El día 21 de junio de 2011 se desplazó una comisión de la Diócesis de Tumaco, conformada por cinco personas, hacia las localidades de Unión Victoria, La Balsa, Brisas y Los Laureles, ubicadas en la zona cuatro del Consejo Comunitario de Alto Mira y Frontera (Tumaco – Nariño) con el fin de verificar una situación de inseguridad para las comunidades antes mencionadas a raíz de la presencia de la Policía Antinarcóticos en el marco de la erradicación manual de coca y combates entre estos y las FARC-EP.
La Diócesis de Tumaco había sido informada de esta situación unos días antes a través de una delegación de los afectados y sus autoridades, quienes además dejaron copia de una denuncia realizada el día miércoles, 15 de junio de 2011, ante la personería municipal y la procuraduría provincial de Tumaco.
La comisión de la Diócesis de Tumaco, en su visita de verificación, llevó a cabo una reunión en la comunidad de La Balsa con presencia de unas 70 personas de cuatro veredas (Unión Victoria, La Balsa, Brisas y Los Laureles) en la cual las comunidades libremente expresaron su situación vivida, manifestando lo siguiente:
Los miembros de la Policía Antinarcóticos llegaron a principios del mes de junio 2011 a esta zona, ubicándose por un día y medio en la comunidad de la Balsa. Los policías permanecían en la comunidad, entraron a sus casas y acamparon en sus inmediaciones. Al llegar presionaron a los habitantes para que desocuparan el lugar con palabras como “si quieren salgan y cuando nos vamos vuelven”. A algunas personas les tomaron fotografías sin su consentimiento, entre ellas a algunas mientras estuvieron trabajando en una finca. Posteriormente los uniformados se dividieron en varios grupos y se asentaron en las fincas de los pobladores de esta zona. En la vereda Las Brisas, entraron a las casas de familia y acamparon en medio de las casas, así como en cercanía inmediata del caserío.
Durante el tiempo de la presencia en la zona, los habitantes comentan de unas 10 situaciones de hostigamiento de las FARC-EP y enfrentamientos entre los dos actores armados. La población civil quedaba en medio del fuego cruzado. Esto ha causado gran zozobra y el desplazamiento de un gran número de familias a las comunidades cercanas, a Llorente y al Ecuador: En la vereda de los Laureles, de 52 familias unas 30 familias se han desplazado; de la vereda de la Balsa se comenta que hay 10 familias desplazadas. El día viernes 17 de junio se presentó un enfrentamiento armado en la comunidad de las Brisas después de las 9 pm, cuando la comunidad estaba velando un difunto; inmediatamente la comunidad tuvo que salir corriendo. Ahora, de la vereda de Brisas toda la comunidad de 32 familias se refugian todas las noches en veredas vecinas.
Los habitantes de las cuatro veredas manifiestan que a raíz de esta situación, desde hace 20 días ya, los docentes no van a trabajar, los niños están sin recibir clases. Los pobladores no pueden desplazarse a sus fincas a trabajar y a buscar los productos de consumo como el plátano, porque en ocasiones los Policías Antinarcóticos, que están alojados en ellas, les prohíben el libre tránsito, argumentando el riesgo a la seguridad de ellos. A un habitante lo amenazaron con una navaja porque intentó entrar a su finca. En este momento existen situaciones de hambre.
Un habitante tuvo que sacar sus tres animales del potrero ocupado por la Policía Antinarcóticos y ahora se ve obligado a pagar pastaje en otro lugar.
Las comunidades también manifiestan la pérdida de bienes: De cultivos de plátano en la vereda de la Balsa, de una madera de guayacán en la vereda de Brisas, de gallinas. El día miércoles, 8 de junio, entre la Balsa y Brisas se perdió una vaca, con la evidencia de que el alambre del potrero donde estaba fue cortado. En la vereda de los Laureles, según testimonio de la comunidad, los uniformados entraron a una tienda sacando víveres sin pagarlos. En Brisas entraron a una casa cerrada y después faltó una radio.
Hay denuncias que por lo menos en una ocasión se retuvo a 6 personas de las comunidades y los obligaron ese día a arrancar ellos mismos las matas de coca.
Durante la visita de la comisión a los lugares de los hechos se pudo constatar que un grupo de la Policía Antinarcóticos está asentado a solo 15 metros de la escuela de la comunidad de las Brisas, junto al caserío. La escuela está abandonada. Se encontró varias casas cerradas; dos de ellas están destechadas. Los habitantes afirman que estas casas fueron dañadas en el aterrizaje de los helicópteros de la Policía Antinarcóticos, quienes utilizan el campo abierto en el centro del caserío como zona de aterrizaje.
En la comunidad de Los Laureles el campamento de la Policía Antinarcóticos se encuentra en las fincas de los miembros de la comunidad, a unos 150 metros de la escuela, que igualmente estaba cerrada. Se ve los impactos de las balas en los guaduales plantados al lado de una de las casas. Esto explica que los diferentes enfrentamientos continuos producen desplazamientos.
En el paso por una de las fincas, ocupada por miembros de la Policía Antinarcóticos, éstos solicitaron se les informe antes de pasar por dichos lugares.
En esta misma visita, por petición de la comunidad, la comisión humanitaria de verificación intentó dialogar con los comandantes al mando de los dos campamentos de la Policía Antinarcóticos ubicados en las Brisas y los Laureles para ver la posibilidad del retiro de las tropas de las inmediaciones de la población civil, con el fin de que los habitantes de las diferentes veredas puedan movilizarse libremente, y que sus vidas no se pongan en peligro a raíz del fuego cruzado por los enfrentamientos armados. Se esperó hora y media, pero fue imposible; la comisión no fue atendida.
SOLICITAMOS de manera urgente a las entidades competentes:
– Intervenir a favor de la seguridad, integridad, protección de la vida y los derechos de la población civil de la zona cuatro del Consejo Comunitario Alto Mira y Frontera donde se está erradicando manualmente la coca.
– Atender debidamente el confinamiento y el desplazamiento masivo tanto interveredal como externo, provocado por los enfrentamientos armados en la zona cuatro del Consejo Comunitario Alto Mira y Frontera.
– Estar vigilantes sobre la situación de las personas en la zona cuatro del Consejo Comunitario Alto Mira y Frontera durante y después del tiempo de erradicación manual de la coca.
Exhortamos a los actores armados, tanto Policía Antinarcóticos como FARC-EP:
– Respetar el Derecho Internacional Humanitario, especialmente la distinción entre combatientes y población civil así como el respeto a los lugares y bienes civiles.
Diócesis de Tumaco, 22 de junio de 2011