1. Por décadas los territorios indígenas han sido afectados por el conflicto armado, lo que ha ocasionado masacres, desplazamiento y desaparición forzada; situación que hoy está siendo denunciada a raíz de la tragedia del pueblo Awá, donde según información de la ONIC hay cerca de 30 indígenas asesinados y más de 300 comuneros desplazados.
2. Igual situación vive el pueblo Eperara Siapidara, de los municipios de Timbiquí y Gaupi en la costa Pacífica Caucana, donde, por acción del narcotráfico, los grupos armados y la omisión del gobierno nacional, hay más de dos mil personas desplazadas y sin atención institucional que salvaguarde sus derechos.
3. En Tierradentro, las comunidades campesinas, afros e indígenas, que esperan acciones humanitarias ante la tragedia vivida por la actividad del volcán nevado del Huila, observan como extrañamente se militariza el territorio ancestral del pueblo Nasa, mientras deben abandonar sus parcelas a voluntad propia porque el gobierno nacional demagógicamente anuncia que entregará tierras para reasentamientos y aún no ha creado las condiciones jurídicas y presupuestales para hacerlo.
4. En Corinto, Toribío, Caloto y Jambaló las comunidades son sitiadas por los enfrentamientos armados entre el ejército y la guerrilla, los cuales, además, siembran el terror a través de panfletos amenazando la vida de líderes sociales y autoridades tradicionales de los cabildos indígenas.
5. Gloria Amparo Chocue, Exgobernadora indígena del resguardo de La Laguna municipio de Caldono, quién quedó inválida al ser herida por la fuerza pública en una emboscada cuando viajaba en moto, paradójicamente fue puesta presa por el fallo de un juez que determinó su responsabilidad en un hecho de Liberación de la Madre Tierra donde ella nunca participó. El proceso fue instaurado por un ex – alcalde de quien se dice adquirió el predio con recursos de la administración municipal de Caldono, situación que se encuentra en investigación desde el periodo de su mandato 2001-2003 y en dicho proceso la justicia no ha actuado con la misma diligencia.
6. La vivienda del comunicador de la ACIN, Germán Ulcué, fue asaltada por desconocidos, quienes se llevaron su computador portátil y dejaron un mensaje amenazante contra su vida. Dicha circunstancia está rodeada de situaciones anormales como la sucedida contra la emisora Payumat, importante medio de comunicación de la zona norte, que se encuentra fuera del aire pues sus cables fueron hurtados lo que ocasionó la quema del transmisor.
Todos estos acontecimientos están rodeados de voces ofensivas que emiten los funcionarios del gobierno nacional, para quienes las FARC son la única realidad que existe en Colombia, disculpa que usa de forma permanente el presidente Uribe y sus ministros para justificar todos sus actos violatorios de los derechos humanos. Extrañamente para la subversión los sitios donde las comunidades tienen algún nivel de coherencia organizativa, son los preferidos para realizar acciones bélicas que terminan afectando a la población civil Las condiciones trágicas vividas por la mayoría de colombianos han sido denunciadas frecuentemente por quienes vivimos en las áreas rurales o selváticas, exigiendo desde los pueblos indígenas la desmilitarización inmediata de todos nuestros territorios, a lo cual, tanto el gobierno como la subversión han respondido contrariamente atizando el conflicto y señalando, desde las instituciones, a nuestras comunidades de auxiliadores de la guerrilla, mientras las farc rotulan a nuestra gente de informantes, con saldos trágicos en vidas humanas y afectaciones al tejido social, situaciones que permanecen en la más absoluta impunidad.
Hoy en el país los sectores sociales no tenemos Estado que nos proteja, las normas han sido elaboradas por congresistas de quienes se ha demostrado son parte del proyecto paramilitar, por lo cual protegen al gran capital y reducen las garantías sociales. Para nuestra gente resulta evidente que tanto el gobierno como los grupos que se le oponen y que dicen defender con sus acciones armadas al pueblo colombiano nos están masacrando.
El Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC, que acompaña solidariamente al pueblo Awá en su padecimiento, reclama una acción urgente de todos los organismos independientes o multilaterales de derechos humanos, con la cual sea posible exigir del gobierno nacional y de los actores armados detener su guerra contra la sociedad, en especial la que están realizando contra los pueblos indígenas, a los cuales están llevando a la desaparición forzada, situación identificada en el Auto No. 004 de 2009 emitido por la Corte Constitucional donde se le recuerda al Estado colombiano su obligación de prevenir las causas del desplazamiento forzado y le ordena que diseñe e implemente un programa de garantías de los derechos de los pueblos indígenas afectados por el desplazamiento.
Lo que está sucediendo al pueblo Awá, a los Kankuamo, a los Eperara Siapidara y a la mayoría de los pueblos indígenas del país, es un asunto humanitario, que ante la falta de voluntad política del Estado colombiano, debe ser asumido por la comunidad internacional de forma inmediata.
PROHÍBIMOS QUE SE CONTINÚE HACIENDO LA GUERRA EN NUESTRO NOMBRE Y NO QUEREMOS QUE NOS SIGAN MATANDO BAJO EL ARGUMENTO DE QUE LUCHAN POR NUESTRA LIBERTAD Y NUESTRA VIDA.
CONSEJERÍA MAYOR
CONSEJO REGIONAL INDÍGENA DEL CAUCA –CRIC-
Popayán, 13 de febrero de 2009
