La presencia del Proceso de Comunidades Negras en Colombia -PCN en este importante evento responde a su interés y a la decisión de aportar de manera activa y permanente por el reconocimiento, defensa y aplicación de los derechos colectivos del pueblo afrocolombiano, como viene haciéndolo desde los últimos 20 años.
Recibimos atenta invitación del gLobierno nacional a participar y poner nuestros puntos de vista para aportar a la discusión en la obligación constitucional del gobierno nacional de garantizar los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario a los colombianos en todo el territorio nacional y de manera diferencial y específica a las comunidades afrodescendientes.
Nuestra participación parte de una argumentada posición crítica a las políticas y actuaciones del Estado Colombiano y del gobierno nacional porque de fondo no ha garantizado ni respetado las obligaciones mínimas para que se dé la convivencia pacífica de los colombianos, lo que ha agudizado la situación de marginalidad y exclusión de los grupos étnicos en el país.
Tampoco ha garantizado la no discriminación racial ni la igualdad de oportunidades, manteniendo a la mayoría de la población negra en condiciones de exclusión para gozar de los beneficios del desarrollo y crecimiento económico de acuerdo con sus propias aspiraciones y cultura, violando así los derechos humanos individuales y colectivos de las comunidades negras en el país.
Queremos dejar claro ante la opinión pública, ante el movimiento social afrocolombiano y ante nuestras comunidades que el PCN declara que el Plan Nacional de desarrollo “Prosperidad para Todos” representa una política que no protege la pervivencia étnica afro, ni la permanencia en nuestros territorios, y abre las puertas sin restricciones ambientales, culturales, étnicas y sociales a la gran explotación minera. Sin salvar guardar por lo tanto los derechos de la población colombiana, de la minería artesanal y ancestral de los grupos étnicos, violando así el Convenio 169 de la OIT.
Ratificamos nuestra postura en el sentido de que no se aplicó la Consulta Previa, Libre e Informada y el Consentimiento Previo, Libre e Informado en la formulación y aprobación del Plan Nacional de Desarrollo “Prosperidad para todos” 2010-2014 y que nuestra participación en este espacio no puede ser leído como un aval a este plan.
En este sentido planteamos nuestras propuestas puntuales:
• Adelantar una política de no discriminación y no racismo trasversal a todas las políticas públicas y sancionar los actos de discriminación.
• Crear un espacio de interlocución para acordar lineamientos generales o protocolos generales como ordena la Corte Constitucional en diferentes sentencias, para la realización de consultas y consentimiento libre, previo e informado según el Convenio 169, con la participación de consejos comunitarios, organizaciones étnico territoriales, consultivas.
• En cuanto al Sistema Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, se exige que la consulta previa, libre e informada y el consentimiento previo, libre e informado se adopte como un criterio de obligatorio cumplimiento.
• En el caso de las retroexcavadoras que se están moviendo por todo el país exigimos que se intercepten porque ésta es una de las mayores fuentes de violación de los derechos humanos, que es lo que está sucediendo en el Pacífico y en el Norte del Cauca y exigimos el retiro inmediato de las retroexcavadoras que están en los territorios colectivos y ancestrales de comunidades negras.
• Constituir un mecanismo que haga observación, verificación y seguimiento a todos los acuerdos por el PCN, con el acompañamiento de organismos y ONGs de derechos humanos internacionales y nacionales.
Partiendo de los planteamientos anteriores, exigimos:
• Los planes de desarrollo no deben lesionar los derechos colectivos de las comunidades.
• Garantizar la gobernabilidad y autonomía de los consejos comunitarios y permitir procesos de desarrollo desde nuestras lógicas, se requiere que se financien los planes de manejo y planes de etnodesarrollo.
• El desmantelamiento de los rezagos del paramilitarismo en el país.
• El saneamiento de los territorios de comunidades negras a nivel rural y urbano y que haya un fondo para esto.
• Se continúe los procesos de titulación colectiva en el Pacífico, en los valles interandinos, el Caribe y otras zonas de comunidades negras en Colombia,
• Garantizar la gobernabilidad y autonomía de los consejos comunitarios y permitir procesos de desarrollo desde nuestras lógicas, se requiere que se financien los planes de manejo y planes de etnodesarrollo.
• Se exige la protección de los defensores de derechos humanos y se pide la salida negociada al conflicto armado donde las comunidades negras pueden plantear sus posturas.
• Que se reconozca la minería ancestral de nuestras comunidades y se diseñen medidas diferenciales para su protección y el aprovechamiento de los recursos naturales existentes en sus territorios.
• Cumplir con los compromisos del gobierno nacional frente al conflicto interétnico creado por el mismo Estado en el Norte del Cauca con la finca San Rafael.
• Garantizar los recursos suficientes y de manera oportuna para adelantar el proceso de reparación colectiva afrocolombiana en el piloto de Buenos Aires Cauca.
• Promover el derecho al desarrollo de las comunidades negras desde sus propias aspiraciones y se le garantice la seguridad y estabilidad jurídica de sus derechos.
• Una interlocución directa al más alto nivel para que como un sector del movimiento social de comunidades negras que articula organizaciones étnico-territoriales y consejos comunitarios, con presencia en todo el territorio nacional, expresemos nuestros puntos de vista y llegar a acuerdos que aporten al bienestar nuestras comunidades y del país.
Cordialmente;
Equipo de Coordinación Nacional
PROCESO DE COMUNIDADES NEGRAS – PCN
Pcnkol.bogota@renacientes.net
www.renacientes.org