005 y una atención multisectorial y coordinada entre las instituciones concernientes.
Otra de las barreras para abordar la atención adecuada a las comunidades y pueblos Afrodescendientes es la necesidad de un censo que refleje la realidad en el número de población y afectados. AFRODES asegura que de unos 50 municipios de territorios colectivos medio millón de personas han sido desplazadas y a pesar de esta situación no se han registrado ninguna sanción disciplinaria concreta.
Frente a la necesidad de un marco normativo y una política que garanticen la prevención, atención, protección, reparación integral y el goce efectivo de los derechos individuales y colectivos, la procuraduría aseguró que prepararía un informe con insumos del incumplimiento al Auto 005 que se entregará a finales de mes y afirmó que es necesario contar con el apoyo del Ministerio para tomar acción e intervenir en sanciones disciplinarias.
La importancia del proceso de formulación de la propuesta autónoma de Decreto de Ley de víctimas para comunidades afrocolombianas, negras, raizales y palenqueras está en el trabajo para mejorar capacidades en la perspectiva de fortalecer la participación de la comunidad en los procesos de realización e implementación de las políticas públicas que deben promover, proteger y/o restituir sus derechos.
La consolidación de esta propuesta se ha realizado con un trabajo que ha contado con el acompañamiento del ACNUR y que se ha construido con el aporte de organizaciones regionales, consejos comunitarios y organizaciones de la sociedad civil. «Estamos seguros de seguir avanzando en el proceso de articulación en marcha de cerca de 60 procesos organizativos de población afrocolombiana en situación de desplazamiento forzado distribuidos en todo el país, que en forma autónoma continúan con sus esfuerzos contribuyendo a la adopción de un enfoque diferencial, de acuerdo con lo establecido por la Corte Constitucional y el gobierno colombiano», declaró AFRODES.
Hoy la población afrocolombiana, corresponde al 26% aproximadamente de la población nacional; el 30% de esta población vive en el Chocó Biogeográfico, más del 50% reside en la zona rural, y un 45% aproximadamente viven en las grandes y medianas ciudades, en los barrios marginados. De los más de 3 millones de desplazados internos en el país, 9,49% son comunidades Afrocolombianas según cifras de Acción Social desde 1997 a 2011. El ACNUR tiene como prioridad el acompañamiento a los procesos de fortalecimiento organizativos de la comunidad afrocolombiana en la elaboración de propuestas autónomas para el goce efectivo y pleno de sus derechos.
Por Johanna Reina y Catalina Román en Bogotá, Colombia