Efraín Jaramillo Jaramillo
Colectivo de Trabajo Jenzera
Este texto surge a raíz de los asesinatos de indígenas awa ( ) en el litoral pacífico de Nariño. Según las versiones de estos indígenas, fueron miembros del Frente 29 de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, que opera en los municipios de Tumaco, Barbacoas y Roberto Payán, los autores de estos crímenes.
A la agresión física y cultural del Estado, de ganaderos, narcotraficantes, palmicultores, bananeros, empresas mineras y madereras (nacionales y transnacionales), intereses todos estos coincidentes con un proyecto político y económico excluyente, se suma una vez más un grupo guerrillero que dice luchar por cambios sociales en Colombia. Este proyecto político al cual se unen las FARC es además de excluyente, criminal, pues está amparado por actores armados que son los que establecen un dominio y control cruel sobre territorios y poblaciones a fin de proteger sus actividades económicas, tanto legales como ilegales.
Ayer las víctimas de estas agresiones habían sido las comunidades negras (recuerden Bojayá en el Chocó), antes habían sido los indígenas paeces y los campesinos (recuerden Alto Naya en el Valle y el Cauca), hoy es el pueblo awá de Nariño el que sufre esta tragedia en el Pacífico.
Que grupos de narcotraficantes, paramilitares y toda suerte de aventureros deshumanizados asesinen a indígenas, negros y campesinos para despojarlos de sus tierras y para imponer sus propias leyes e intereses económicos y políticos egoístas, causa horror. Que un grupo que se autodenomina defensor de los intereses de los sectores populares cometa este tipo de atropellos, es algo que además de horror causa indignación. Este texto es una denuncia ante la afrenta que sufren indígenas y negros por parte de los actores armados en el Pacífico y se escribe ‘en caliente’. Están por lo tanto dominadas por la melancolía, fruto de la tristeza y la indignación que producen estos hechos.
Los hechos
El 4 de febrero se registraron cruentos enfrentamientos entre el ejército nacional y guerrilleros de las FARC y el ELN en el resguardo indígena awa Tortugaña-Telembí, situado entre los municipios de Barbacoas y Samaniego (departamento de Nariño).
En el comunicado de la organización UNIPA, Unidad indígena del pueblo Awa y de la ONIC, Organización Nacional Indígena de Colombia, se menciona que indígenas awá que salieron de la zona, vieron como ese mismo día (4 de febrero), “… hombres armados con distintivos de las FARC retuvieron a 20 personas (hombres, mujeres) de la comunidad awa ‘El Bravo’ de 200 habitantes. Estas personas fueron llevadas amarradas a una quebrada llamada ‘El Hojal’, donde observaron como algunas de ellas eran asesinadas a cuchillo”. “…Estos mismos hombres regresaron al otro día por los niños que quedaron en las casas y de los cuales no sabemos que suerte han corrido”. “…Hasta ahora se conoce del asesinato de 8 de los indígenas desaparecidos desde el pasado 4 de febrero”.
“Miembros de las comunidades awa informan que esta actuación de las FARC se da en retaliación por considerar que los soldados del ejército nacional ocuparon las casas de los indígenas, y porque afirman que los indígenas les brindaron colaboración”.
Las víctimas de esta masacre se encuentran en un paraje empinado entre las comunidades de ‘Picadero’ y ‘El Bravo’, en una zona montañosa y selvática, ubicada a dos días de camino de herradura desde el casco urbano del municipio de Samaniego y un día de camino de herradura desde el corregimiento de Buenavista, en el municipio de Barbacoas. Hasta el momento en que se redactan estas notas no ha sido posible que miembros de las guardias cívicas del CRIC se desplacen a la zona para verificar los hechos, debido a que varios caminos de acceso a la zona se encuentran minados.
Cinco comunidades que hacen parte del resguardo de Tortugaña-Telembí: Alto Telembí, La Naya, Voltiadero, El Bravo y Picadero, cuya población asciende a más de 1.300 indígenas awá, se encuentran prácticamente confinada en su territorio, a discreción de las FARC. No obstante, ante el temor de que continúen los asesinatos, varias comunidades están abandonando la zona en dirección al casco urbano de Samaniego, sin que hasta el momento se sepa de la suerte que están corriendo.
El Contexto
El cultivo de la coca había llegado a la región desde hace algunos años. Pero es con la aplicación del Plan Colombia en el Putumayo, para erradicar los cultivos de coca, que estos comenzaron a desplazarse desde el Putumayo al Pacífico, moviendo también hacia allí las políticas de interdicción de cultivos ilícitos, creando nuevos escenarios de alta confrontación militar en el departamento de Nariño, sin tener en cuenta a la población indígena, afrocolombiana y campesina. La compra de tierras en territorio awa por población foránea con objetivos de cultivar la coca ha aumentado considerablemente. Estos cultivos vienen afectando negativamente a todos los pobladores campesinos y comunidades negras ribereñas y en especial a las poblaciones indígenas eperara siapidaara y awa. Quizás los Awa han recibido el mayor impacto de esta colonización y bonanza coquera, pues amplios territorios circunvecinos y dentro del territorio awa están sembrados de coca.
Las organizaciones awa vienen desde finales del año 2000 denunciando estos hechos y mostrando a la opinión pública nacional e internacional los daños causados a sus territorios por el uso de precursores químicos, abonos, procesamiento, transporte de drogas y últimamente por las fumigaciones aéreas que se vienen realizando dentro de los programas de erradicación de cultivos ilícitos del Plan Colombia. Se vienen quejando de que no solamente es la destrucción del medio ambiente el único mal que han traído los cultivos ilícitos. Lo que a largo plazo más los afecta es la violencia y la descomposición socio-cultural de muchas comunidades, tanto indígenas como campesinas. La muerte ronda por todos los caminos en forma de peleas por borracheras y atracos. Lo más preocupante es el crecimiento de la confrontación armada por el control y manejo de estos cultivos ilícitos.
Recientemente (enero 8) la Defensoría del Pueblo, a través del Sistema de Alertas Tempranas (SAT), había advertido “….sobre los factores de vulnerabilidad y amenaza de la comunidad indígena Awa…. por el accionar armado de los grupos armados ilegales de la guerrilla de las Farc y el ELN y de los grupos armados emergidos con posterioridad a la desmovilización de las autodefensas que se autodenominan Autodefensas Campesinas de Nariño (ACN) y «Los Rastrojos» que se podrían materializar en homicidios, desplazamientos forzados, desapariciones, accidentes por minas antipersonal, entre otros hechos de violencia”.
El drama que vive el pueblo awa, es que forzados a abandonar una economía propia que les proporcionaba buena alimentación, salud y tranquilidad familiar, para sustituirla por otra (ilegal), que viene arrollando su organización interna, desmantelando su autosuficiencia alimentaria, destruyendo su exuberante medio ambiente y amenazando su subsistencia a corto plazo, hoy son criminalizados como habitantes de “zonas cocaleras y rojas”. La llegada de grandes contingentes de personas foráneas interesadas en el cultivo de la coca, la pugna por el control de rentas asociadas a estos cultivos y la consecuente violencia que ello acarrea, agrava aún más la situación, estableciendo nuevos ciclos y formas de pobreza (cultural, ambiental y espiritual), nuevas amenazas y nuevas vulnerabilidades. Esta población ve día a día como pierden el control interno y como quedan a merced de actores y decisiones externas. Peor aún, ven como se esfuman sus esperanzas de llegar a vivir en paz en sus territorios.
Poco se sabe sobre la v
isión de estos indígenas que vayan más allá de algunas frases publicitarias que salen de los micrófonos, expresando que lo que estos indígenas realmente quieren “es conservar su cultura y vivir con autonomía en sus territorios”. Poco se sabe como se vienen tejiendo en estas comunidades las redes clandestinas de informantes alrededor de los actores en contienda, lo cual constituye uno de los mecanismos permanentes del terror cotidiano.
Este contexto social nuevo configura un camino que ha conducido al desarraigo y a la pérdida de identidad de muchas comunidades awa. Esta es la preocupación central de sus organizaciones que buscan fortalecer los mecanismos propios de control social que tienen en su cultura para frenar estos desafueros, pues las autoridades y sabios del pueblo awa intuyen que esta situación que está viviendo los está conduciendo a la desaparición.
A este drama de los awa se junta nuestro propio drama: nos venimos acostumbrando a recibir este tipo de noticias sin turbarnos. Y también a interpretarlas: se trataría de víctimas inevitables de la fatalidad de nuestro conflicto armado interno, que no depende de nosotros y que cada vez es más autónomo.
Una historia de negaciones
La historia de Colombia, desde sus orígenes, está plagada de negaciones. Los españoles le negaron la humanidad a los indios: ‘homúnculos’, como fueron llamados, no tenían derechos ni capacidad de gobierno. Posteriormente a miles de africanos les fueron negadas sus vidas y libertades por medio de la esclavitud.
La independencia de España no significó que las nuevas repúblicas latinoamericanas asumieran su pasado negro o indio. Por el contrario las nuevas élites con actitudes no exentas de servilismo, negaron su origen criollo, pues vieron a indios y a negros como rezagos de un pasado que había que superar, pues eran un obstáculo para el progreso y la civilización de las Américas.
Las corrientes liberales les negaron a los indios y a los negros los rasgos étnicos distintivos de sus reivindicaciones. Esta negación se llevaba a cabo en nombre de “la libertad y la Igualdad de todos los hombres”.
Una iglesia al servicio de la corona, duró más de un siglo debatiendo si los indígenas gozaban de la Gracia divina y podían ser considerados pueblos de Dios. Esta iglesia, a pesar de todos sus cambios, no ha terminado de revisar totalmente su visión hacia las creencias indígenas y todavía existen muchos curas en Colombia que las consideran meras supersticiones de culturas sumidas en la oscuridad.
Un sistema económico y social que privilegia intereses egoístas de reducidos grupos de poder, no escatima esfuerzos para oponerse a cambios estructurales en la economía y sociedad colombianas. Sectores punitivos de estos grupos de poder, por medio de comandos paramilitares han adelantado en el territorio nacional masacres contra la población indígena y negra.
Para algunas corrientes criollas del marxismo, la cuestión étnica ha sido una «contradicción secundaria», que podría también leerse como los «problemas de seres de segunda clase». Los grupos armados fraguados en este pensamiento niegan la validez de aquellos pueblos, que como los indígenas que reclaman autonomías, exaltan órdenes comunitarios y decisiones colectivas. Son gente de poca monta, un estorbo para la unidad del pueblo. Hoy le niegan la vida al pueblo awa.
Las FARC
“A los soldados, a los marineros, incluso a los cuatreros y forajidos, les concedía el doctor Johnson ‘the dignity of danger’, la dignidad del peligro”. Según Héctor Abad, esta “quizá sea la única dignidad que todavía conservan en Colombia los guerrilleros de las FARC: la de poner cada día en riesgo su vida”.
Después de casi medio siglo de lucha armada de estas milicias de campesinos, otrora perseguidos y ultrajados por la violencia de los años 50, terminaron corrompiendo sus ideales de una sociedad igualitaria hasta el punto de quedar atrapados por los recursos que obtienen del cultivo y comercialización de drogas ilícitas, que son los que los mantienen en la guerra y con vida, sin necesidad de una base social, de la cual dependan y a la cual tengan que rendirle cuentas. Sin amigos, salvo algunos ‘hinchas’ en el exterior, pero ante todo sin futuro político, pues su impopularidad es inmensa, sus métodos de lucha se han venido de tal forma degradando, que han terminado tomándose a sangre y fuego pequeños pueblos desguarnecidos, asesinando a campesinos, indígenas y negros y reclutando “a la brava” a menores de edad para trabajos viles, típicos de una guerra pervertida.
Hoy día constatamos con desánimo que el medio siglo de lucha de las FARC y otros grupos guerrilleros no han representado las luchas de los campesinos y los indígenas por la tierra. Más que cambiar la estructura de tenencia de la tierra en Colombia, sus métodos para despojar la riqueza ajena, generó como respuesta la conformación de bandas paramilitares. Peor aún, condujo a que una clase retardataria y terrateniente, “partidaria y acostumbrada también a combinar todas las formas de lucha” (Alejandro Reyes), se aliara con ellos (los paramilitares) y con los carteles del narcotráfico para dirigir una guerra sucia (de la cual no salimos aún) que costó la vida a la dirigencia de las organizaciones sociales, arrasó con partidos políticos de izquierda, como la Unión Patriótica y disolvió el poco Estado de derecho que aún nos quedaba.
Para terminar
Franz Fanon, el ideólogo de las luchas independistas de Argelia decía que, «puesto que estamos construyendo una nueva Argelia democrática,…, condenamos con amargura a aquellos hermanos que acceden a la acción revolucionaria con una brutalidad casi psicótica, engendrada y afianzada por la larga represión francesa». No sabemos que pensará Alfonso Cano, el antropólogo, al cual le hicimos llegar por allá en los años 80, cuando participaba de las luchas del CRIC, este texto (‘Los condenados de la tierra’) y otros sobre las luchas indígenas en Colombia. Quizás nunca los recibió, nunca tuvo el tiempo para leerlos o quizá no les dio importancia.
Lástima, pues siendo el consentido de “Tiro fijo” hubiera tenido buenas posibilidades de cambiar el curso de los acontecimientos, ahorrándole tantos años de sufrimiento al pueblo colombiano, ahorrándonos a muchos colombianos este malestar que de tal manera nos embarga, que me lleva a decir, parodiando a Joseph Konrad, que me avergüenza compartir una nacionalidad con unos asesinos de ‘horca y cuchillo’. Y que me producen nauseas imaginar que siguen pisando territorios de amigos indígenas y negros, que yo a diario recorro en mi trabajo y en mi mente.
Epílogo
Terminando de redactar estas notas, llegan nuevas noticias de la zona awa: algunas comunidades que se encontraban desplazándose hacia el municipio de Samaniego han sido interceptadas por un grupo armado hasta ahora no definido. El gobernador del Resguardo ‘El Sande’, confirmó a la ONIC, que diez indígenas awá de su resguardo habrían sido también asesinados, cuando intentaban abandonar la zona. Este hecho sucedió mientras los indígenas descansaban entre los límites de los municipios de Ricaurte y Guachavéz. Según el gobernador se trata de miembros de la comunidad ‘tangarial’, quienes con otros awa fueron sorprendidos por el grupo armado. Según el gobernador de Nariño, Antonio Navarro Wolf, el número de indígenas awa asesinados ascendería a 27.
De la Minga indígena:
“Nuestro corazón llora con profunda tristeza. No nos cabe tanto dolor e ira en el alma. A esas familias, a ese pueblo hermano, nuestro abrazo solidario. Nuestra solidaridad saldrá a caminar pronto. La Minga Social y Comunitaria ha sido desafiada. No haremos silencio! …. Detengamos a los asesinos y que se haga justicia… quienes defendemos la vida nos convoquemos.”
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