Por: César Rodríguez Garavito*/Especial para El Espectador
Cuarta entrega de la serie especial de El Espectador y el Observatorio de Discriminación Racial con ocasión del Año de los Afrodescendientes.
Mucho se ha hablado de la histórica Ley de Víctimas sancionada por el presidente Santos el pasado 10 de junio, ante los medios de comunicación y en compañía del secretario de la ONU. Lo que no han registrado las cámaras es el proceso igualmente crucial que arrancó ese día, en una carrera contra el tiempo, para expedir legislaciones especiales para las víctimas afrocolombianas, indígenas y rom.
Fue la misma Ley de Víctimas la que autorizó al presidente a expedir decretos legislativos que garanticen los derechos a la reparación integral y restitución de tierras de los grupos étnicos, que han sido particularmente afectados por la violencia y el desplazamiento. Y le dio al Gobierno seis meses para hacer un proceso genuino de consulta a las comunidades, organizaciones y autoridades de dichos pueblos, como lo ordenan la Constitución, el Derecho Internacional y la jurisprudencia.
El resultado ha sido una movilización de las víctimas indígenas y afrodescendientes que no tiene paralelo en la historia reciente del país, ni en casos similares de justicia transicional en otros lugares. Anticipando la entrada en vigencia de la ley, las organizaciones indígenas y la Mesa de Concertación Indígena trabajaron a toda marcha durante el primer semestre del año, y hoy tienen una completa propuesta de legislación sobre verdad, justicia, reparación y no repetición del despojo, las masacres y el desarraigo masivo que han sufrido en el contexto del conflicto armado. Ahora esperan la propuesta del Gobierno y los talleres de consulta alrededor del país, que definirán si la Ley de Víctimas es también para los indígenas.
Las comunidades negras han seguido un camino paralelo. Con la coordinación de la Mesa de Organizaciones Afrocolombianas (integrada por Afrodes, Cimarrón, Ceuna, CNOA, Pastoral Afrocolombiana y PCN), han abierto la discusión de la ley a la participación de quienes lo perdieron todo al salir desplazados de los rincones del Pacífico y el Caribe, hacia lugares como Quibdó, Cali, Tumaco, Cartagena y Bogotá.
En apenas un mes, los talleres celebrados en esas ciudades han recopilado una lista formidable de casos y peticiones, que desembocarán en un evento nacional el 12 y 13 de agosto, en el que se consolidará la propuesta de reparación integral y restitución de territorios afro que será presentada al Gobierno y a la sociedad civil.
¿Qué proponen las comunidades y las organizaciones? El Observatorio de Discriminación Racial ha compilado las dolorosas historias y las reivindicaciones de quienes han viajado a los talleres desde lugares como Bojayá, Jiguamiandó, Curvaradó, María la Baja, San Onofre y tantos otros «sitios pobres y apartados» que «sólo son visibles cuando padecen una tragedia», como escribió Alberto Salcedo en su crónica memorable sobre la masacre de El Salado.
La lista de propuestas es tan extensa como la de agravios. Pero hay prioridades que aparecen una y otra vez. La primera es garantizar la participación de los afectados. Como lo dijo un líder del río Cajambre en el taller de Quibdó: «Siempre hacen las propuestas y construyen las leyes faltando a las personas, como si no tuviéramos derecho a hacer parte de estas decisiones».
Así lo ordena, de hecho, la misma Ley de Víctimas, que le exige al Gobierno seguir los parámetros internacionales y los fallos de la Corte Constitucional sobre consulta previa.
Según la opinión de la Corte en la decisión que hizo el diagnóstico más completo sobre la situación de las víctimas afrocolombianas (el Auto 05 de 2009), no basta consultar con instancias nacionales de participación afrocolombiana (como la Comisión Consultiva de Comunidades Negras, cuya eficacia y representatividad fueron cuestionadas en los talleres). Por ello, para que el decreto-ley sea legítimo y constitucional, el Gobierno tendrá que abrir la consulta a la participación amplia de comunidades, organizaciones y consejos comunitarios alrededor del país.
Los esfuerzos que se hagan para responder estas reivindicaciones son inocuos si no se atiende una petición trascendental de las víctimas afro: la seguridad de las comunidades y sus líderes.
En las miradas y las palabras cautas de los asistentes a los talleres trasluce el temor indeleble de la huida. Como lo dijo una asistente al evento de Cartagena, «podemos ver el sufrimiento nuestro como cuando uno toma una hoja y la arruga toda. Por más que diga que la voy a volver a poner como antes, ya no será la misma hoja, porque le quedan las señas de lo que le pasó».
El reciente asesinato de Ana Fabricia Córdoba y el exilio de Luz Marina Becerra (presidente de Afrodes), líderes afrocolombianas desplazadas, son un recordatorio de lo que aún puede pasar.
Quedan poco más de cuatro meses para que el Gobierno expida la legislación especial para víctimas afrocolombianas e indígenas. Lejos de las cámaras, las comunidades y las organizaciones vienen haciendo su propuesta. Del encuentro entre una y otra dependerá si las víctimas tienen una nueva oportunidad sobre la tierra.
* Coordinador del Observatorio de Discriminación Racial (odracial.org)