Cientos de campesinos y campesinas, miembros de ASPROCIG, participan en una protesta pacifica frente a las instalaciones de la alcaldía municipal de Cotorra, un pequeño municipio ubicado al norte del departamento de Córdoba, Colombia. En ese territorio se bienen presentando graves problemas de violaciones de derchos humanos en contra de los habitantes de la vereda Las Arepas, en donde 75 familias campesinas han sido hostigadas de manera permanente por parte de terratenientes para que desalojen las tierras que ancestralmente han trabajado y que el mismo estado colombiano les otorgo mediante la modalidad de contrato de comodato por tratarse de zonas de amortiguamiento de humadales.
Las familias afectadas han sido amenazadas por desconocidos, hostigadas de forma directa por contigentes de la policía nacional e intimidadas judicialmente por cuenta de la Jueza Sejin Ruiz del municipio de San Pelayo, quien ha intentado varias veces desalojarlas de sus predios sin observar el debido proceso.
«Nuestras tierras es lo unico que poseemos para sobrevivir, las hemos trabajado por generaciones, haciendo uso de tecnicas milenarias que son plenamente respetuosas de los ciclos de los huemedales», dice Jaime Pérez, uno de los campesinos afectados.
Los campesinos les piden a las autoridades investigar y judicializar a las mafias que estan queriendolos sacar a la fuerza de sus tierras. Reiteran que sus tierras son propiedad de la nación, la que las deslindó como parte del humedal Ciénaga Grande de Lorica, mediante resolución 010 de 1982.
«Es absurdo que ahora, jueces de la república estén reconociendo propiedad privada en sitios que son bienes de uso público, tal como lo señaló la Corte Constitucional en su sentencia T194 de 1999»; afirman los manifestantes.
Denuncian los manifestantes que desde que el gobierno nacional, en cabeza del ministro de Minas y Energía, anunció la construcción de la represa URRA II, las presiones hacia las comunidades campesinas que hacen uso sustentable de las zonas de amortiguamiento de humedales en la cuenca baja del río Sinú, se han incrementado, sin que las autoridades competentes hagan algo para garantizarles sus derechos.
Para mayor información contactase con la Junta Directiva de Asprocig en asprocig@asprocig.org
